INFORME - inextenso

OTPOR!! NO a Chávez!!

2007-12-04T09:20:00.000-06:00

por Horacio Barrancos Bellot

NO a Chávez!! Esa fue la respuesta que el pueblo venezolano dio este domingo en su referéndum constitucional. Hasta el viernes pasado, la problemática estuvo correctamente contextualizada, como una consulta sobre nuevas reformas políticas constitucionales de ese país. Sin embargo, fue el mismo Chávez quien personalizó la consulta popular al decir que un NO en el referéndum era un no a Chávez y un SÍ era un sí a Bush.

Bueno pues, ya sabemos lo que piensa la mayoría venezolana; pero lo más importante es que Chávez se entere lo que piensa su país. Chávez no contó con hubiera una esistencia democrática tan fuerte. Esa resistencia llevó a la mayoría de los venezolanos a rechazar un proyecto político personalista y hegemónico; en su lugar eligieron preservar el sentido nacional y colectivo del país. Luego del referéndum, es innegable la popularidad de Chávez, es innegable que su proyecto político ha calado hondo y bien en importantes segmentos de la población, pero es aún más innegable la convicción venezolana de que el país y los intereses colectivos deben estar por encima de los caudillismos perpetuos y de la concentración del poder.

No obstante las desafiantes declaraciones del Presidente Chávez, quien con sorna reconoció su derrota citando sus propias palabras cuando otrora fracasó su intentona golpista, cave recordar que ésta derrota no fue un hecho aislado; por el contrario, fue la evidencia de que emerge una oposición ciudadana como alternativa a la debilitada y fragmentada oposición política. Como muchas veces en diferentes oportunidades y lugares del mundo, fue la juventud universitaria la que ha encendido –esta vez en Venezuela- una mecha revolucionaria. La lucha universitaria siempre ha representado la lucha contra la tiranía, contra la opresión, contra la dictadura y contra el establishment. En la historia reciente de América Latina tenemos una larga data de líderes universitarios que han sido protagonistas -en las décadas de los 70 y 80- de las luchas por recuperar la democracia. El caso reciente de Venezuela, y que hoy nos ocupa, es muy interesante porque no se trata de una lucha por recuperar la democracia, sino de la calidad de esa democracia. La lucha ha sido protagonizada por un grupo de universitarios quienes han liderado -fuera de la Universidad- la formación de una conciencia popular para darle una respuesta pacifista y democrática al momento político que vive ese país. Ha sido ese grupo de universitarios quienes han demostrado, ser capaces de ocupar el espacio vacío que dejó la casi exigua oposición venezolana, llevando un mensaje claro y directo a su gobierno: ¡resistencia!

Sin pretender forzar paralelismos difíciles de sustentar, este fenómeno sí que tiene un antecedente muy importante, se llama OTPOR. OTPOR, "resistencia" en Serbio, fue un movimiento estudiantil en la ex Yugoslavia que a principios de este siglo cambió la historia en su país y logró derrocar al gobierno de Slobodan Milosevic. Cuando la oposición tradicional, entre una docena de partidos, había perdido espacios y credibilidad, en los círculos estudiantiles se fundó en 1998 el movimiento activista OTPOR. Su símbolo, el puño cerrado en negro; sus ideales, traducciones serbias de los textos de Gene Sharp sobre la no violencia como la base teórica para sus campañas.

OTPOR se convirtió en uno de los símbolos de la lucha contra Milósevic y su expulsión del poder. Dirigiendo sus actividades hacia los jóvenes indecisos y otros votantes desilusionados, OTPOR consiguió cambiar el voto del electorado tradicional y contribuyó al cambio político en las elecciones presidenciales del 24 de Septiembre de 2000.

OTPOR fue un movimiento pacifista estudiantil que logró desestabilizar el gobierno de Milosevic al crear la conciencia colectiva de “resistencia” a la innumerable cantidad de atropellos y errores que cometió ese gobierno. Milosevic había sumido al país en una profunda depresión económica y llevó a una cruenta y suicida guerra en la que intervinieron los ejércitos de la OTAN. La maquinaria propagandística del gobierno pretendió descalificar al movimiento OTPOR al sindicarlos de instrumentos financiados por occidente, lo que dio por resultado una mayor notoriedad y el reconocimiento nacional e internacional de OTPOR como los interlocutores válidos desde la oposición.

Sindicados también de peligrosos y terroristas por Milosevic, OTPOR respondió con acciones satíricas como el describir a un joven de la resistencia de la siguiente forma: "… estamos reportando desde el frente de la policía de la ciudad de Nis. Tenemos aquí a un ejemplo de terrorista en la frontera de Serbia y Montenegro" - y presenta a un joven estudiante. "El terrorista mide aproximadamente 1.80 metros, lleva puesta una camisa de manga corta de la organización terrorista OTPOR. Lleva lentes, lo que significa que lee mucho. Es peligroso leer mucho en este país, así que ojo…". Todas las represiones y encarcelamientos durante el verano de 2000 únicamente cimentaron la decisión de votar contra el régimen en las mentes de muchos de los votantes.

Diez meses antes de lo previsto, el 27 de julio, Milosevic llamó a elecciones en un intento de legitimarse frente al país. La campaña de resistencia se hizo unida, pero dispersa a la vez entre OTPOR, el G-17, la DOS, Kostunica y otras organizaciones no gubernamentales, sin la presencia de un líder único a quien atacar.

Las elecciones se celebraron el 24 de septiembre con 10 mil mesas electorales y 30 mil personas en trabajo de monitoreo. La oposición sabía de antemano que Milosevic no aceptaría los resultados, pero sabían también el paso que tenían que dar. Anunciar la victoria y comenzar la fiesta, aunque con la interrogante de cuándo y si el vencedor podría asumir su cargo.

La Comisión Electoral de Milosevic, inventó post factum un procedimiento inexistente en la legislación: llamó a una segunda vuelta porque ningún candidato obtuvo más del 50 % de los votos; pero DOS y Kostunica convocaron una huelga general a través de la lucha cívica no violenta que practicaba OTPOR. La policía trató de mantener el orden pero cada día la huelga se extendió más. Milosevic, habiendo perdido las elecciones, debía renunciar o utilizar la violencia. Pero los jóvenes de la resistencia universitaria evitaron todo uso de violencia con argumentos como "No hay guerra entre la policía y nosotros, nosotros juntos somos las víctimas del sistema, no hay razón de tener guerra entre víctimas y víctimas. Unas víctimas están en uniforme azul y otros en jean azul".

El 5 de octubre, 10 días después de las elecciones Belgrado salió a las calles gritando ¡Serbia se ha levantado! y añadían "Gotov je!" (“está acabado”, en serbio), mientras las tropas se abrían paso saludando al pueblo.

Aquello fue una gran lección de una coalición amplia con base popular no violenta, que puso fin sin hechos de sangre al régimen de Milosevic. El gobernante derrotado, fue extraditado a La Haya el 29 de junio del 2001 para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Nunca fue condenado porque murió antes que terminara el juicio.

Aquella lección de activismo ciudadano prodemocrático que la juventud estudiantil de Serbia ha legado al mundo, ha servido de modelo para movimientos similares incluyendo:

- Kmara en la República de Georgia, parcialmente responsable de la caída de Eduard Shevardnadze;

- Pora en Ucrania, parte de la Revolución Naranja;

- Zubr en Bielorrusia, oponiéndose al presidente Alexander Lukashenko;

- MJAFT! en Albania;

- Oborona en Rusia, oponiéndose al presidente Vladimir Putin;

- KelKel en Kirguizistán, activa en la revolución que echó al presidente Askar Akayev;

- Bolga en Uzbekistán, oponiéndose a Islam Karimov;

- Pulse of Freedom en el Líbano;

- Súmate, ausente actualmente y Resistencia Estudiantil Venezolana en Venezuela, oponiéndose a Hugo Chávez

- Gong en Croacia.

Lo que ha ocurrido en Venezuela este pasado domingo es mucho más que un paralelismo, es una estrategia de resistencia bien aprendida y bien aplicada.

Estrategias Bolivarianas y respuestas regionales.

2007-11-28T21:19:00.000-06:00

Por Vanni Pettinà

Las tensiones en la región andina han alcanzado en las pasadas semanas un nivel realmente alarmante. Hasta el momento, habían sido los procesos de reforma constitucional que se están dando en Bolivia, Venezuela y Ecuador los que habían suscitado alguna preocupación. Dichos proyectos de reformas, completamente legítimos desde un punto de vista legal, han levantado ciertas críticas, en parte por las formas con que se han llevado a cabo: en Bolivia, por ejemplo, la reforma constitucional se ha aprobado con una mayoría simple del 51%, un consenso evidentemente insuficiente para una transformación tan radical de los cimientos de la democracia boliviana. En Venezuela, ha sido sobre todo el contenido de la reforma lo que ha creado alarma, considerado el hecho de que más allá de proclamar el ambiguo socialismo del siglo XXI, la nueva Constitución eliminaría el límite de la reelección presidencial, otorgaría amplios poderes a la figura institucional de la presidencia y debilitaría el sistema de checks and balanances del estado.

Sin embargo, mientras que hasta el momento los problemas de la región habían sido confinados en el interior de los países, concentrados en unos procesos de reforma interna caracterizados por algunos elementos problemáticos, en las últimas semanas se ha ido perfilando la sombra de una grave crisis diplomática entre distintas repúblicas que cohabitan la región. El centro del problema ha sido el conflicto, largamente previsible, entre Venezuela y Colombia, estallado durante la última semana del mes octubre. Supuestamente, la causa última que ha desencadenado la actual crisis diplomática entre los dos países andinos habría sido la llamada efectuada por el Presidente venezolano Hugo Chávez a un alto cargo militar colombiano, el General Montoya, un oficial todavía en efectivo de las fuerzas armadas colombianas. La llamada habría sido efectuada en el marco de las negociaciones entabladas por el Presidente “bolivariano” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para solucionar la dramática cuestión de los rehenes que permanecen secuestrados desde hace largo tiempo por la guerrilla, supuestamente, revolucionaria. Hasta hace pocas semanas, dichas tratativas habían sido cautelosamente apoyadas por el Presidente de Colombia Álvaro Uribe, sin duda alguna una actitud curiosa por parte de un gobierno que no había mantenido, a lo largo de su último mandato, unas relaciones particularmente cordiales con el “chavismo”. Si la llamada ha sido la gota que ha colmado la medida, es cierto que durante las negociaciones habían emergido en más de una ocasión señales de preocupación por parte de Colombia, acerca de la manera atrevida y demasiado mediatizada con la cual el presidente venezolano estaba llevando a cabo la gestión de la tratativa con las FARC.

Bogotá, que en un primer momento había aceptado la mediación ofrecida por el omnipresente Hugo Chávez, había progresivamente visto crecer las probabilidades que los negociados llevados a cabo por el Presidente bolivariano se transformaran en un intento de legitimación de la guerrilla colombiana. En fin, durante los meses de gestiones “chavistas” habían emergido señales importantes de que el resultado diplomático de las negociaciones no iba a ser la adopción de una estrategia humanitaria por parte de las FARC hacia el problema de los secuestrados, sino el de una legitimación política de la guerrilla. Y el problema no es tanto el de considerar más o menos acertada la elección de una estrategia de resolución del conflicto colombiano que pase por un reconocimiento de las FARC cómo interlocutor, sobre la cual se podría probablemente debatir. El problema es que dicha elección iba a ser adoptada no por el gobierno de Álvaro Uribe, legítimamente electo por los Colombianos y deputado por los mismos a la resolución de los problema de su país, sino por el Presidente de Venezuela Hugo Chávez. La reacción de Uribe ante la llamada de Chávez al general Montoya no se ha hecho esperar. Durante un acto público, el Presidente colombiano ha alertado a Chávez para que parara de poner en práctica su estrategia diplomática de ingerencia, cuyo fin era, más que dar una contribución a la resolución del conflicto colombiano, el de expandir su influencia en la región. De allí la respuesta del líder venezolano que, en repetidas maratones televisivas y después de haber acusado Uribe de ser un mentiroso y un títere de Bush, ha declarado congelada las relaciones con Colombia.

Ahora, habría elementos suficientes, sobre todo si alguien tuviera la posibilidad de mirar las surreales y repetidas apariciones televisivas de Chávez en las últimas semanas, para pensar que algo poco salubre esté pasando en la mente del Presidente venezolano. Sin embargo, sería un error minusvalorar la actitud tomada por Chávez a lo largo de los últimos meses. Es realmente probable que detrás de un activismo aparentemente torpe haya una bien calculada estrategia política por parte de Chávez. Porque es evidente que la personalidad del presidente “bolivariano” tiende hacia la exageración y que hemos tenido diferentes manifestaciones de dicha característica del “chavismo”. De hecho, durante la última Cumbre ibero-americana, Chávez ha públicamente ofrecido su ayuda para solucionar el problema del transporte público en Santiago de Chile. Un gesto realmente poco educado, considerando que la anfitriona de la cumbre, la Presidenta Michel Bachelet había sido la primera promotora de la reforma del transporte en la capital chilena, causa directa de las disfunciones registradas en los últimos meses. En fin, con su propuesta Chávez estaba evidentemente remarcando las responsabilidades de Bachelet en la mala gestión de la reforma. Así pues, la Presidente Bachelet ha tenido que rechazar las ofrendas de Chávez públicamente, declarando que Chile es autosuficiente para solucionar sus problemas políticos.

Sin embargo, si a estos dos episodios, el del conflicto con Colombia y “la metedura de pata” con Chile, añadimos el conflicto estallado entre Madrid y Caracas a raíz del enfrentamiento verbal entre el Rey de España Juan Carlos de Borbón y el mismo Hugo Chávez durante la última Cumbre Ibero-Americana, empezamos a tener demasiadas coincidencias para no empezar a sospechar que detrás del “activismo” de Chávez no se esconda en realidad una precisa estrategia política. Porque es probablemente cierto que la frase pronunciada por el Rey Juan Carlos de España no haya sido de las más afortunadas, vista la sede y, sobre todo, las provocaciones del interlocutor. Y, sin embargo, su pronunciación venía después de una actitud maleducada y prepotente por parte del mandatario venezolano que, después de haber acusado al ex-Presidente José Maria Aznar de ser un fascista y provocado la reacción del actual Presidente de España Rodríguez Zapatero, ciertamente no un amigo del ex-líder del Partido Popular español, había comenzado a interrumpir la réplica de Zapatero. Finalmente, el mismo Chávez no se esperaba una reacción tan exasperada por parte del Rey de España, pero la búsqueda de una provocación cuyo objetivo era evidentemente el del golpe de efecto emerge con una cierta evidencia desde la secuencia de los acontecimientos.

Hasta aquí los hechos. Son probablemente dos las interpretaciones que podemos dar para entender la actitud tomada por Chávez a lo largo de estas últimas semanas. Por un lado, el activismo en política exterior de Caracas de debe casi seguramente a los problemas que el proceso de reforma constitucional, de los cuales hemos hablado anteriormente, han inesperadamente encontrado en Venezuela. De hecho, la oposición hacia la reforma se ha extendido desde la oposición tradicional a Chávez, cuya actitud golpista, a la cual se ha añadido la decisión suicida de boicotear las últimas elecciones de 2005, han ciertamente favorecido el proyecto “chavista”, se ha extendido hacia nuevos sectores de la sociedad civil del país. En un primer momento, habían sido los estudiantes a tomar las calles para protestar en contra de una reforma poco clara y que, sin embargo, amplía de una manera clara las prerrogativas presidenciales. Hace pocos días, la protesta se ha extendido hasta sectores y partidos que, hasta el momento, habían sostenido a Chávez. De hecho, el Partido social-demócrata Podemos ha declarado que votará no al referéndum y el ex ministro de Defensa venezolano, que además tuvo un papel determinante en derrotar el golpe en contra de Chávez de 2002, ha hecho un llamamiento para que los venezolanos rechacen en el referéndum la reforma.

Finalmente, hay una relación directa entre las dificultades que el proceso de reforma constitucional está encontrando en Venezuela y las crisis que la diplomacia venezolana está buscando de una manera bastante sistemática en los últimos meses. El objetivo, evidentemente, es el de crear un efecto de asedio hacia el país para aumentar la cohesión de los venezolano hacia la leadership fuertemente carismática de Chávez. En EE.UU., dicho fenómeno tiene su nombre: round-around-de-flag, agarrate a la bandera cuando la situación interna se hace difícil.

Y sin embargo, si esta interpretación ayuda a interpretar las recientes crisis diplomáticas mantenidas por Venezuela con Bogotá y Madrid, parece haber algo más detrás de la estrategia venezolana. De hecho, España y Colombia tienen en común una característica que no tendría que pasar a segundo plano. Los dos países son aliados tradicionales de Washington y han sido empleados hasta el momento para moderar las políticas de Chávez en la región andina, en un momento en el cual la potencia norte-americana no se puede permitir abrir otro frente de conflicto en América Latina a causa de su involucramiento en la guerra civil de Irak, en la guerra en Afganistán y en Oriente Medio en general.

Es bastante conocido en ambientes diplomáticos el hecho de que Washington ha moderado su posición frente al retiro español de Irak, acontecido en coincidencia con la victoria del Partido Socialista, justo por el papel determinante que Madrid habría podido jugar en el proceso de moderación de las políticas “chavistas”. Hasta la crisis estallada en la última cumbre, el “coqueteo” de Zapatero con Chávez había sido evidente, desembocando en unos jugosos acuerdos de ventas de armas y de buques militares españoles a Caracas, que tanta parte había jugado en solucionar el problema de la crisis de los astilleros vascos prometida por el Presidente español durante su última campaña electoral. Es difícil pensar que la libertad con que Madrid ha tratado con Caracas haya podido darse sin alguna forma de acuerdo tácito con Washington cuyo objetivo era, evidentemente, el de normalizar las relaciones con Venezuela retrasando una posible “huída hacia delante” del “chavismo”.

Lo mismo ha acontecido con Colombia, sino no se explicaría el repentino mejoramiento de las relaciones entres los dos países, hasta la ruptura de la crisis actual. Uribe es ampliamente reconocido cómo el principal aliado de Washington en América Latina, razón que sería suficiente para crear problemas con Caracas, considerada la actitud anti-estadounidense del gobierno de Chávez. Sin embargo, en los últimos dos años la posición de Uribe hacia Chávez se ha ido moderando, hasta llegar a la aceptación de la mediación con las FARC. Es evidente que desde Washington ha llegado un apelo hacia la moderación, un intento de retrasar cuanto posible el estallar de una crisis en la región andina en un momento muy delicado para Estados Unidos.

De esta manera, la ruptura de Chávez con España y Colombia podría ser, otra vez, una consecuencia de la poca delicadeza del líder venezolano en la gestión de su política exterior, pero es más probable que sea también un claro aviso hacia Washington. Una advertencia para que EE.UU. se mantenga lejos del proceso de reforma constitucional venezolano, una ruptura que finalmente pone en marcha el último estadio de la revolución bolivariana, lo de la transformación socialista del estado venezolano que Washington percibe con grande preocupación por las consecuencias económicas y políticas que traerá consigo.

Ahora, es difícil que la actual administración norteamericana tan deslegitimada por la Guerra en Irak y por sus escándalos de corrupción interna pueda jugar un papel positivo en la moderación del “chavismo”. La esperanza es que las elecciones norteamericanas no lleguen demasiado tarde y que el nuevo presidente, posiblemente la demócrata Hilary Clinton o el republicano Rudy Giuliani, puedan recuperar un cierto tipo de peso político disuasorio en la región. Se trata de todas formas de un proceso muy lento, en parte a causa de los errores cometidos por la precedente administración en la región, a los cuales se añade la triste herencia de la Guerra Fría: el ya endémico anti-americanismo/anti-imperialismo de muchos países de la región. En este sentido, lo que está aconteciendo en la región llamaría, finalmente, a una toma de posición más decidida por parte de los otros regimenes democráticos del “Cono Sur”. Hasta ahora, y como es tradición, Chile, Argentina y Brasil se han movilizado para moderar el “chavismo” sólo cuando las actitudes del presidente bolivariano se han traducido en una clara ingerencia en sus asuntos internos. Sin embargo, sería una prueba de madurez para el leadership político de la región que la posición hacia el “chavismo” fuese tomada no solamente de forma aislada y sólo cuando se tocan las cuerdas de la soberanía de cada país tomado por separado. Finalmente, tendría que ser una posición colectiva, tomada a partir de un interés común en la estabilidad de la región y en el fortalecimiento de los procesos de integración económica y política, a los cuales el expansionismo bolivariano pagado en petro/dólares tanto daño está haciendo. Si esto no pasara, que nadie se queje si Washington tomara por fin sus medidas en relación al asunto. La experiencia de la Unión Europea, aunque en el medio de muchas contradicciones, demuestra claramente que la mejor manera para fortalecer la soberanía regional no es la de despreocuparse de los problemas cuando estos no nos atañen directamente, sino de darle una respuesta colectiva antes de que alguien, con más poder, lo haga para nosotros.

Reflexiones e interrogantes sobre el juego de la Política Internacional

2007-10-22T00:06:00.000-05:00

por Ignacio Tomás Liendo

La Política es la forma en la que las sociedades, a partir de sus liderazgos, consensuados o no, legítimos o no, estructuran sus relaciones en orden a un supuesto interés general; en el contexto definitorio de una serie de restricciones o incentivos identitarios o culturales (entre tantos otros).

Lo que denominamos “modernidad euro - céntrica” (y luego sus apéndices y luego “otras - céntricas”), no sólo moldeó y en gran medida aún moldea en función de sus intereses cierta “sociedad internacional” desde por lo menos quinientos años a esta parte, si no que proveyó una herramienta institucional determinante a partir de la cuál, otras sociedades, nuevas o viejas, tradicionales o de aluvión, se dieron para sí la posibilidad de gestionar sus intereses. Nos referimos al Estado – Nación.

Es así como se consolida en el tiempo y hacia nuestro presente, un proceso civilizatorio que tiene a ese Estado, como institución, y a ciertos Estados con nombre, apellido, y código postal, como actores principales de la trama de lo “internacional”.

Obsérvese cómo este último término denota los rasgos identitarios de “lo nacional” proyectado a ese mega escenario de “lo internacional”, a través de los canales burocrático – institucionales del Estado. La Nación se da entonces el Estado con el que movilizar sus intereses, o los Estados construyen Naciones a partir de las cuáles movilizar intereses preexistentes o potenciales. Pero es siempre el Estado el “caballito de batalla” (o de Troya) de lo relacional, ahora sí, a escala planetaria, o más a tono con ciertas unicidades, a escala “global”.

Concretamente, y en estos sentidos, la Política Exterior es el conjunto de los lineamientos de los estados hacia el sistema internacional. Es la forma en que estos se insertan en el mundo, se proyectan al escenario internacional, aparentemente, en función de sus intereses.

Y siendo esto la Política Exterior, la Política Internacional es el conjunto de las políticas exteriores de los estados, es la interacción dinámica entre las potencialidades de las unidades del sistema que detentan capacidades y poderes relativos, en función de objetivos y estrategias, siendo la forma en que se relacionan con el futuro y la forma en que se estructuran las “dialécticas de voluntades” en ese espacio de interdependencia compleja de lo internacional.

Ahora bien, ese Estado, y esos Estados, no sólo se ven tironeados y desdibujados desde arriba por lo que denominamos “procesos de integración regional” y “organismos multilaterales de alcance global” (fundamentalmente la Organización Mundial del Comercio); si no desde abajo por lo que denominamos “regionalismo” o “glocalización”; y también desde los costados, ya sea por procesos aparentemente positivos como los intercambios por cooperación o las migraciones, todo facilitado por las herramientas comunicacionales de una supuesta “posmodernidad”; si no también y por el otro costado, por los fenómenos “trans”, como bien puede ser el narcotráfico, el terrorismo, y todo aquello que pudiera encajar en el “crimen organizado” (alta manifestación de la política, si nos atenemos a algún sentido de lo inicial); y por supuesto, desde los fenómenos corporativos empresariales; todo lo cuál nos da una medida de ese gran cambalache de nuestro presente, que no parece dejar de proyectarse hacia el futuro.

Pero pensándolo bien: ¿nos pone esto en condiciones de referirnos al fin del Estado, como tranquilamente alguna vez nos refiriéramos a cierto “fin de la historia” o cierto “choque de civilizaciones”, que des – incluían por supuesto al Estado?.

De ninguna manera, porque más allá de lo expuesto y más acá de los fines declamados por ciertos oráculos, el Estado resurge con entusiasmo, justamente desde lo identitario ante esa “globalización” y “transnacionalización”.

Y he aquí el meollo de lo que queremos plantear, partiendo del supuesto evidente de que no todos los estados son iguales y más allá de las calificaciones de potencias y hegemonías: ¿qué tipos de estados existen?. Veamos ejemplos ya pensados, por caso, por Pérez Llana, entre otros.

Procesos de hibridación entre federación y confederación: Europa.
Estados verdaderamente soberanos: Estados Unidos.
Estados “postulantes” a verdaderamente soberanos: China e India.
Estados “postulantes” reciclados: Rusia.
Estados en el dilema de la autonomía y la integración: Argentina, Brasil, México y Turquía.
Estados insulares con vocación de jugadores e intercambiadores globales: Japón, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda, Australia y Chile.
Estados fallidos o zonas grises: el África Subsahariana, el Cáucaso, Haití.

Ahora bien, si aún hay juego y jugadores, y si estos son los jugadores, y si todos nos damos más o menos una idea de cómo juegan: ¿a qué juegan?.

Juegan a la supremacía y a la concentración afrodisíaca del poder, juegan a las “seguridades” (fundamentalmente energéticas) y juegan al mesianismo de los falsos profetas. Y juegan a muerte, porque juegan a los dioses.

¿Pero efectivamente todos pueden jugar o estructurar este juego?.

Y más aún: ¿cuál es lugar de América Latina en este juego?.

¿Y a dónde juegan?. Cómo ya dijimos, evidentemente en ese “gran tablero mundial”, sobre todo en esa falla de fractura geopolítica que va desde el Norte de África hacia el Extremo Oriente.

Y más aún: ¿esto excluye a América Latina?. Y si no: ¿cómo se ubica entonces en la Agenda de este juego?.

En suma: ¿esto excluye a otras geografías?. De ninguna manera, son cuestiones de tiempos y momentos y velocidades.

Y los “directores técnicos” de estos equipos: ¿verdaderamente juegan el juego por ese mítico interés general de sus sociedades?. Más allá de los casos y los grises matices de la política, no necesariamente.

Y entonces: ¿cómo quedan desde este lugar ubicadas las sociedades latinoamericanas?.

Más aún: ¿son los directores técnicos los verdaderos directores técnicos o nos encontramos también aquí (y sobre todo aquí) con “las gerenciadoras”?.

¿No sería conveniente saber para nuestro auténtico desarrollo, al menos saber, quién es quién en este gran juego?.

Y peor aún. Nuestros directores técnicos de turno: ¿saben quiénes son quiénes?. ¿Saben cómo jugar?.

Bien nos convendría ahora sí a todos, que alguien advirtiera a estos hombres, nuestros dirigentes, que es peligroso jugar con fuego y que hay que tener mucho cuidado a quien abrimos la puerta para ir a jugar.

Las Batallas por Dios

2007-10-16T19:20:00.000-05:00

por Ignacio Liendo

Paradójicamente, la sociedad internacional que ha venido constituyéndose al tiempo que se secularizaba e “iluminaba”, continúa estructurándose sobre “cruzadas”, “reformas y contrarreformas”, “guerras de treinta y cien años”, supuestos “choques de civilizaciones”; en suma, “guerras de religión”, conflictos bélicos, contiendas, guerras teñidas por diferentes cosmovisiones y creencias, siempre tamizadas por aquello que nos “re–liga” con algo trascendente (aquí, ahora, después, más allá).

¿Y dónde reside el nudo gordiano de esta paradoja?

Reside en la constatación de que la política es la continuación de la religión por otros medios, o en que la religión es la continuación de la política por otros medios, o en que la política es la religión.

¿Cómo podemos despejar esta ecuación?

Primero, con un preámbulo. A saber:

La sociedad internacional contemporánea responde para su construcción a un tiempo, la Modernidad; y a unos actores políticos con idearios y objetivos concretos, los Estados europeos y sus apéndices extra-regionales; conglomerado mayormente conocido como la “civilización occidental”, quien más allá de otros jugadores en pugna, es quien establece y sostiene esta modernidad globalizante y homogeneizadora a escala planetaria.

Esta aplanadora civilizatoria, independientemente de su vocación hegemónica, no necesariamente formará un mundo plano; y ella misma, convertida en monolito, generará intersticios hacia adentro y choques hacia fuera, encontrándose con el desafío de los “fundamentalismos”, representados por actores socio-culturales con claros objetivos políticos y religiosos, y que ante esta dinámica, que no es vivida como libertaria si no como opresiva, se le opondrán desde los “fundamentos” de las tres grandes religiones monoteístas.

Segundo, a partir de una caracterización de atrás hacia adelante en los términos de la ecuación. A saber:

La política es la religión para occidente, en tanto y en cuanto en la Modernidad, la religión entendida como camino espiritual pasa al fuero íntimo (más allá de que los cultos sean públicos). Esto es, lo espiritual no estructura ya ni la vida ni la política, en la medida en que estas pasan a articularse según las leyes naturales y la “diosa razón”.

Esta posibilidad implica un “materialismo histórico” en la medida en que no existe lo trascendente en “el más allá” monoteísta (o en el paraíso perdido o la edad dorada de la mitología, incluida también en los monoteísmos), si no en el más acá del mundo material, dónde aparentemente y por sus propias leyes, pueden darse todas las realizaciones humanas, individuales y sociales.

Y la clave de ese más acá será el futuro, “de orden y progreso”, de “civilización y no de barbarie”, tanto si ese materialismo histórico es “lineal” como en este caso; como si ese materialismo histórico es “dialéctico”, dónde al final de la mitología marxista (no necesariamente en el socialismo realmente existente), encontramos una sociedad sin clases, en donde la religión no es necesaria, no sólo porque es “el opio de los pueblos”, si no sobre todo, y al igual que en occidente, porque la política es la religión.

La religión es la continuación de la política por otros medios para todos aquellos que parten de un esquema laico como el anterior, pero que terminan utilizando argumentos religiosos clásicos en función de sus objetivos políticos (independientemente de si se los creen o no).

Y todos citan aquí como ejemplo a Saddam Hussein o a Yasser Arafat, líderes laicos, nacionalistas, socializantes y pan-arabistas, que en determinados momentos terminaron apelando en sus discursos a la vertiente islámica como aglutinante para sus causas.

Es oportuno citar también a los sectores laicos del sionismo que apelan al mito de la tierra prometida en función del objetivo político de la construcción del Estado de Israel.

La política es la continuación de la religión por otros medios para todos aquellos que no han pasado por el embudo de la Revolución Francesa, esto es, para todos aquellos que no creen que haya una separación entre la Iglesia y el Estado; más aún, para aquellos que creen que la Iglesia “es” el Estado, y que los libros sagrados son la “Constitución” (por reducirlo a términos liberales).

Y aquí todos coinciden en citar a la Revolución Islámica en Irán, y a los islamistas radicales de organizaciones políticas que recurren al terrorismo como Hamas y Hesbolláh, u organizaciones terroristas transnacionales como Al-Qaeda.

Es aquí entonces, en este “choque de cosmovisiones”, donde deben encontrarse las llaves explicativas para analizar los conflictos políticos que estructuran la sociedad internacional contemporánea, sobre todo cuando se trata de guerras teñidas por diferentes creencias “religiosas”; y sobre todo porque permanecen inconclusas las respuestas a preguntas existenciales elementales: ¿El conflicto y la guerra son constitutivos insoslayables de la condición humana?, ¿El conflicto y la guerra son inherentes a la religión en cualquiera de sus manifestaciones?, ¿El conflicto y la guerra son patrimonio de los fundamentalistas?, ¿Son verdaderamente por Dios las batallas contemporáneas?, ¿Quién es quién en la lucha entre el Bien y el Mal? (si es que ésta existe y si es que podemos identificar a quienes instauran tales categorías).

Todo este pensar es indispensable, porque definitivamente no es posible desentrañar la complejidad de los asuntos mundiales que nos atraviesan, si no conocemos de política, si no conocemos de religión, y si no entendemos que la política o bien puede ser la religión y viceversa, o bien puede ser la continuación de la religión por otros medios y viceversa.

Y en suma: ¿cuál es el lugar que ocupa América Latina en este “choque de cosmovisiones”?.

Argentina y el mal que nos aqueja

2007-10-01T15:02:00.000-05:00

por Ignacio Tomás Liendo

El problema argentino, más allá de todos los matices regionales y de las extrapolaciones que podamos hacer hacia América Latina, puede resumirse en las dos caras de una misma moneda: el exceso faccioso de personalismo y la naturaleza particular de las instituciones.

Cuando decimos problema, nos referimos a nuestro subdesarrollo relativo, a la sistemática dilapidación de nuestras significativas potencialidades, y por ende, al círculo vicioso de nuestra decadencia y a la perversa guerra de agotamiento en la que nos hemos visto sumidos por generaciones.

Y cuando proponemos estos términos, hablamos de política, porque el argentino, es definitivamente un problema político.

Esto es así en la medida en que más allá de las estructuras económicas y de clase montadas y devenidas desde lo histórico – político (y por ello modificables); claramente es la política el aglutinante para la construcción social, el desarrollo; y el aprovechamiento en función de ello, de ese rico espacio de intersección que se produce entre lo nacional y lo internacional.

Y si nuestra política no funciona en esos términos, con seguridad, sus principales elementos tampoco podrán hacerlo ni lo hacen; de ahí la naturaleza particular de nuestras instituciones, nuestro sistema político, nuestro sistema de partidos, nuestro federalismo, nuestra administración de justicia. Porque si una República no puede proveer el desarrollo a una Nación desde su Estado, alguno de los tres términos y sus combinaciones son la causa del problema, que reside en última instancia en la política, que es justamente su aglutinante y articulante.

Entonces: ¿dónde está el origen del mal que nos aqueja?.

Sin duda, en la configuración de un sistema político que de manera simbiótica es cooptado y coopta en puestos claves del Estado y del Gobierno, a no todos los mejores elementos sociales que estarían disponibles, mostrándose incapaz de generar una clase dirigente que constituya una verdadera meritocracia dispuesta a generar un proyecto estratégico de País en el que se superen las diferencias y se construya una sociedad viable, optimizando todo lo necesario el haz de lo posible, fructificado en el círculo virtuoso de la educación y el pensamiento.

Sin duda, en la configuración de un sistema político que se reasegura a sí mismo en el círculo vicioso del clientelismo, el caudillismo, la prebenda y la claudicación; llegando al paroxismo de otorgar naturalidad a la situación desde la justificación malintencionada de que esta realidad no es más que un emergente socio – cultural.

Decimos esto porque el sistema político no se erige a sí mismo de la nada, si no que es una construcción de los actores socio – políticos que se manifiesta en un entramado de instituciones que son siempre manufactura de los acuerdos e imposiciones de los hombres; de quienes es potestad la operación de las mismas, en tanto marcos de referencia del comportamiento y el cambio social.

Y esas instituciones (formales e informales), que son las reglas de juego de una sociedad en torno de las cuáles se generan los incentivos y las restricciones para los actores, pueden ser construidas en función del desarrollo y la eficiencia social (si son capaces de reducir los costos de transacción del sistema político y de la economía), o bien pueden ser el reflejo del poder y los intereses de aquellos que tienen el poder de idear esas instituciones en orden a objetivos concretos (o el poder de operar u omitir las preexistentes en función de sus intereses particulares).

En este sentido, no estamos ante un dilema entre personas e instituciones, o personas versus instituciones, si no que, o bien existe una carencia institucional, o bien un exceso de personalismo de los individuos menos adecuados en función del desarrollo, que o bien desvirtúan las instituciones, o bien conforman instituciones informales funcionales al esquema del poder; aquellas que subsumen a la sociedad en la batalla electoral permanente y el cortoplacismo (macerados en el mortero de una cultura política paternalista y de una desafección política rayana con el individualismo autista y el nihilismo), dónde triunfa esta lógica agonal de la política por sobre la arquitectónica, aquella de la construcción estratégica del desarrollo.

Y es aquí donde entramos en el territorio pantanoso de la discrecionalidad, quintaesencia del personalismo y de las tentaciones hegemónicas, antesala del despotismo, la autocracia y el totalitarismo; contracaras de regímenes verdaderamente democráticos, republicanos y federales, entendidos como espacios propicios para el desarrollo.

¿Y cómo se sale de la profundidad del mal que nos aqueja?.

Sin entrar en lo estrictamente operativo, se sale dando sentido a instituciones que sean el fruto de un acuerdo social en el que los actores verdaderamente representativos de la sociedad, aglutinados en torno a liderazgos idóneos y legítimos, tengan la capacidad de emerger de sus trincheras de agotamiento, entendiendo de que hay mucha más ganancia en la cooperación que en el conflicto, mucha más ganancia en un juego sostenible en el que la mayoría pueda ganar.

Se sale de esta profundidad, trabajando desde los distintos espacios que propicia la política, revirtiendo enérgicamente y en función del interés general y nacional, los principales atributos negativos de este sistema político que hemos sabido construir, y que son entre otros los siguientes:

Concentración del poder en la figura del Presidente; desvalorización total del Congreso; configuración de un País centralizado de hecho; defasaje, incoherencia e hipocresía del discurso político; descenso de la participación política; apatía generalizada por las cuestiones políticas; neutralización de la oposición y del pluralismo; banalización de la opinión pública y de la oferta informativa, farandulización de la política; dualización de la sociedad; sistemático desmantelamiento de las redes de asistencia social y de educación; inseguridad jurídica; configuración de un "estado mínimo represor" propulsor de un "orden desigual"; conformación de zonas geográficas o áreas de problemas donde no rige la lógica de la ley; endeudamiento externo como sistema; etc.

En suma, se sale de la profundidad del mal que nos aqueja, volviendo a naturalizar la calidad de la ciudadanía y de las instituciones democráticas, corriéndonos desde una democracia electoral cuestionada a una democracia de ciudadanos.

En la medida en que todos a los que nos corresponde no entendamos esta realidad y estemos dispuestos a actuar en consecuencia para revertirla, como mejor escenario nos espera una meseta muy parecida a este presente limitado, al que paulatinamente nos acostumbramos en una trágica ficción de normalidad y en una desesperante parodia de lo que fuimos y de lo que podríamos ser.

RSE y las alianzas público-privadas para el ¿desarrollo?

2007-09-24T15:16:00.000-05:00

Por Horacio Barrancos Bellot

Hablar de temas empresariales en un espacio dedicado exclusivamente a los asuntos público-gubernamentales, podría quedar no muy bien ubicado. Pero en realidad, el hacerlo obedece a dos razones: Primero, toda actividad empresarial tiene un impacto de carácter público, que muchas veces no está incluido o que se presenta como algo desvinculado de su finalidad privada; y segundo, la preocupación empresarial sobre sus impactos públicos es mérito del activismo de la sociedad civil organizada, la cual empezó a actuar debido a la insuficiente protección del sector público (entendido éste como la suma de los poderes del Estado). Casi paradójicamente, resulta “significativo” que hoy el sector empresarial busque alianzas con sectores públicos para desarrollar actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

El tema surge a propósito de un destacado evento que tuvo lugar los pasados 20 y 21 de septiembre en Madrid. Me refiero a la “II Conferencia España-Iberoamérica de Responsabilidad Social de las Empresas: Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo”, organizada por la Fundación Carolina. Como ya es habitual, se trató de una reunión importante, con gran convocatoria y con un grupo de conferencistas de muy alto nivel que incluyó a un ex Presidente (Costa Rica), al Vicepresidente Segundo de España y a directivos de empresas como Oxfam, Repsol-Ypf, Iberdrola, Shell, Pnud y Bid, para citar sólo a unos cuantos. Todo bien salvo por tres cosas que llaman mi atención: 1) La perenne insistencia española de utilizar el término Iberoamérica, detalle que entra en una cuestión más allá de la semántica; 2) Entre casi 30 panelistas participantes de una conferencia España-Iberoamérica, solo dos fueron latinoamericanos, y por supuesto no hubo ni un solo representante de algún sector público latinoamericano; y 3) el punto focal –evidentemente- estuvo en las estrategias para hacer RSE de la mano del sector público, y no en las acciones y/o en los receptores de los programas de RSE.

Es verdad que entre el sector público y el privado existe un área gris cada vez más grande, en el cuál hay un amplio margen de acción para quienes no son puramente públicos ni puramente privados; esa área es el “tercer sector”. Sin embargo, el debate sobre la intervención en esa área no puede dejar de lado al sector público, de la misma forma como la agenda en el "tercer sector" no debe ser administrada por organismos internacionales, ni mucho menos por empresas privadas u ONGs. No estaría mal preguntar a los beneficiarios de los programas del “tercer sector” sobre sus necesidades y prioridades. Aquello es una cuestión de sentido común, que no termina de cuajar en todo el “tercer sector”. Por ello es que ese evento -y su enfoque- a mi me suena algo incongruente. Pero esa incongruencia es parte de las incongruencias que inexorablemente han caracterizado las acciones en el “tercer sector”, como por ejemplo el perfil no lucrativo de los programas de RSE.

De cara a la sociedad, el discurso político de los países más desarrollados sostiene que los programas de cooperación de su sector privado desempeñan un loable papel en el desarrollo de los países pobres. Sin embargo, Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la contribución activa y voluntaria de las empresas al mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar su situación competitiva y su valor agregado. La RSE es una actividad estratégica en la competencia comercial, por tanto siempre tiene un interés lucrativo.

Toda empresa desempeña un papel muy importante en la vida de las personas, no sólo como generadora de empleo, riqueza o entregando bienes y servicios, sino siendo un agente de desarrollo en las comunidades en las que están insertas. Las grandes empresas son conscientes de ello y explotan las expectativas que generan sus actividades de RSE para obtener ventajas competitivas. Si bien esas actividades en un principio estuvieron confiadas a una fundación o a alguna ONG, hoy por hoy forman parte vital de las estrategias que contribuyen a realizar la finalidad privada de la empresa.

Pero por supuesto, el beneficio que deja la RSE no es sólo privado puesto que su impacto social es muy significativo. Lo es tanto, que debe manejárselo con cuidado. Kenneth E. Goodpaster y John B. Mathews, Jr., entre otros, han formulado el siguiente dilema “las empresas multinacionales son tan poderosas que es peligroso que se inmiscuyan en temas sociales y políticos, pero también lo es que solamente se dediquen a maximizar sus ganancias”. Cuando menos dos son los problemas que ejemplifican este dilema. Uno de ellos, es que las empresas no solo obtienen ventajas competitivas por el reconocimiento público y la fidelización del cliente, sino que llegan a negociar “incentivos” de los gobiernos para su actividad empresarial. Otro punto es que generalmente la agenda de intervención se define ex ante, es decir que las empresas –y lo mismo ha pasado por mucho tiempo con los organismos internacionales y las agencias de cooperación- definen sus actividades de “responsabilidad social” en gabinete y no con los beneficiarios sociales. Decirle a quien necesita lo que necesita sin preguntárselo, no solo es reflejo de una mentalidad asistencialista, sino que es menos costoso para la empresa.

Dejando de lado por un momento la visión crítica de la RSE, es correcto destacar que ésta ha traído beneficios en varios ámbitos. La RSE, entendida como “hacer negocios basados en principios éticos apegados a la ley”, se trata de programas integrales que orientan sus prácticas responsables hacia el interior y/o hacia fuera de la empresa. Por tanto, ellas se benefician de mejoras en su productividad, lealtad de los clientes, acceso a mercados y mayor credibilidad. Esto implica que las empresas adopten una postura activa y responsable en torno al impacto de sus operaciones, a favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. Así entonces, los programas de RSE van desde el cumplimiento de los regimenes legales de los países en los que operan las empresas, hasta su participación en el diseño y ejecución de políticas de Estado; pasando por actividades en beneficio de su personal, las familias de éstos y la comunidad en la que está inserta la empresa. Para las empresas, pensar en sus clientes internos significa que en cierto sentido no es legítimo que la empresa se quiera proyectar hacia fuera como una empresa responsable socialmente, si a lo interno no ha cumplido con las condiciones necesarias. Esta idea es descrita en la pirámide de RSE propuesta por CentraRSE.

Respetar el régimen legal es lo mínimo e ineludible. En cambio, participar en el diseño y ejecución de políticas de Estado es un tema que abre muchos debates. En el fondo, es un problema de “agente-principal” y de “riesgo de captura”. El agente es la empresa y el principal es el Estado. El problema radica en que el agente (la empresa) tiene un manejo de la información insuperablemente asimétrica en su favor; por tanto, el Estado no podrá estar en condiciones de verificar si efectivamente las empresas bajo el rótulo de RSE están internalizando adecuadamente los costos derivados de sus operaciones (externalidades negativas). El otro tema -tanto aún más sensible- es el riesgo de que las empresas capturen al gobierno; cosa que desde ningún punto de vista es irreal dado el tamaño de las operaciones de muchas de las transnacionales que operan en los países en desarrollo.

En el nuevo entorno global, ante los actuales retos a los que nos enfrentamos de crecimiento demográfico, consumo insostenible de recursos, terrorismo e inestabilidad política, y situación socioeconómica en la que vive un porcentaje tan alto de la humanidad, algunas empresas han entendido que tienen una responsabilidad moral a la hora de responder a los problemas globales. Sin embargo, a medida que las prácticas y la aceptación de la RSE por parte de las empresas es cada vez mayor, también crecen las críticas y el escepticismo sobre la intención de las mismas.

Y no es para menos, teniendo en cuenta que la “Responsabilidad Social” tuvo que nacer de una historia larga y penosa, protagonizada por el activismo de la sociedad civil y varios desastres ambientales y humanitarios producidos (in)directamente por grandes empresas transnacionales. En el libro “La RSE ante el espejo. Carencias, complejos y expectativas de la empresa responsable en el siglo XXI” de Fernando Casado Cañeque (2006, España), podemos encontrar relatos documentados de varios hechos que conviene rescatar porque son la génesis de la RSE, en contextos de deficiente protección estatal.

Como relata F. Casado, “…el 10 de noviembre de 1995, el activista y escritor Ken Saro Wiwa y ocho miembros de la comunidad Ogoni, en Nigeria, fueron ejecutados por el Gobierno militar del general Sani Abacha. Saro Wiwa era presidente del Movimiento para la Supervivencia de los Ogoni, y lideraba un movimiento pacifista que denunciaba los daños ambientales en la región por parte de diversas multinacionales, especialmente Shell. En la declaración que escribió antes de ser ahorcado, Saro Wiwa declaró que él y sus compañeros no eran los únicos que estaban siendo juzgados: 'Shell está también siendo juzgada […] y llegará el día en que la guerra ecológica que la empresa ha empezado en el Delta (de Níger) será llamada a la justicia, y sus crímenes serán pagados'. Las ejecuciones fueron contestadas con movilizaciones masivas en todo el país y con la expulsión de Nigeria de la Commonwealth. El Gobierno respondió de forma represiva y brutal. Se estima que se cometieron más de 2000 asesinatos y miles de personas se vieron obligadas a exiliarse. Shell cambió su política de empresa y desde entonces ha intentado liderar el movimiento empresarial que pretende reconciliar el desarrollo económico con el respeto al medioambiente y los derechos humanos. En una declaración autocrítica, atípica en este tipo de empresa, en su Informe anual de 1998, Shell reconocía que 'nos hemos mirado en el espejo, y no nos hemos reconocido, ni nos ha gustado lo que hemos visto'…”

Tiempo después, empresas mundiales como Nike, Levis, Disney o Adidas fueron denunciadas por violar los derechos humanos, promover el trabajo infantil y contaminar el medioambiente. La reacción social traducida en boicot contra estas empresas abarcó varios países incidiendo significativamente en sus niveles de ventas. El 2005 en Nigeria, el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (MEND por sus siglas en inglés), secuestró a cuatro trabajadores de Shell y anunciaron su campaña “Operación Cambio Climático” con el objetivo de cometer atentados contra plantas de extracción y secuestrar a trabajadores extranjeros para proteger a la región de la explotación de las empresas transnacionales. La campaña también tocó a empresas como Agip (Italia) y Total (Francia) afectando gravemente sus exportaciones de crudo.

En 2002, el barco petrolero Presitge causó un inmenso daño ecológico al derramar su carga de crudo en costas gallegas. La respuesta ciudadana dio lugar al movimiento ciudadano "Nunca Máis" (Nunca más, en castellano) cuyo objetivo declarado es evitar la repetición de desastres ecológicos en Galicia, el castigo de sus responsables y la reparación de los daños. Ha recibido numerosos apoyos, siendo elogiada por introducir estas temáticas en el debate político .

En 2006, junto al rechazo de varios movimientos sociales y asociaciones de consumidores, Naturewatch y Uncaged pidieron boicotear los productos de Body Shop, luego de que su presidenta Anita Rodik, quien fuera pionera y símbolo del moviendo de RSE por combinar ética y comercio inspirando a millones de personas, vendió su empresa a L´Oreal en $us 938 millones. L´Oreal ha sido muchas veces acusada de realizar pruebas con animales y por no respetar los derechos humanos. La respuesta inmediata fue que el equipo de Anita Rodik formaría a los ejecutivos de L´Oreal en valores éticos y comercio.

El tema de la “Responsabilidad Social” no es más una excentricidad de algunas grandes empresas, ni tampoco es únicamente una estrategia comercial. En realidad, RSE hoy en día es una cuestión indispensable para que una empresa pueda mantenerse en su mercado. Los organismos internacionales, así como los gobiernos de una gran cantidad de naciones en el mundo, hoy suscriben la necesidad del respeto al medio ambiento y los derechos humanos en toda actividad empresarial susceptible de afectarlos. El ojo casi siempre está puesto en las empresas transnacionales, pero también lo está cada vez más en pequeñas y medianas empresas vía certificaciones de calidad o, simplemente, a través de la sociedad civil organizada.

De cualquier forma, la RSE es un avance significativo sobre el pensamiento ortodoxo y neoliberal. Destinar recursos para esas actividades significa –muchas veces- sacrificar ganancias necesarias para mantenerse en el mercado. Es un enfoque distinto (y rentable) al tradicional enfoque unidireccional de reducir costos. Es verdad que las empresas con un buen programa de RSE ganan, pero también es verdad que la sociedad gana. Probablemente la duda esté si en el balance final la suma es “cero". Ahora bien, encontrar resultados depende, muchas veces, de cuestiones tan simples como preguntarse si estamos o no (los consumidores) comprando bienes y servicios de empresas que están causando algún tipo de daño en algún lugar del mundo. Pero por otro lado, también debemos exigir que los gobiernos y los organismos internacionales y de cooperación, rindan cuentas a los ciudadanos sobre la forma y los resultados con los cuales están llevando a adelante las llamadas “alianzas público-privadas para el desarrollo”.

El futuro de América latina: entre el “chavismo” y la democracia

2007-09-12T00:12:00.000-05:00

por Vanni Pettinà

Uno de los datos más interesante del los últimos años, dentro del panorama social y económico latinoamericano, está representado por la buena performance de la economía a nivel continental. En primer lugar, se registra un crecimiento medio ciertamente sostenido que, en los últimos años, se ha colocado entre el 4% y el 6%. Las cifras relativas a la inflación son igualmente positivas ya que, después de las fuertes oscilaciones registradas en la crisis de los años 80, se han alcanzado en los últimos años niveles bajos, como evidencia la gráfica (The Economist”, Adiós to poverty, hola to consumption, 16 de agosto 2007).

En países como Chile, Brasil y México estas altas tasas de crecimiento, acompañadas por las bajas tasas de inflación, se han traducido en un interesante aumento de la que podríamos definir como una nueva clase media latinoamericana. La definimos como una nueva clase media porque como han afirmado diferentes especialistas, como el sociólogo y ex presidente Fernando Henrique Cardoso, parece presentar diferencias importantes con aquellas capas medias que, a grandes rasgos, caracterizaron el panorama continental entre los años 30 y el final de los años 70. El dato que mejor señala esta distancia es probablemente el hecho de que la actual clase media parece más vinculada al sector privado que al público. En la etapa anterior, había sido el estado el que, principalmente a raíz de sus políticas de industrialización por substitución de importaciones, había dado lugar a una clase media artificial, integrada por managers, burócratas y funcionarios públicos, sucesivamente barridos por las políticas ultra-liberales de los años 90. En la actualidad, sin embargo, nos encontraríamos frente a un sector donde la presencia de actividades en su mayoría vinculadas al mercado, pequeños productores y comerciantes, parece ser más consistente que en el pasado. Digamos que el cuadro actual presenta una síntesis más equilibrada entre un sector medio estatal, regularmente presente en la mayoría de los países desarrollados, y un sector medio privado que, de alguna manera, señala una integración positiva del continente en la economía mundial. Finalmente, la emergencia de esta clase media refleja la inversión del proceso de pauperización tan típico de los años 80 y 90.

Evidentemente, aunque no se pueda hablar de una definitiva estabilización de las economías latinoamericanas, ni de una redistribución de la riqueza todavía aceptable, los datos sobre la emergencia del sector medio definen un escenario social mucho más positivo que en el pasado. Por ejemplo, En Chile, México y Brasil, si bien quedan asuntos pendientes, como la reforma del sistema fiscal progresivo, la pobreza parece reducirse. En Chile, país donde se da la evolución socio-económica comentada, el coeficiente de GINI se ha reducido desde 0,554 en 1990 a 0,550 en 2003. México, por su parte, en términos de desigualdad, el índice de GINI ha pasado desde 0,536 a 0,528 (Panorama Social De América Latina, CEPAL http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/27480/PSE_2006.pdf).

Asimismo, desde un punto de vista político, el panorama presenta también algunos elementos positivos. En Chile, por ejemplo, la elección de la presidenta socialista Michel Bachelet viene a ser un punto de inflexión en la historia de un país que parece finalmente dejar atrás el dramático recuerdo de una de las peores dictaduras continentales, la de Augusto Pinochet. México ha superado una de las crisis institucionales más profunda de su historia reciente. A grandes rasgos, aunque los niveles de corrupción sigan indicando la presencia de fuertes problemas dentro de la calidad democrática de estos estados y la presencia del crimen organizando represente un reto constante para la estabilidad institucional, no se puede esconder una cierta estabilización de los mecanismos democráticos en algunos de los países más representativos de la región y que en el pasado habían experimentado regimenes de tipo autoritarios.

En realidad, el conjunto de las cifras macroeconómicas y del historial político reciente de estos países confirma una tendencia general positiva para el continente, debido a la conjunción de libertades políticas, progreso económico y una mayor atención hacia las políticas sociales de naturaleza ciertamente inédita, si se excluye el caso de Uruguay y pocos países más. El modelo no está consolidado por completo y, sin embargo, las experiencias citadas abren una brecha interesante entre la dicotomía clásica latinoamericana: dictadura-revolución.

Dentro de este cuadro, Venezuela representa una incógnita que merece aquí algunas reflexiones. En el país andino el Presidente Hugo Chávez ha puesto en marcha un proyecto radicalmente diferente respeto a los que hemos visto hasta ahora.

En los últimos meses, Chávez ha acelerado el proceso de autoritarización del sistema político, cerrando una televisión nacional políticamente incomoda y planeando una reforma constitucional teledirigida donde se pretenden eliminar los límites a los mandatos presidenciales y permitir al presidente gobernar al son de decretos para avanzar más rápido hacia el socialismo.

Por si esto fuera poco, Chávez está buscando constantemente el enfrentamiento con Washington, hasta el punto de tejer las más inquietantes alianzas con los enemigos de Estados Unidos, independientemente de que sean o no países democráticos. La más inquietante es evidentemente la que Caracas ha establecido con el Irán del presidente Mahmud Ahmadinejad, declaradamente antisemita y responsable directo del endurecimiento de la represión política y religiosa en su país. Es evidente que la actitud irresponsable de la oposición a Chávez que ha llegado al intento de golpe para derrotar el Presidente bolivariano, no ha ayudado a la consolidación de la democracia en el país. Sin embargo, este argumento no puede representar una excusa. Chávez esta reduciendo los espacios de libertad en el país pues no parece mostrar mucho respeto hacia los mecanismos democráticos y representativos en sí mismos.

Un análisis de los datos económicos tampoco parece dar mejores resultados. Las estadísticas económicas son positivas solamente por lo que respecta al crecimiento, obviamente empujado por los altos precios de los hidrocarburos a niveles mundiales y que, de todas formas, parece destinado a bajar bruscamente en los próximos años (véase la tabla). De hecho, en el país andino se registra una tasa de inflación del 20% y, dato clamoroso considerado el fuerte hincapié que hace Chávez sobre las políticas de inclusión social, un crecimiento de la desigualdad reflejado en el ascenso de su índice de GINI, el cual pasa de 0.44 en 2000 a 0,48 en 2005, según datos del Banco Central Venezolano, citado por el The Economist (The Economist, “The Rise of the “Boligarchs”, 9 de agosto 2007. El dato es proporcionado por el Banco Central de Venezuela). Datos parecidos los proporciona la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL). Para la CEPAL el coeficiente de GINI habría subido en Venezuela desde el 0,471 del 2000 al 0,490 del 2005 (http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/27480/PSE_2006.pdf, p. 94). Al mismo tiempo, a pesar de crecer con una media cercana al 7%, en el país se ha dado frecuentemente el fenómeno de escasez de alimentos básicos como la leche, la carne o el azúcar (The Economist, “The Rise of the “Boligarchs”, 9 de agosto 2007).

La situación actual tiene diferentes explicaciones y, sin embargo, la principal reside en la misma estrategia política del actual gobierno y no en una simple e infeliz coyuntura económica. Es bastante evidente que el proyecto de Chávez tiene una lógica punitiva hacia algunos sectores sociales venezolanos que no se limita a la sola oligarquía golpista. Teóricamente, el punto estrella del programa Chávez apunta a la eliminación de la pobreza, un problema absolutamente real y dramático para el país. Sin embargo, las baterías de medidas que han sido adoptadas hasta ahora han dado resultados bastante contradictorios. El gobierno venezolano ha adoptado sustancialmente dos tipos de acciones para reducir la pobreza en el País: el control estatal de los precios y una clara política de apoyo a la rentas menores. De hecho, Chávez ha impuesto un fuerte control sobre los precios de los productos básicos, en el intento de favorecer un mayor acceso al consumo por parte de los sectores marginados de la población. Sin embargo, esta política está dañando los pequeños y medianos productores que, forzados a vender a precios políticos establecidos por el gobierno, se han visto, a su vez, obligados a cerrar sus actividades en perdidas. La oferta se ha reducido, mientras que el apoyo a las rentas ha creado un fenómeno inflacionario perfectamente fotografiado por los datos estadísticos que, como se ha señalado anteriormente, indican una tasa de inflación del 20%. No cabe duda de que el aumento de la inflación está nulificando la política de apoyo a las rentas de los sectores más pobres de la población. Hay más dinero para comprar y, sin embargo, han subido los precios porque hay menos productos. Así pues, no sólo la lógica punitiva de Chávez hacia las así llamadas “actividades capitalistas” no está produciendo una transformación positiva de la sociedad, sino que está acabando por dañar, sobre todo, los sectores medianos de la sociedad venezolana y, al mismo tiempo, creando problemas de escasez y de inflación. Este cuadro explica probablemente el hecho de que, mientras el gobierno afirma la bajada del número de familias que viven en pobreza, desde el 55% del 2003 al 33% del 2007, el índice GINI haya aumentado sensiblemente casi en el mismo periodo.

Finalmente, hay un entrelazamiento bastante conflictivo entre el problema del poco respeto hacia las formas políticas que Chávez está demostrando y esta nueva y acentuada forma de estatismo económico. En los últimos años, Venezuela ha visto emerger una nueva forma de oligarquía que presenta rasgos muy parecida a la que se puede encontrar en los países africanos del golfo de Guinea, también besados por “la maldición del petróleo”. Venezuela se ha posicionado como segundo en la clasificación del Banco Mundial acerca de los estados más corruptos de América latina: el primero es Haití. Y, de hecho, el “Socialismo Petrolífero”de Chávez ha creado un sistema de clientelas conectadas con las empresas estatales que gozan de privilegios inimaginables por los otros sectores de la población. Así pues, no es raro encontrar en Caracas nuevos ricos circulando en los Hummer de fabricación estadounidense, mientras la gente hace cola para la leche o el pan que no se encuentran en los escaparates.

Finalmente, la abundancia de los recursos naturales venezolanos hace inaceptables los niveles de pobreza que allí se registran. Sin embargo, resulta difícil pensar que el camino elegido por el presidente “bolivariano” proporcionará una solución a los problemas de Venezuela. Las dificultades económicas que los proyectos chavistas están produciendo están directamente relacionadas con los problemas políticos que el bolivarismo presenta. Las políticas económicas de Chávez resultan equivocadas porque, siguiendo un tipo de raciocinio político exquisitamente perteneciente al siglo pasado, piensan poder alcanzar el bienestar de un sector de la población a costa de otro además de violar las normas básicas de un sistema democrático.

Por suerte, el escenario latinoamericano ya no está limitado a un extremo por la Venezuela de Chávez y al otro por el Chile de Pinochet. En el medio florecen otras experiencias que necesitan consolidarse y que, sin embargo, pueden representar una alternativa para el continente.

El negocio de los energéticos, sus cifras y las estrategias políticas

2007-08-15T00:48:00.000-05:00

por Horacio Barrancos Bellot

El precio y las inmensas reservas de petróleo y de gas natural existentes en América del Sur, la emergencia de un importante mercado para biocombustibles, las multimillonarias cifras en inversión y comercialización de estos productos y las estrategias políticas de Chávez, Lula, Evo y Kirchner han acaparado el escenario internacional de las últimas semanas.

Y es que el negocio de los energéticos en esa región del continente americano tiene dos frentes poderosos, donde los intereses políticos son tan importantes (o más) que los intereses económicos. Un frente está representado por los países asociados en torno al negocio del petróleo y el gas natural (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela). El otro, aun emergente, se muestra como la alternativa energética y ya tiene muchos detractores; me refiero a los biocombustibles y el principal referente es Brasil.

En ese primer frente -como es evidente para todos- se hace más visible el gobierno de Venezuela, quien financiado por el elevado precio del petróleo y afianzado en su legitimidad política local, lleva ya iniciada desde hace algún tiempo una agresiva estrategia política para lograr sitios de privilegio en la región. Bien sea como socio estratégico, comprando títulos públicos en otros países, donando recursos, brindando ayuda en materia social o llevando a límites inéditos el discurso anti Estados Unidos, Chávez no solo está haciendo buenos negocios, sino que también está diversificando los escenarios en los que su presencia en América Latina se ha tornado relevante.

Un poco en el centro de todo aparece Bolivia, no como el actor relevante, pero sí como el país en donde inevitablemente convergen muchos intereses. Las cuantiosas reservas de gas natural existentes en el sur boliviano y su posición geográfica han convertido a ese país en un proveedor natural de gas para Argentina, Chile y Brasil. Si bien el negocio del gas boliviano a gran escala no termina de despegar, en los últimos 10 años ha atraído los intereses de grandes empresas transnacionales (Repsol, Total, Petrobrás, Pdvesa, Ypfb, entre otros) y se viven ya complejos e intensos ciclos de negociaciones bi y multilaterales entre los gobiernos de la región.

En palabras sencillas la situación puede describirse así: Argentina, Chile y Brasil necesitan el gas. Bolivia tiene el gas, pero no tiene los recursos necesarios para desarrollar los proyectos de explotación, industrialización y comercialización. Venezuela tiene los recursos necesarios, la experiencia, la empresa y también tiene gas, con la particularidad que su extracción está ligada a la extracción de petróleo, por lo cual el gobierno de Chávez está abriendo mercados para ese gas. Brasil y Argentina también tienen los recursos necesarios y están dispuestos a orientarlos hacia Bolivia, con tal de garantizar su demanda.

En materia de crudo Uruguay y Ecuador son los otros socios –de Venezuela- importantes en la región. Ecuador es un importante productor y Uruguay un importante consumidor. Nuevamente, Venezuela es quien tiene los recursos -financieros y petroleros- necesarios para ser el socio estratégico.

En este contexto, seis son los acontecimientos reales más relevantes que marcan las estrategias políticas en torno al negocio del gas y del petróleo. Primero, el gobierno de Bolivia ahora tiene mucho más control que antes sobre sus yacimientos de gas y sobre todas las etapas de producción en su industria. Segundo, las condiciones de venta (esencialmente el precio y la demanda) del gas han cambiado. Tercero, Argentina se ha convertido en importador neto de gas natural, por lo cual necesita garantizar la atención de sus demandas futuras. Cuarto, las principales empresas involucradas son total o parcialmente estatales. Pdvesa es estatal; el gobierno de Brasil tiene participación accionaria en Petrobrás; fue refundada la petrolera boliviana Ypfb; Argentina fundó Enarsa luego de que Ypf fuera privatizada en la década de los 90; Ancap es la estatal uruguaya y Petroecuador es la petrolera ecuatoriana. Quinto, siete gobiernos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela) tienen un punto de acercamiento importante en su línea ideológica (la izquierda), pero la mayor afinidad se ha dado entre el gobierno de Venezuela y Bolivia. Sexto, por decisión de sus gobernantes, el negocio del gas está vinculado –o condicionado- a otro tipo de acuerdos comerciales y de cooperación entre estos países.

Bajo estas condiciones, las negociaciones han arrojado destacables resultados, que deben ser recapitulados y analizados:

Venezuela y Argentina, la semana pasada, firmaron un acuerdo llamado “Tratado de seguridad estratégica”. En el marco de ese acuerdo, Venezuela venderá gas natural a la Argentina en estado líquido, el cuál será transportado marítimamente para luego ser regasificado. Esto dará lugar a la construcción de una planta regasificadora en Argentina, con una inversión venezolana de US$ 400 millones; la planta estaría terminada en 2009 con una capacidad de producción de 10 millones de metros cúbicos diarios, una cifra superior a la importación de gas que actualmente realiza Argentina desde Bolivia (5.7 millones de pies cúbicos diarios). Adicionalmente, Argentina y Venezuela se comprometieron a conformar “Petrosuramérica”, concebida como una "corporación de empresas binacionales de los Estados" para el área energética. También, las estatales Enarsa y Pdvsa cerraron un acuerdo para operar en forma conjunta las refinerías y la red de estaciones de servicio de la firma argentina Rhasa, con la opción futura de compra por un valor de US$ 31 millones. Complementariamente, el gobierno de Venezuela firmó una nueva ayuda financiera a Argentina por medio de la compra de unos US$ 1.000 millones en bonos de deuda pública. En una primera etapa, Venezuela adquirirá US$ 500 millones que formarán parte de una nueva emisión de los llamados Bonos del Sur. Con esto, Venezuela habría comprado ya más de US$ 5.000 millones en papeles públicos argentinos.

Las exportaciones de gas natural de Bolivia a Argentina y a Brasil fueron renegociadas en precio y cantidad. No solo subieron los precios que tradicionalmente estaban muy por debajo de los precios internacionales, sino que Bolivia exportará más gas. Al menos eso se espera del nuevo compromiso de exportación a la Argentina, en virtud del cual Bolivia le estaría exportando hasta el 2011 más de 20 millones de pies cúbicos diarios adicionales a los que hoy exporta. Argentina consume 114 millones de pies cúbicos de gas al día y se prevé que para el 2011 su demanda se eleve hasta los 129 millones; esto significa un incremento de 15 millones, lo cual hace suponer que las futuras exportaciones de gas boliviano y venezolano (30 millones, aproximadamente) remplazarian parte de las actuales fuentes argentinas de abastecimiento, si queremos que los números nos cuadren. De no ser así, tendrían fundamento los actuales temores de la oposición política boliviana para quien los acuerdos de Chávez con Kirchner ponen en riesgo las futuras exportaciones de gas boliviano.

La semana pasada la ciudad de Tarija fue el escenario de acuerdos multilaterales de grandes dimensiones. Los presidentes de Argentina, Bolivia y Venezuela echaron a andar la “Organización de los Países Productores y Exportadores de Gas del Sur” (Opegasur). Según Villegas, ministro de hidrocarburos de Bolivia, este acuerdo buscará la integración a través de un conjunto de proyectos para conformar complejos industriales. Villegas asegura que este acuerdo, a diferencia de la OPEP, no regula precios, no define precios, no regula producción ni define producción. Este elemento es clave porque elimina incertidumbres en el mercado de futuros del gas.

Los presidentes de Bolivia y Venezuela acordaron una agenda energética futura para constituir una nueva empresa (Petroandina Sociedad Anónima Mixta) con una inversión de US$ 600 millones para la exploración y explotación de hidrocarburos en los departamentos bolivianos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Pdvsa aportará a ese proyecto el 40% y Ypfb el 60% requerido para la inversión. La agenda energética común, permitirá la implementación de un complejo para la industrialización de gas natural, la instalación de una planta de fertilizantes, petroquímica y la construcción de una planta con una inversión de US$ 70 millones, de los cuales Venezuela aportará el 40% y Bolivia el otro 60%. La Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (Ende) será la encargada de llevar adelante este proyecto. En total, los proyectos con Venezuela suman US$ 670 millones de inversión. Además en ese memorándum de entendimiento se incluye la participación de Ypfb en la exploración y explotación en el bloque sudamericano en la franja petrolífera de Orinoco en Venezuela, con lo que Bolivia será parte de un proceso energético en la región venezolana, donde participará con el 40 % de acciones. Complementariamente a estos acuerdos, el gobierno venezolano lleva realizados innumerables programas de “cooperación” al gobierno de Evo Morales, que van desde el préstamo de helicópteros para uso presidencial hasta su participación en el megaproyecto siderúrgico del cerro Mutún, en el departamento de Santa Cruz. El Mutún es uno de los yacimientos de hierro y manganeso más grandes del mundo, cuyas reservas –de hierro- se estiman en 42 millones de toneladas.

Los negocios entre Argentina y Bolivia también se están diversificando; los mandatarios de esos países acaban de suscribir un acuerdo de financiamiento para la construcción de una planta separadora de líquidos que se instalará en el Chaco boliviano. Mediante este acuerdo, Argentina otorgará un crédito de US$ 450 millones que financiará la construcción de la planta de separación de líquidos más grande de América del Sur. De esta forma, Bolivia podrá separar los líquidos que contiene su gas antes de venderlo y así producir carburantes líquidos derivados del gas natural. El compromiso de Kirchner –y la oportunidad de negocios que él ve- parece ser tan fuerte que se ha comprometido para hacer que empresas argentinas inviertan en Bolivia, en caso de que las grandes transnacionales del mundo con inversiones en Bolivia no continúen sus programas exploración y explotación.

La semana pasada, Venezuela suscribió un acuerdo llamado “Tratado de seguridad energética” con Uruguay. Este compromiso de entendimiento supone actuaciones en materia de gas y de petróleo. Similar al negocio con Argentina, Venezuela y Uruguay construirían una planta regasficadora con una inversión de US$1.000 millones y que produciría unos 10 millones de pies cúbicos diarios de gas –venezolano, inequívocamente. El gobierno de Chávez también tiene planeado financiar la ampliación de la refinería uruguaya La Teja y la construcción de una empresa mixta entre Pdvesa y Ancap para la explotación de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco. A cambio, el presidente uruguayo -y actual presidente pro témpore del Mercado Común del Sur (Mercosur)- ha comprometido sus gestiones para que Venezuela se adhiera definitivamente a este mecanismo de integración regional. Complementariamente, el gobierno venezolano financiará un proyecto para construir una fábrica de insulina en Uruguay, que suministrará el producto a toda América Latina, y además firmará acuerdos con la empresa estatal de azúcar, Alur, de la que ya tiene un pequeño porcentaje (Reuters).

Venezuela y Ecuador acordaron -a principios de este mes- construir la mayor refinería de la costa del Pacífico -para procesar 300.000 barriles por día de crudo- que será instalada en la provincia de Manabí (suroeste de Ecuador). La refinería de Manabí tendrá una planta de alta conversión, cuya construcción se iniciará luego de cumplir con requerimientos ambientales, técnicos y financieros. El costo del proyecto ascenderá a unos 5.000 millones de dólares, en cuyo financiamiento además de Pdvsa podrían participar otras estatales de la región. Pdvsa y Petroecuador tienen otros ambiciosos planes de asociación para el área hidrocarburífera. Ecuador baraja la posibilidad de explotar con empresas públicas como Pdvsa un campo en la Amazonia con reservas por unos 1.000 millones de barriles, que demanda inversiones por 5.000 millones de dólares y generaría unos 700 millones anuales para el Estado.

Los acuerdos, los proyectos y la danza de millones continuará, éste es solo el comienzo. Realmente es de esperar que los beneficios económicos para la región sean de la magnitud que sus gobernantes prometen. No obstante, son igualmente incontables las voces que alertan sobre la factibilidad de estos proyectos o sobre los intereses ocultos detrás de la omnipresencia de Chávez. Es indudable, como se plantea al inicio de este documento, que Chávez está copándolo todo y que está haciendo buenos negocios –los económicos y los políticos. Igualmente destacable es el sentido pragmático con el que los otros gobernantes están manejando estos negocios. Salvo el estado actual de inoperancia en el que han caído las relaciones entre Bolivia y Chile, así como las asperezas –muy entendibles desde la óptica de la lucha por la hegemonía regional- entre los gobiernos de Chávez y Lula, los gobiernos de América del Sur han iniciado en torno a los energéticos, intensos procesos de asociación como otrora –en sus propios términos- lo hiciera Europa en torno al carbón y al acero.

El frente energético de los biocombustibles lo encabeza el presidente brasilero. Coincidente con la gira de Chávez por América del Sur, Lula ha realizado su propia gira por Centroamérica y México. Al respecto, algunos analistas han interpretado esto como una manifestación más de la competencia de ambos mandatarios por el liderazgo en América Latina. Para el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), “… los dos están compitiendo pero con pocas posibilidades de lograr un empate. A la larga el predominio de Brasil es casi inevitable por su tamaño, su población y su economía”.

Bajo el lema de combustibles limpios, baratos y renovables, el Presidente de Brasil ha instado alianzas entre Petrobrás y Pemex (México) y ha invitado a los empresarios mexicanos para apostar por este tipo de energéticos. Lula, quien de alguna forma sigue siendo el freno para la incorporación de Venezuela al MERCOSUR, ha invitado a México a “mirar” el mercado común del sur y a formar una alianza que no fueron capaces de realizar en el siglo pasado. El gobierno de Brasil ha iniciado ya hace varios meses “la diplomacia del etanol” llegando a un punto cúspide en la pasada reunión del G-8 en Alemania.

El negocio de los biocombustibles ha despertado tantas expectativas, como posiciones en contra. Su estudio y explicación requieren atención mayor que serán expuestos en un artículo posterior. Corresponde en este punto -sin embargo- enfatizar que subyacente al impresionante despliegue de estrategias comerciales y políticas que los energéticos ha despertado en América del Sur, están –como siempre- las esperanzas de una población que confía en ser el objeto verdadero del interés de sus gobernantes.

Publicación EFE

2007-08-08T10:42:00.000-05:00

Barcelona, 16 jul (EFE).- En sus 22 años de carrera profesional, el periodista boliviano Edwin Pérez Uberhuaga ha aprendido a entender su profesión a través de la responsabilidad social que ésta implica. "Más que intelectual o investigador soy un obrero de la información", dijo recientemente en una entrevista hecha para OMC Radio, y así lo demuestra con su trabajo como editor de la revista Raíz Bolivia. Desde este medio, pero también a través de la revista Migrante y de su colaboración con algunas otras publicaciones de Europa y Latinoamérica, Edwin Pérez se ha dado a conocer como un periodista dedicado en cuerpo y alma al tema de las migraciones. Sus tres libros: "Personas y personajes", "La migración latinoamericana antes y después del 11-S" y "Bolivianos en el mundo", tratan sobre las movilizaciones que han protagonizado sus compatriotas en el extranjero durante los últimos años.

Este profesional boliviano, residenciado en Europa desde hace unos cinco años, está convencido de que los periodistas de América Latina son, de alguna forma, "responsables de la información que los medios publican sobre nuestras comunidades", pues con su participación desde medios generalistas o especializados pueden -y deben- contribuir a transformar el tono negativo con el cual se aborda casi siempre la inmigración.

En su opinión, la proliferación de medios latinoamericanos ha sido positiva pero, según afirma, en muchos casos las necesidades del mercado hacen que algunos de esos medios se vean obligados a distorsionar el mensaje para satisfacer los requerimientos de los anunciantes. Por esa razón es necesario asumir una posición firme en defensa de la libertad de expresión, dice. "Los países han informado mal sobre la situación de nuestros países y eso se refleja en la percepción de los trabajadores inmigrantes. Pero la deuda informativa debe pagarse. Es necesario que la paguemos todos, apegándonos a los principios éticos del periodismo, entendiéndolo no como una mercancía sino como un servicio", señaló. EFE

Record mundial de revista boliviana en España

2007-08-08T10:23:00.000-05:00

La imagen del inmigrante latinoamericano en Europa tiene muchos rostros. Generalmente desde la visión del país receptor, el rostro más visible es el del trabajador empleado como mano de obra no calificada; pero también existe el rostro del inmigrante profesional que desarrolla actividades profesionales o empresariales. Este último es, con seguridad, menos frecuente pero su éxito es más encomiable porque ha logrado abrirse paso en uno de los ámbitos más comepetitivos del mundo. Si esto es verdad, cuánto más loable será el caso de aquellos que han dedicado su labor profesional al servicio de la comunidad de inmigrantes latinos desprotegidos por su condición de ilegalidad y/o explotación laboral.

Éste es el caso de un periodista y de una revista de distribución gratuita en España orientada a la inmensa comunidad de inmigrantes bolivianos. La revista Raíz Bolivia, dirigida por un boliviano residente en España, ha establecido además un record mundial en su caurto número distribuyendo 100.000 ejemplares de su edición. Por su importancia, INFORME reproduce la nota de prensa que el Director de la mencionada revista nos hizo llegar.

"EDICION RECORD MUNDIAL DE REVISTA BOLIVIANA EN ESPAÑA

Ya está en circulación el cuarto número de la revista Raíz Bolivia editada en España, que con cien mil ejemplares ha logrado un record mundial de publicaciones de distribución gratuita en Europa y el mundo, en el marco de un homenaje a los 182 años de Fundación de Bolivia.

La revista de 32 páginas full color, cuya cantidad es supervisada por la empresa especializada PGD, es un esfuerzo de la empresa española Copernal Publishing, a cargo de Juan Carlos Ruiz, y de su Director, el periodista boliviano Edwin Pérez Uberhuaga, que ha publicado varios libros y revistas en Europa y Estados Unidos.

Esta edición especial incluye orientaciones jurídicas respecto a las posibilidades de vivir dentro de la legalidad en España y mensajes que buscan la unidad del país en uno de los momentos más difíciles de la Historia con sectores lamentablemente confrontados.

En la portada incluye fotografías de las "cambas japonesas" y las "cholas españolas", es decir, japoneses y españoles que han sido atraídos por la cultura andina y oriental de Bolivia y la muestran con orgullo en diferentes actividades. En las páginas de turismo se muestra la increíble variedad del país.

Varias empresas e instituciones bolivianas, españolas, francesas y de Estados Unidos han incluido avisos publicitarios, con lo que han contribuido a subvencionar una edición que marca un hito en la historia del Periodismo boliviano.

En España hay más de 350 mil bolivianos, un 80 por ciento sin documentación legal, lo que implica una fuerte necesidad de contar con información que le permita vivir con dignidad. El editorial de esta edición plantea un debate sincero sobre el papel de los migrantes bolivianos en el mundo"

Argentina hacia nuevas elecciones, presidenciales y estratégicas.

2007-07-18T01:34:00.000-05:00

por Vanni Pettinà

Faltan menos de cuatro meses para que en Argentina se celebren nuevas elecciones presidenciales. Kristina Kirchner, esposa del actual presidente de la Republica sur americana y actual senadora, propone su candidatura en un momento en que el contexto político y económico internacional impone, de una vez por todas, que el país elija la estrategia general a seguir para los años futuros.

El frío y las bajas temperaturas que en estos días asedian Buenos Aires parecen casi ser la consecuencia climática de la frialdad que ha ido caracterizando las relaciones de este país con Europa y Estados Unidos a lo largo de los últimos años. A la senadora, que tiene óptimas probabilidades de ser elegida como futura presidenta, corresponde la tarea de modificar esta situación o, al contrario, seguir apostando por una estrategia política como la actual que, de hecho, ha producido la falta de sintonía entre los tres actores.

Las relaciones entre Washington y Buenos Aires han vivido en los últimos años de altibajos. Sin embargo, el “coqueteo” siempre más intenso entre Chávez y Krichner, culminado en la reciente institución del Banco del Sur, ha creado una creciente preocupación en Washington. Para los norteamericanos, subsiste no sólo una cuestión de intereses económicos, amenazados por las políticas de nacionalizaciones llevadas a cabo por los gobiernos de Kirchner y de Chávez. Lo que molesta en Washington es la dimensión política del problema que Venezuela representa en la región y, cada vez más, sobre una escala global. La creciente falta de democracia interna en el país andino, la oposición a Estados Unidos que pasa por una insensata cuanto coherente estrategia de alianza con el gobierno islamista iraní de Mahmud Ahmadinejad y con la Cuba de Fidel Castro, son las cuestiones que están en la base de los temores estadounidenses.

El Departamento de Estado distingue claramente entre un grupo de Países latinoamericanos donde gobierna la izquierda, constituido por Brasil, Uruguay y Chile, con el cual las relaciones son “excelentes” y otro núcleo, representado por Venezuela, Bolivia y Ecuador, con el cual el es prácticamente imposible dialogar. En los últimos meses la administración Bush ha realizado un esfuerzo diplomático intenso por reanudar los vínculos con una región en la cual su atención política había desminuido a raíz de los acontecimientos desencadenados por el 11 de septiembre.

Recientemente han visitado la región el secretario del Tesoro, Henry Paulson; el de Comercio, Carlos Gutiérrez; el vicecanciller Nicholas Burns; y el encargado de las relaciones con la región en el Departamento de Estado, Tom Shannon. Los funcionarios estadounidenses visitaron tres países gobernados por variantes distintas de la izquierda: Brasil, Uruguay y Chile. Y evitaron Argentina. Es más, Paulson participó el pasado jueves, en Montevideo, en una reunión con los ministros de Economía uruguayo, chileno y mexicano. Ningún representante argentino participó del encuentro. Evidentemente, como lo afirmó el mismo Secretario de Estado norteamericano, Argentina se encuentra en el medio de los dos grupos, en una situación en la cual no se podrá quedar por mucho tiempo. Se equivocan en Buenos Aires si creen que la evaluación política de la actitud argentina cambiará en caso de victoria democrática: la cuestión tiene todo el sabor de ser una “bipartizan” en Washington.

Con Europa, la situación no es mejor. Brasil acaba de suscribir un acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea. La presidencia de la Unión que será portuguesa a lo largo de los próximos seis meses contribuirá a reforzar ulteriormente la interlocución privilegiada que Bruxelles está manteniendo con Lula en la región del cono sur.

En los próximos días Kristina Kirchner viajará a España donde mantendrá encuentros políticos de altos niveles. Será recibida por los Reyes y verá al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La candidata presidencial es un huésped bien conocido en Madrid, donde su acogida siempre ha sido de las mejores. Sin embargo, otra vez, se equivocarían en Buenos Aires al pensar que Madrid pueda asumir por esto una posición más dialogante con respecto a la política “amistosa” que Kirchner mantiene con Chávez. En primer lugar, es el mismo clima de las relaciones entre los dos países que ha registrado un número creciente de problemas en los últimos tiempos. De hecho, la argentinización de YPF no ha hecho ninguna gracia a Madrid. En segundo lugar, el actual gobierno socialista no puede permitirse, en víspera de las elecciones que se celebrarán en marzo de 2008, una actitud hostil estadounidense, eventualidad muy probable en el caso de que Madrid decida apoyar las actuales políticas filo-venezolanas de argentina. Es verdad que España ha tenido una actitud menos dura que Washington con Venezuela. Sin embargo, en ambientes diplomáticos se dice que son los mismos estadounidenses quienes favorecen dicha estrategia diplomática en la esperanza que Madrid pueda ejercer algún tipo de influencia positiva sobre Chávez.

Aunque es evidente que las simpatías entre Kirchner y Chávez son sólo un elemento de una estrategia argentina más amplia y que tiene cómo objetivo último hacer frente a la creciente hegemonía regional de Brasil, la alianza con Caracas no parece dar frutos adecuados comparados con los problemas que está causando. En este sentido, frente al futuro presidente argentino se abren dos caminos a elegir: o seguir con la actual política de tambaleo entre el más clásico de los populismos latinoamericanos, bien representado por Chávez, o pasar de una vez el “Rubicone” y seguir el recorrido tomado por Chile, Brasil y Uruguay que parecen poder conjugar una política progresista, con el respeto de unos valores democráticos básicos y, sobre todo, sin caer en el vetusto paraguas del imperialismo estadounidense como causa de todos los males continentales.

Para Argentina son tiempos de elecciones, no solamente presidenciales sino, también, políticas y estratégicas.

*Las opiniones expresadas en este artículo son de entera responsabilidad del autor. No comprometen, en absoluto, a la institución que el autor representa o en la que trabaja actualmente

Algunas reflexiones teóricas sobre descentralización

2007-07-11T01:55:00.000-05:00

por Horacio Barrancos Bellot

En esta ocasión he querido presentar algunas reflexiones teóricas necesarias a la hora de debatir una reforma a la descentralización, como las varias reformas que se están llevando a cabo en América Latina. El punto central de este artículo esta referido a cómo las entidades subnacionales descentralizadas inician, de forma natural, un segundo momento de la descentralización al organizarse entre sí para encontrar mejores y más eficientes soluciones territoriales coadyuvándose de formas diversas. Antes, a manera de introducción, deseo plantear cinco elementos básicos decarácter normativo que toda descentralización debe cumplir:

1. La cadena de mando en la toma de decisiones estratégicas y operativas, tanto en lo administrativo como en la producción de servicios y obras publicas no puede vulnerar el proceso de desconcentración del poder, de la gestión administrativa, operativa y de las finanzas públicas; por cuanto, no debe retenerse en el nivel central de gobierno tales decisiones, salvo en los casos que por tratarse de bienes públicos no locales y por principio de subsidiaridad deba ser el gobierno central el responsable de su ejecución, en concurrencia o no con los otros niveles de gobierno descentralizado.

2. El modelo de descentralización fiscal debe fortalecer la capacidad de gestión proveyendo a los diferentes niveles de gobierno los instrumentos necesarios para ejercer determinados grados de autonomía financiera.

3. Debe reducirse al mínimo las brechas que suelen crearse entre las competencias otorgadas/transferidas y las competencias que efectivamente se ejercen (competencias absorbidas).

4. Puesto que todo proceso de descentralización conlleva el traspaso de responsabilidades políticas, administrativas, de programación, operación, seguimiento, control, financieras, regulativas y legislativas -además de un complejo entramado de relaciones intergubernamentales- las administraciones públicas subnacionales deben estar dotas de las capacidades de gestión suficientes para responder a esas responsabilidades. De lo contrario, se crearían cuellos de botella, ineficiencias administrativas y fallos operativos, dando lugar a que el nivel central de gobierno sea quien, naturalmente, retome las funciones que reporten problemas en los niveles descentralizados.

5. Debe existir un sistema de balances y contrapesos. La descentralización debe ser un proceso político y administrativo equilibrado; esto significa que las nuevas potestades ejecutivas de los niveles de gobierno subnacionales deben ser fiscalizadas y reguladas por niveles subnacionales de control y fiscalización. En ese sentido es indispensable la existencia de algún modelo de órgano legislativo subnacional, así como es indispensable la existencia de medios de participación ciudadana en la formulación, ejecución, seguimiento y control de la gestión pública subnacional.

Ahora bien, suponiendo la existencia de las cinco capacidades antes señaladas, resulta natural que los niveles de gobierno local ensayen formas alternativas de organización territorial con sus vecinos. Sin desmerecer la posibilidad de que la misma práctica se repita en los mezo-gobiernos, el tamaño de un distrito municipal y las características de determinados bienes públicos locales hacen propicio el terreno para combinar esfuerzos y recursos locales dando inicio a un nuevo ciclo o momento de arreglos institucionales. Si descentralizar el gobierno hacia las regiones y los municipios es un primer momento, las diferentes formas de recomposición territorial local –o regional- representan un segundo momento, así como el fenómeno de la internacionalización de las regiones representa un tercer momento.

Este segundo momento es particularmente intenso porque supone diseñar un conjunto de nuevas reglas organizativas donde la corresponsabilidad, la eficiencia, la financiación, el tamaño, la forma de interrelación y los miembros de las nuevas organizaciones territoriales son palabras clave. Las entidades descentralizadas pueden, pues, recomponerse en al menos tres formas: fusionarse, asociarse o aglomerarse.

La fusión supone la reagrupación de dos o más territorios institucionales con igualdad jerárquica en uno nuevo. La característica esencial de esta modalidad consiste en que los entes fusionados pierden su total autonomía a favor de la entidad naciente del mismo rango. Esto significa reunir sobre un mismo territorio administrativo, financiero y político, a varios entes locales que asumen diversas funciones de un área determinada. Asociarse, en cambio, supone una formula de colaboración entre dos o más entidades territoriales –dotada de personalidad jurídica– para proveer uno o varios bienes públicos locales. Suelen presentarse dos formas de asociación o mancomunidad, la de asociación de objetivo único y la de objetivo múltiple. De esta manera las entidades mancomunadas renuncian una parte de su soberanía en la oferta y la gestión de los bienes y servicios públicos, para delegarla en la nueva institución.

La aglomeración, en cambio, es una forma de cooperación con vocación múltiple, a medio camino entre la asociación y la fusión, que intenta aprovechar los rendimientos de escala potenciales, de tal modo que se consigan contener los costos de producción. El nuevo ente creado proporciona, además, la oportunidad de resolver la congestión, adaptando la función de producción de los servicios públicos a su demanda global, sin que se adapten exclusivamente a la demanda de la colectividad administrativa que los produce, de tal suerte que permite internalizar los efectos externos. El resultado es una entidad que conjuga los conceptos de territorios institucionales y funcionales.

Las competencias de la nueva entidad –la aglomeración- tienen que ver con actuaciones en materia de desarrollo económico, ordenación del espacio comunitario, el equilibrio social de los ciudadanos en el territorio en el que se intersectan las entidades territoriales, y otras relativas a la planificación del uso del suelo urbano y/o rural. La autonomía administrativa en una aglomeración está relacionada a la creación de una entidad supraterritorial (supramunicipal, supracantonal, supraprovincial o supraregional) común en la que cada uno de los miembros tiene capacidad resolutiva. Se respeta la autonomía legislativa de cada entidad miembro y se la ejerce cuando deciden a quién corresponde esa tutela; es decir, cuando se decide si sobre una materia en particular y en un momento en particular rigen las normas de la aglomeración o de las entidades miembro. Una aglomeración supone una cualidad democrática importante; otorga a la población la posibilidad de participar vía referéndum. Por tanto, los ciudadanos tienen participación sobre las decisiones finales reduciendo así los naturales desincentivos al voto que se observan en el caso de la asociación. Esta forma de participar pone en igualdad de condiciones a todos los miembros de la aglomeración, lo cual activa sistemas de oposición cuando una entidad ejerce dominación sobre otras.

Las formas de cooperación intercomunal por aglomeraciones han sido abundantes en muchas experiencias europeas. En España, Francia, Alemania e Italia abundan casos de este tipo circunscritos a las metrópolis urbanas. Ejemplos similares también pueden referirse en Argentina (el gran Buenos Aires) o México (México D.F. y el Estado de México) sin ser éstos los únicos casos.

Finalmente, dos temas cruciales en estas formas de interacción territorial son la financiación y el tamaño o la jurisdicción territorial. Dejamos la financiación para después, con el interés de cerrar estas reflexiones con el foco puesto en la delimitación del territorio que se integra a la aglomeración. El tamaño óptimo dependerá de las tareas que se le atribuyan bajo un principio de fusión selectiva de bienes y servicios públicos. Pueden ensayarse dos aproximaciones: una basada en criterios de eficiencia económica y otra basada en la concurrencia o convergencia de objetivos, intereses o recursos.

El principio económico supone la tarea previa de identificar bienes públicos que pueden ser provistos localmente, pero cuya eficiencia mejora si los recursos económicos se suman para aprovechar economías de escala. Los modelos de aglomeración más actuales se basan en la teoría económica de las curvas envolventes de la función de costos, dejando en última instancia la decisión a las negociaciones e intereses políticos. La segunda aproximación, parte de poner en un mapa al menos tres elementos: tareas comunes, colaboración preexistente y condiciones geográficas para identificar el centro de referencia de la aglomeración.

Estas tres formas de recomposición territorial (fusión, asociación y aglomeración) tradicionalmente han enriquecido la gestión pública local brindando mejores instrumentos de gestión y participación ciudadana. Han aportado al desarrollo de las regiones y en muchos casos han dado forma institucional a las grandes metrópolis. Subyacentes a estos modelos, están principios económicos, pero fundamentalmente están cuestiones de tipo político, tradiciones y coincidencias culturales y geográficas. Crear una entidad territorial superior no es un trabajo sencillo, por tanto no debe dejárselo a la suerte de la iniciativa local o regional; por el contrario, sus mecanismos de creación, funcionamiento y terminación deben estar regulados y preconcebidos en el diseño grande de la descentralización. Supone un trabajo técnico especializado, pero por sobre todas las cosas, supone un verdadero compromiso nacional por la descentralización, de ahí que la tarea de inicio –el primer momento- pasa por los cinco puntos señalados en los primeros párrafos de este artículo.

Descentralizar no es sólo una cuestión política, pero tampoco únicamente económica. Es una cuestión multidisciplinaria, por ello no está demás echar mano del conocimiento científico existente, en un momento en el cuál varias de las naciones latinoamericanas están reformulando sus políticas de descentralización.

Streaming video post casts

2007-07-03T18:09:00.000-05:00

Tener acceso a lo más importante y actual del conocimiento ha estado reservado, casi siempre, a la comunidad académica de las mejores universidades del mundo. Presenciar una conferencia de Ferguson, Solow, o Kooiman fue posible sólo si se tenía la oportunidad de acceder físicamente al lugar de la conferencia. Tal cosa suponía inumerables costos y requisitos (matriculación, invitación, etc.). Afortunadamente, algunas instituciones están ya comprometidas en superar estas barreras. En ese emprendimiento, un grupo de las universidades más prestigiosas del plantea ha decidido poner sus conferencias al alcance de más personas.

INFORME, se ha sumado a ese proyecto poniendo a disposición de su público la transmisión en vivo por Internet de varias de las más importantes conferencias académicas del mundo. Inauguramos esta sección con la conferencia magistral “The human cost of trade and economic liberalization” dictada en la Universidad de Columbia por el premio Novel en economía Robert Solow, el economista líder en desarrollo Jagdish Bhagwati y el famoso economista liberal Paul Krugman. El evento fue organizado por la School of International and Public Affairs (SIPA), en abril de 2006.

En un lenguaje sencillo y afable, nuestros disertantes debaten sobre las fuerzas de la globalización que han afectado las tendencias migratorias facilitando el flujo tranasfronterizo de productos, tecnologías y personas. Póngase cómodo, disfrute de estas tres magistrales conferencias y envíenos sus comentarios.

Solow Bhagwati Krugman

Pulsando en los vínculos correspondientes, se dará inicio a la transmisión de las videoconferencias, por lo cual le recomendamos usar una conexión a Internet de alta velocidad, así como configurar Real Palyer o Windows Media Player como programas predeterminados de mediaplayer .

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O desenvolvimento da base , um investimento para a eficácia da descentralização.

2007-07-03T12:53:00.000-05:00

por Sílvia Morais

Um governo é eficaz e participativo como resultado de uma sociedade capaz e consciente das vantagens de um ambiente democrático ou é um governo capaz e participativo que gera uma sociedade consciente e capaz de decidir seu próprio rumo?

Atrevo-me a dizer que nenhum governo se faz eficiente, se não tiver uma sociedade civil capaz de ser um espaço de exercício da cidadania e da democracia e possuir uma enorme articulação com a comunidade na qual está inserida, dando espaço para que todos protagonizem sua própria trajetória política e social.

Uma sociedade civil de base, fortalecida nos aspectos democráticos, de transparência e participação é fundamental para o processo de descentralização do governo, iniciado na década de 80 em grande parte dos países latino-americanos, delegando poderes e responsabilidades aos municípios na implantação e implementação de políticas públicas. O processo de descentralização gerou um novo modelo relação cidadão-governo, dando uma maior possibilidade de participação para este cidadão no contexto em que está inserido e no qual o governo municipal, por estar também estar mais próximo, tenderá a ter maior conhecimento das especificidades históricas, sociais e políticas deste território.

Há que se investir para que a sociedade civil de base seja forte aliada dos governos municipais, possibilitando que esta relação seja estabelecida por princípios democráticos e participativos. Quanto mais experiência vivida Governo e Sociedade Civil tiverem, maiores as possibilidades das instituições geradas por meio da descentralização serem mais efetivas em suas decisões, tais como conselhos municipais, orçamentos participativos, etc.

A democracia é antes de tudo um processo pessoal, e que necessita ser experimentado para fazer ser incorporado e fazer parte do dia-a-dia do cidadão. Não basta só a instituição por parte do governo de meios para a participação, é preciso que os cidadãos encontrem este espaço na sociedade civil organizada, da qual ele participe e se organize, que faça escolhas e aprenda a exercitar o ato de escolher e sugerir caminhos para um governo local.

Além de um processo pessoal, a democracia é um processo coletivo e de causas comuns, buscando nas organizações de pessoas e instituições, espaços de diálogo construtivo com o Governo. Entretanto, na América Latina ainda temos que caminhar muito com o objetivo de alcançarmos uma participação cidadã e contarmos com organizações sociais de base que se desenvolvam em modelos de gestão que pressuponham a influência nas políticas públicas, visando sua melhoria e adaptação à própria realidade.

Logo, investir no desenvolvimento da base da sociedade civil latino-americana é fortalecer o governo e o processo de descentralização, pois se a sociedade civil organizada é forte, transparente e cidadã, então é capaz de empoderar a população, proporcionando não um canal de choque com o governo, mas um caráter mais comunitário e colaborativo, e assim permitir que a população se situe sobre a capacidade que tem de:
· Influenciar positivamente nos processos de planejamento governamental;
· Cobrar efetividade do governo na implementação e no planejamento de políticas públicas;
· Requerer serviços públicos necessários;
· Ampliar o acesso à infra-estrutura e aos serviços públicos;

Infelizmente, não estamos falando de uma situação da qual nossa sociedade civil já tenha amplamente percebido esta possibilidade. Temos grandes e significativos exemplos, em todos os países, mas ainda há muito por fazer.

Por outro lado, desde a década de 90, um movimento significativo da sociedade empresarial latino-americana iniciou um forte processo de filantropia empresarial que ampliou não só sua participação, como efetivamente, sua contribuição financeira e técnica para a sociedade civil. Só no Brasil, em dados recentes do Censo GIFE[2], há um amplo crescimento do volume financeiro e técnico deste setor, que apontam um movimento ao redor de 440 milhões de reais (aproximadamente US$ 220 milhões) em 2006, já tendo alcançado 770 milhões de reais (aproximadamente US$ 370 milhões) em 2004.

Se o volume investido é grande, ainda é pouco perto do investimento do Governo para as políticas sociais. Se há investimento técnico, ainda é pequeno para o fortalecimento das organizações sociais de base. Passadas duas décadas, a filantropia empresarial tem hoje o desafio da escala e da efetividade.

Trazendo novamente a realidade brasileira para aprofundar a questão, segundo uma análise mais aprofundada deste Censo Gife, Simom Schwartmam do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), responsável pela análise técnica dos dados levantados afirma:
“De maneira geral, as organizações que participam do GIFE estão satisfeitas com os benefícios que proporcionam às pessoas e às entidades que atendem, mas reconhecem que seu impacto sobre a região e o país é mais limitado. Isso não poderia ser muito diferente, dada a desproporção entre o grande volume de recursos já investidos pelo setor público e privado no Brasil e na área social e os recursos dos quais os associados do GIFE podem dispor, por mais significativos que sejam. Por outro lado, a flexibilidade e os recursos que essas organizações são capazes de mobilizar poderiam permitir um impacto mais amplo, ajudando a desenvolver novas formas de implementação de políticas sociais, que pudessem ser multiplicadas, e cooperando com o setor público de forma mais sistemática”.(Censo Gife, 2006, páginas 2 -3).

O fortalecimento da sociedade civil de base com o objetivo de proporcionar atuações mais democráticas, transparentes e em rede, visando à melhoria da qualidade de seus programas e projetos, e principalmente possibilitando influir em políticas públicas pode ser, portanto, um modelo a ser pensado e avaliado pela filantropia empresarial na América Latina, pois apresenta maiores condições de impactar em escala e poder de transformação de longo prazo.

* Este texto expressa única e exclusivamente uma opinião da autora, sem nenhum vínculo com a instituição da qual representa.

[1] "Desenvolvimento de Base" é a capacidade de grupos ou organizações sociais de populações pobres de autoconvocação, de definir coletivamente suas necessidades, de identificar alternativas de ação mais viáveis para a superação de seus problemas, capacidade de formular e executar programas e projetos, avaliar avanços e dificuldades. Esta capacidade organizativa e de ação coletiva permite que os grupos de base se convertam em protagonistas de seu próprio desenvolvimento e renovem constantemente sua disposição para seguir participando da orientação do destino coletivo da comunidade. (Villar, Rodrigo. 2004a. Niveles de intervención en el desarrollo de base). Cuadernillo 1. En Construír Juntos. Una propuesta para hacer desarrollo de base. Programa de Construcción de Capacidades. RedEAmérica)

[2] O GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) é a primeira associação da América do Sul a reunir empresas, institutos e fundações de origem privados ou instituídos que praticam investimento social privado - repasse de recursos privados para fins públicos por meio de projetos sociais, culturais e ambientais, de forma planejada, monitorada e sistemática.

Lo duro de la lucha

2007-06-27T00:55:00.000-05:00

por Marija Selaković Barrancos

¿Cuál es la postura y la política que un Estado debe aplicar en el caso de la lucha contra el narcomenudeo y el crimen organizado? Esta pregunta actualmente está en la mente de las autoridades mexicanas que se encuentran en pleno combate contra este mal. Aunque se pude decir que la lucha decisiva contra el tráfico de drogas en México empezó hace un año y medio en la gestión del Presidente Fox, solo con la llegada al poder del Presidente Felipe Calderón ella se convirtió en una de las más importantes prioridades del Gobierno mexicano. En esta lucha, a diario se usan tanto armas, como estrategias y prácticas vistas en las guerras de baja intensidad.

Según los datos publicados por la Procuraduría General en este lapso en el país hubo más que 1270 ejecuciones relacionadas con el narcomenudeo. En relación a esto, según informan los noticieros capitalinos, hace solo dos semanas, en un día hubo más personas ejecutadas en México que en Iraq, país que se encuentra en pleno estado de guerra. Lo que México experimenta como consecuencias secundarias de esta ola de violencia y crimen organizado, directamente relacionados con el tráfico de drogas, son bajas en la inversión extranjera, de número turistas visitando México y frecuentes advertencias del State Department de EEUU a sus ciudadanos sobre la falta de seguridad en México. Pero el efecto principal visto a comienzos del año en curso, fue el amplio consenso sobre la necesidad de una lucha efectiva contra los narcotraficantes. Adicionalmente, por el compromiso retomado por parte del Gobierno central y todo su aparato estatal, se eliminó en la medida de lo posible la fragmentación de la representación política, hecho que debería ayudar en esta dura lucha. El sentimiento dominante en el México de hoy, es el deseo de que haya seguridad y paz para todos - desde los padres de familias, hasta los representantes de los tres poderes del Estado.

Ricardo Ravelo en su libro Herencia maldita nota que la raíz del mal que representa el narcomenudeo yace en la demanda. Y México tiene como vecino al consumidor más grande del mundo - los Estados Unidos. El hecho que México hoy día funge, por un lado, como puente natural de las drogas provenientes de América del Sur destinadas sobre todo al mercado estadounidense, y por otro el hecho que México sea el destino del tráfico ilegal de armas proveniente del vecino norteño (según datos oficiales del Estado, entre 60 y 80% de armas ilegales en México provienen de los EEUU), fueron uno de los temas que discutieron los Presidentes Calderón y George W. Bush, durante la última visita a México. En esta ocasión, el mismo anfitrión hizo un llamado público al Gobierno estadounidense para ayudar a la lucha mexicana (e internacional) contra el narcomenudeo, controlando el nivel de demanda de drogas en su propio territorio.

Analizando más en detalle las políticas del Estado mexicano de los últimos tres Gobiernos. El autor sostiene que a fines del largo período del Gobierno del PRI, en México operaba una “convivencia” de los elementos del crimen organizado relacionado con el narcomenudeo y el Gobierno. A los productores y narcotraficantes se les dejaba operar en ciertas, bien definidas áreas del país, con tal de que todos cumplan con aquellas “reglas de juego”. El mayor daño sufrieron los jefes de bandas criminales ejecutándose entre si. Parte de esa convivencia se extendió durante el Gobierno del Presidente Fox, hasta el momento en el cual comenzaron dos luchas: la lucha por poder y territorio entre los carteles; y la lucha que emprendió el nuevo Gobierno contra el famoso cartel de Tijuana, que operaba en ambos lados de la frontera. En esta época ocurrió también un nuevo fenómeno – a México llegaron los mercenarios paramilitares de Guatemala para prestar sus servicios a los carteles. Aunque la opinión pública a veces niega cualquier esfuerzo en esta lucha al Gobierno foxista, persiste el hecho de que durante su mandato, el Estado mexicano emprendió una lucha que necesariamente nos recuerda a la de Colombia de hace 20-30 años, cuando el Estado se confrontó a los carteles de Medellín y Cali. Hoy, la lucha contra el narcomenudeo en Colombia es aún más avanzada y complicada que en aquel entonces, porque allí, tanto como en México, según Ravelo, quisas falta mayor determinación y compromiso del Estado para acabar definitivamente con el cultivo y los delincuentes involucrados. En un artículo recientemente publicado sobre el tema, El Universal informa que casi el 80% de la producción de cocaína de Colombia pasa por México.

Hoy, hay más que 20 mil miembros de la Procuraduría General de la República, las secretarías de Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública que participan en seis operativos lanzados en la lucha contra el narcomenudeo en México, que a este país le cuestan más de 1,8 millones de dólares. Después de unos meses de lucha dura contra el crimen organizado, el Gobierno del Presidente Calderón se vio obligado a sustituir varias formaciones policiales, y sobre todo locales, con elementos militares, ya que surgieron informes que las primeras estaban involucradas con los carteles. El principal objetivo de dichos operativos es la recuperación y retoma del territorio nacional de manos del crimen organizado, y reestablecimiento de la autoridad del Estado en el territorio donde operan carteles del Golfo, Sinaloa, Sonora y Tijuana; en esperanza de que de esta manera se inhiban las manifestaciones de violencia extrema relacionada con el narcomenudeo. No faltan los representantes de la oposición mexicana que reprochen al Gobierno, que ningún miembro suyo nunca incluyó entre los objetivos de esta lucha también la destrucción completa de los cultivos, la captura de los líderes del tráfico, la desaparición del tráfico y el mismo consumo.

Es evidente que en la lucha contra el narcomenudeo, México lo tiene duro. En el intento de establecer el Estado de derecho en todo el territorio mexicano, su Gobierno necesita enfrentarse tanto a los grupos criminales, como a la opinión pública y a los representantes de la oposición, cuyas voces en contra del uso del Ejército (sobre todo por falta de clara regulativa judicial sobre los usos del mismo en tiempos de paz) son cada día más agudas. El Presidente Calderón, por otro lado, goza del apoyo pleno para estas acciones de los Gobernadores de los Estados mexicanos, que lo expresaron públicamente en su último Congreso, justo en el momento cuando la lucha se ponía muy dura.

Usando términos deportivos, en esta lucha mexicana, en la cual por ahora nadie puede cantar victoria, se enfrentan los rudos y los técnicos. Esperamos que por el bien del país y la comunidad internacional ganen los con mejor técnica y destreza; que se logren los resultados materiales y se termine con la producción y el tráfico de drogas.

*Las opiniones expresadas en este artículo son de entera responsabilidad del autor. No comprometen, en absoluto, a la institución que el autor representa o en la que trabaja actualmente.

El punto sobre Cuba

2007-06-25T20:43:00.000-05:00

por Vanni Petinnà

Al alba del 18 de marzo de 2003 el gobierno cubano, aprovechando la falta de atención general de la comunidad internacional distraída por los prolegómenos de la guerra en Irak, lanzó una larga operación policial en contra de supuestos elementos subversivos de la sociedad cubana. Entre los 78 condenados a penas de cárcel, se encontraban sobre todo escritores, periodistas y miembros de organizaciones para la defensa de los derechos humanos, acusados de haber complotado, bajo el encargo de la Oficina de Interés estadounidense, el derrocamiento del gobierno cubano. Por medio de juicios cuya regularidad e imparcialidad han resultado ser por lo menos discutibles, dichos actores subversivos fueron encerrados en las cárceles cubanas donde, en su mayoría, permanecen hoy todavía allí encerrados. La dureza de la represión de marzo del 2003 tenía unas razones claras y evidentes. En los meses previos, el líder de uno de los movimientos más activos en la lucha por la democratización del sistema político cubano había logrado desafiar seriamente a Fidel Castro.

Utilizando la misma constitución cubana, que reconoce la existencia del referéndum como un instrumento de la “democracia popular cubana”, Oswaldo Payá había logrado convencer a miles de cubanos de que firmaran una solicitud para convocar un referéndum que activase un proceso real de apertura democrática de las instituciones cubanas, el así llamado “Proyecto Varela”. En el mismo periodo, había crecido en Cuba el número de publicaciones independientes, entre las cuáles destacaba Cuba Press de Raúl Rivero. El desafío representado por el “Plan Varela”, la proliferación de publicaciones independientes y la reacción positiva de muchos ciudadanos cubanos condujeron directamente a la Primavera Negra.

De manera paradójica, la represión de la primavera del 2003 ha tenido algunos efectos positivos. A distancia, en el tiempo, y en un momento en que el escenario político de la isla parece haber adquirido una nueva fluidez, parece oportuno analizarlos para hacer el punto sobre la situación cubana.

En Europa, la amplitud de una represión concentrada eminentemente sobre intelectuales pacíficos tuvo, por lo menos, el efecto positivo de abrir los ojos sobre las características marcadamente autocráticas, cuando no totalitarias, del régimen cubano. La formulación de un juicio más crítico acerca de la situación cubana acontecía en un contexto como el europeo donde el largo gobierno castrista, prácticamente en el cargo desde el año 1960, había sido siempre juzgado de una manera benigna. Escritores e intelectuales que habían tradicionalmente simpatizado con la revolución cubana dados los avances sociales efectivamente logrados a lo largo de sus casi cincuenta años de historia, tomaron una posición de rechazo absoluto hacia la que interpretaron como una transformación de la revolución en un régimen anti-democrático y fuertemente represivo. Así pues, la decisión de José Saramago de abandonar el carro de la Revolución cubana, queda sintetizada en la frase “hasta aquí he llegado. Desde ahora en adelante Cuba seguirá su camino, yo me quedo” ha facilitado probablemente un más amplio reconocimiento de la pertenencia de la Revolución cubana a la experiencia histórica de los autoritarismos que han difusamente salpicado el siglo XX. Los acontecimientos de la primavera del 2003 parecen haber reforzado una posición que, lejos de haberse consolidado en Europa y, sobre todo, en América latina, destaca la imposibilidad de disyunción entre derechos civiles y derechos sociales. De esta manera, aunque la Revolución haya efectivamente alcanzado conquistas relevantes en términos de seguridad social, su política es condenable porque en cincuenta años no ha sido capaz de garantizar a su población el goce completo de sus libertades políticas y civiles. Esta reflexión sobre Cuba llega probablemente con retraso y, sin embargo, con una puntualidad que proporciona un marco conceptual más sólido para analizar fenómenos parecidos que se están dando en el continente en los últimos años. Véase, por ejemplo, la revolución bolivariana de Hugo Chávez donde dicha disyunción permanece inalterada.

Al mismo tiempo, este pasaje no tiene que traernos en engaño. No se trata solo de una novedad simbólica, porque el reconocimiento de la calidad política de la experiencia castrista ha abierto finalmente la posibilidad de adoptar nuevas políticas hacia Cuba, en el seno de una Unión Europa. En sus primeros pasos, la posición europea había descontado la existencia de aquel cordón nostálgico, señalado más arriba, que ataba la gran mayoría del mundo intelectual europeo a la experiencia revolucionaria cubana. Sin embargo, frente a la Primavera Negra y al rechazo general causado por las encarcelaciones masivas, la Unión Europea ha decidido congelar sus relaciones con uno de los últimos regimenes comunistas del globo y suspender las negociaciones para la firma de un acuerdo de ayuda económica. El diálogo con La Habana ha quedado cerrado y completamente supeditado a las reformas democráticas en la isla.

Dicho esto, hay un problema que conviene subrayar para cerrar esta breve reflexión sobre la situación política cubana. El haber adoptado finalmente una posición crítica acerca del régimen cubano no equivale automáticamente haber elegido una estrategia eficaz para facilitar la transición democrática en la isla. La pasada semana la Unión Europea (UE) ofreció al Gobierno cubano la posibilidad de volver a normalizar sus relaciones diplomáticas sustancialmente interrumpidas en el marzo de 2003, con la condición de entablar un dialogo serio sobre la cuestión de los derechos humanos. Este cambio en la actitud diplomática de la UE acontece a raíz de las presiones españolas que, como demuestra el viaje efectuado por el Ministro de Exteriores español Miguel Ángel Moratinos en Cuba hace pocas semanas, empuja para la adopción de una estrategia más dialogante con el gobierno cubano. A su vez, la estrategia diplomática española ha sido objeto de duras críticas por parte del gobierno estadounidense. En su última y reciente visita a España el Secretario de Estados Unidos, Condoleeza Rice ha cuestionado formalmente la efectividad de la posición española que, según Washington, tendría el único efecto de fortalecer la posición del régimen de Castro y retrasar la posibilidad de una transición democrática en la isla.

El conflicto entre Madrid y Washington ha vuelto así a abrir el añoso tema sobre la estrategia más eficaz para favorecer la democratización del escenario cubano: ¿diálogo con el régimen como propone España u oposición frontal, como desde 1961 llevan haciendo los Estados Unidos?

Es difícil dar una respuesta a este problema, sin embargo algunas consideraciones nos pueden ayudar a aclarar algunos puntos.

Queda claro que las diferencias entre Washington y Bruselas están relacionadas finalmente sólo con un problema de diferente visión sobre la estrategia, dado que el objetivo común es la transición democrática en Cuba. En este sentido, podemos afirmar que la estrategia diplomática estadounidense no ha dado hasta ahora grandes frutos. El instrumento del embargo económico se ha demostrado en Cuba, así como en muchos otros escenarios, un medio poco eficaz a la hora de debilitar el poder político autocrático, mientras sus costes para la población civil han sido tradicionalmente muy elevados. En segundo lugar, el embargo sigue a una serie de fallos tácticos cometidos por los estadounidenses en los primeros años de Revolución en el intento de derrocar a Castro; en concreto la invasión de Cuba en el abril de 1961 por parte de una armada de exiliados cubanos sostenidos por la CIA y las estrategias de atentados en Cuba que apuntaron hasta la eliminación física de Castro. Dicho acontecimientos han tenido como resultado principal reforzar al régimen y debilitar la imagen internacional de Washington, erosionando así sus capacidades de persuasión.

Al mismo tiempo, la estrategia que Madrid propone para Cuba presenta algunos problemas que no se pueden esconder. El Gobierno de Castro no reconoce legitimidad a la oposición interna. De esta manera, mantiene una negativa constante a que los delegados europeos se encuentren con miembros de la oposición. Es decir que o se mantienen relaciones con el gobierno o con la oposición. Así pues, en su último viaje en Cuba, Moratinos eligió no reunirse con los representantes de la oposición interna, causando gran conmoción entre los mismos y cosechando las citadas críticas del Secretario de Estado norteamericano.

Ahora, en los últimos meses en el escenario cubano se han producido elementos de novedad. El más relevante es la enfermedad que, por primera vez desde 1961, ha obligado a Castro a traspasar sus funciones a su hermano Raúl. Se trata de una novedad que permite un reajuste de la estrategia hacia la isla. Aunque Castro parece haberse parcialmente recuperado, difícilmente recuperará sus funciones de modo completo y, si lo hará, sus ochenta años no garantizan una larga permanencia en el poder. En síntesis, algo se está moviendo en la política cubana y a medio plazo, parece poder favorecer un proceso de reforma democrática en la isla. En este sentido, cualquier nueva estrategia europea y estadounidense hacia Cuba tiene que orientarse hacia el progresivo reconocimiento por parte del régimen de la existencia de una oposición interna. Dicho en otras palabras, parece correcta la abertura ofrecida por la Unión Europea la semana pasada, porque interpreta bien el cambio que se ha puesto en marcha en el arquitectura de poder cubana. Sin embargo, dicho cambio tiene que conducir al reforzamiento del papel de la oposición democrática interna a la isla y no a su marginación. Al mismo tiempo, Washington tiene que librarse del complejo que todavía parece condicionar su actitud diplomática hacia Cuba y estar dispuesto a relajar las sanciones económicas a cambio de aberturas por parte del régimen y a convencerse que la solución llegará desde el interior de la isla.

Es probable que esta combinación pueda producir resultados más útiles de los alcanzados hasta el momento. Sin embargo, la última palabra le corresponde al régimen cubano y a la sociedad civil de la isla. Desde la interacción entre estos dos actores llegará la transición democrática. Al mismo tiempo Washington y Bruselas no se pueden permitir fallos que podrían conducir a una guerra civil desastrosa y a una de las emergencias humanitarias más problemática de los últimos años.

*Las opiniones expresadas en este artículo son de entera responsabilidad del autor. No comprometen, en absoluto, a la institución que el autor representa o en la que trabaja actualmente.

Subsidios agrícolas, las nuevas murallas

2007-06-23T00:43:00.000-05:00

por Horacio Barrancos Bellot

Caminando por esas hermosas ciudades europeas que conservan restauradas sus murallas medievales, siempre me he detenido a observar lo bien que se han integrado en ellas lo último de la tecnología de nuestro tiempo. En sus calles interiores suelen pasearse coches de última generación, vidrieras con souvenirs o glamorosos artículos de moda y no es de extrañar el poder disfrutar de Internet WiFi, pagar con tarjetas de crédito o consultar desde el teléfono móvil el estado de las carreteras para el viaje de retorno. La modernidad y las nuevas prácticas han ocupado, armónicamente, aquellas hermosas ciudades donde ya no existe la necesidad de murallas, y cuya presencia se ha reducido a un importante valor histórico y turístico.

Sin embargo, las grandes naciones del mundo han remplazado esas viejas murallas por otras más efectivas e invisibles. Las barreras arancelarias y para-arancelarias, las barreras migratorias, el escudo anti-misiles de Busch y tantas otras. Escuchar al nuevo presidente del Banco Mundial o la retirada de Brasil y la India del G4, sólo me lleva a pensar que los países mas desarrollados utilizan las estrategias medievales para subsistir en este moderno y súper tecnificado mundo. Lo que es peor, exigen que los países menos desarrollados no jueguen con las mismas armas y les permitan obtener de ellos sus ganancias, esta vez bajo las reglas del comercio mundial.

En entrevista con Euronews, Robert Zoellick, nuevo presidente del Banco Mundial al ser cuestionado sobre los subsidios a la agricultura de Europa y Estados Unidos, dijo que […puede conseguirse una reducción muy significativa en estos países, pero hay que tener presente que lo que llamamos acceso a los mercados, apertura de mercados, será otro reto … hay que reconocer que no solo se trata de las cuestiones norte-sur, sino dentro del propio sur … preocupan los subsidios de Estados Unidos a este producto (algodón), pero también necesitas vender tu algodón en mercados como India y China…]. Lo que Zoellick está diciendo es que el Banco Mundial no va a compartir la lucha por la eliminación de los subsidios y que más bien los países del “sur” deberían tratar de vender en otros mercados, no en los mercados protegidos por los subsidios, no en el “norte”.

La posición de los países más desarrollados respecto a la protección de sus mercados internos no va a cambiar, eso significa la decisión de Brasil e India de retirarse del G4. Estos países no lograron que Estados Unidos y Europa flexibilicen su posición respecto a los subsidios a su agricultura, por eso abandonaron las reuniones que sostenían en Potsdam (Alemania). El fracaso de estas negociaciones pone en riesgo la ronda de Doha para liberalizar el comercio mundial, y es que los países más industrializados no quieren perder su liderazgo en las exportaciones mundiales y, lejos de querer favorecer a los países menos desarrollados, tratan de conseguir oportunidades para penetrar más en los mercados emergentes del sur.

A estas alturas, parece ingenuo pensar en reglas para el comercio mundial más justas. Pero es que claro, parece que la idea de “comercio justo” vigente en el mundo desarrollado tiene que ver más con las exitosas iniciativas del tercer sector, que con reglas dentro la OMC. Y es que los principios de economía positiva, rigen por encima de los de economía normativa.

Gobierno electrónico

2007-06-20T02:27:00.000-05:00

por Horacio Barrancos Bellot

En el marco de las reuniones preparatorias para la XVIII Cumbre Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, los Ministros de Administración Pública y de Reforma del Estado de 22 países (América Latina y la península ibérica) aprobaron la “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico”. Esta carta, ratificada en el “Consenso de Pucón”, declara que “mejorar la gestión pública en beneficio de los pueblos iberoamericanos y alcanzar una sociedad de la información y del conocimiento inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo, son propósitos importantes a los que contribuye el desarrollo y la consolidación del gobierno electrónico”.

Suena bien, pero ¿qué es esto del gobierno electrónico y cómo beneficia a la sociedad? Pues primero, debo decir que es un concepto y una práctica que no es nueva pero que aún sigue en etapa de desarrollo. Y, como su nombre lo sugiere, tiene que ver con la electrónica pero fundamentalmente con las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). Con lo cual, esta declaración ministerial sí es importante porque las TIC están marcando una brecha muy importante entre los países más desarrollados y los menos desarrollados. De ahí que reducir esta brecha es una necesidad para la democracia y la eficiencia de la gestión pública, más que una excentricidad de la era moderna.

Desarrollemos un poco más esta idea. El “gobierno electrónico” se refiere a los procesos y estructuras creadas para la oferta electrónica de servicios gubernamentales, apoyados en las TIC. En este sentido, la gestión pública se enfoca en la reestructuración de las organizaciones administrativas, promoviendo la descentralización, la mejora de las relaciones con los ciudadanos y la utilización de formas alternativas de gestión de servicios públicos para la sociedad civil Okot-Uma (2002). Como es de suponer, es una corriente gerencial de la nueva gestión pública.
Las ganancias que aporta este tipo de gestión van en dos direcciones: por un lado, mejora la eficiencia y la eficacia de la gestión; y por otro lado, dota al ciudadano de mejores instrumentos de control y de acceso a los servicios públicos; entre ellos:

- Permite que comunidades alejadas del ejercicio de la ciudadanía se organicen y participen.

- Crea condiciones para el empoderamiento de los individuos, las comunidades y la sociedad civil.

- Transparenta la gestión pública y mejora la difusión de la información para un adecuado control social y rendición de cuentas.

- Dota de instrumentos para la futura gobernabilidad.

Todo esto ha de suponer muchos cambios comenzando por sensibilizar a los Poderes Públicos para que se tornen más accesibles y más transparentes; implica una reestructuración de la administración pública; el gobierno debe adoptar nuevas prácticas de gestión de la información; reorientación de roles y responsabilidades hacia los individuos, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil; y por supuesto, supone crear la infraestructura necesaria para la sociedad de la información. Este compromiso ministerial asumido en Pucón, supone por tanto un desafío inmenso y multimillonario, que de concretarse modernizaría a la democracia y reformularía los tradicionales mecanismos de gobernabilidad y participación ciudadana. Afortunadamente, buena parte del trabajo ya se viene haciendo en América Latina desde hace años, pero el ritmo al que se desarrolla los servicios y las tecnologías de la información es tan veloz que urge apurar el paso.

Sólo para ilustrar la brecha tecnológica a la que antes me refería, en varios países de Europa occidental el gobierno electrónico ya ofrece servicios por medio de aplicaciones móviles, con las cuales los ciudadanos pueden realizar gestiones administrativas desde sus teléfonos celulares; ejemplo: gestión de desperfectos urbanos, servicios de localización y seguimiento de colectivos en riesgo de exclusión o sistemas remotos de control de riego y señalización.

Un caso en concreto es el español, donde el gobierno destinará 1.900 millones de euros para hacer "realidad" la futura ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración. Con esta ley -prevista para el 2008- los españoles tendrán derecho a relacionarse con todas las administraciones públicas por Internet, teléfono, televisión y cualquier medio disponible en el futuro, y las administraciones estarán obligadas a ofrecer dichos servicios las 24 horas del día, todo el año. Esta última referencia resalta que en el compromiso de modernizar la gestión pública, el emprendimiento privado es, cuando menos, la cuarta rueda del coche.

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Brasil y México, los países con mayor pobreza en América Latina

2007-06-20T02:10:00.000-05:00

por Horacio Barrancos Bellot

El porcentaje de la población mundial que vive sumida en la pobrez ha disminuido notablemente en las últimas décadas. Sin embargo, mientras el total de la población del mundo aumenta, el número absoluto de pobres se ha mantenido casi fijo en 1.200 millones. Una pregunta que surge inmediatamente es ¿dónde viven o quienes son esos pobres?

Las estadísticas oficiales nos han acostumbrado a identificar una serie de países como los más pobres y otros como los más ricos. En Latinoamérica -determinado por el PIB per cápita o la proporción de la población que vive en condiciones de pobreza- tenemos entre los más pobres a Haití, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Paraguay; por otro lado, México, Brasil o Chile se erigen como las principales potencias económicas regionales. Estos datos reflejan, sin lugar a dudas, una cara de la realidad sustentada en datos agregados que suelen ocultar matices importantes. Para ilustrar este punto basta con presentar la misma información enmarcada de forma distinta; así por ejemplo: una cosa es decir que México es un País OCDE o que el PIB brasilero es de los más grandes del mundo y otra cosa es decir que la mayor cantidad de pobres en América Latina son mexicanos y brasileros; distinto es señalar a Haití y Guatemala como los países con las tasas más altas de mortalidad infantil, en lugar de identificar que la mayoría de los niños que mueren en América Latina son brasileros y mexicanos; finalmente, no es lo mismo decir que el 54% de la población haitiana y el 45% de la población nicaragüense vive con menos de 1$us al día, que decir el 40% de la población latinoamericana en extrema pobreza (menos de 1$us al día) vive en Brasil y en México.

La siguiente tabla contiene datos oficiales (BM y NNUU) que ilustran las ideas anteriores, con la particularidad de estar presentados en una forma que no solemos ver:

Un indicador socioeconómico usado frecuentemente para clasificar a los más pobres, es el de población que vive con menos de 1$us al día. De acuerdo a los datos arriba presentados, Brasil, México y Haití tienen la mayor cantidad de población en extrema pobreza de América Latina. En Brasil viven casi 15 millones de personas con menos de 1 $us al día y en México más de 5 millones viven en igual condición. Esta cantidad de personas juntas (24.9 millones) equivalen a agregar el total de la población de Costa Rica, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Trinidad y Tobago. En materia social, Haití, Guatemala y Venezuela tienen la mayor población sin educación primaria completada. Brasil, México y Haití representan el 60% de la mortalidad infantil latino americana; esto significa que más de 1 millón de niños menores de 5 años mueren anualmente en estos países. Brasil (33%), Haití (10%) y México (10%) representan el 53% de la población latino americana portadora del VIH. En Brasil, Perú, Venezuela, Haití, Colombia y México viven más de 38 millones de personas sin acceso a agua potable. Finalmente, en Colombia, en México y en Venezuela se cometen la mayor cantidad de homicidios en América Latina, aproximadamente en estos países 50 mil personas son asesinadas cada año (NNUU). Es de destacar los logros en educación de países como Bolivia, Ecuador y Perú. Pero sin duda alguna, lo más destacable son los resultados socieconómicos en Chile, Uruguay y Costa Rica. Estos países han logrado sostenidamente mantener elevados niveles absolutos de desarrollo humano.

Esta lectura de los datos oficiales no cambia los resultados finales sobre pobreza e ingresos en América Latina, pero sí los cuestiona ayudando a visualizar que existe en varios países una inmensa pobreza y criminalidad encubierta por su prosperidad macroeconómica, así como también existe un relativo bienestar en varios países marcados -tradicionalmente- por sus indicadores agregados de pobreza. Volviendo a la pregunta de inicio referida a ¿dónde están los pobres? sobra decir -ante la evidencia expuesta- que en América Latina la pobreza convive con la riqueza lo cual no es otra cosa que el resultado de los enormes problemas existentes en nuestros sistemas de redistribución del ingreso.

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Bolivia: el juego de la descentralización

2007-06-20T01:54:00.000-05:00

por Horacio Barrancos Bellot

Como si se tratase de fichas de LEGO en manos del doctor Frankestein de la novela de Mary Shelley, el bloque de la mayoría constituyente boliviana ha diseñado un modelo de descentralización, a medio camino entre las formas de organización prerepublicana y los modelos occidentales de organización territorial.

La propuesta señala que, Bolivia será ordenada territorialmente por decisión voluntaria de sus habitantes según las siguientes opciones: podrán permanecer en el actual modelo de desconcentración o podrán optar por el modelo de autonomías, en cuyo caso Bolivia podría quedar organizada en autonomías departamentales (gradualmente y con estatutos autonómicos al estilo español); por debajo de éstas se crearían autonomías regionales (como agregación de provincias) y autonomías provinciales; por debajo, autonomías municipales y finalmente autonomías indígenas originarias campesinas (que se regirán por sus propias normas y procedimientos). Cada una de estas instancias –excepto la última- estaría dotada de un órgano ejecutivo y otro deliberativo, compuesto éste último por consejeros elegidos con las reglas de la democracia en unos casos, y en otros según los procedimientos prerepublicanos de sus representados.

Resalto dos puntos. Primero, hacer un ordenamiento de esta naturaleza -cual fichas de LEGO- es la punta de un Iceberg donde lo crucial estará en el diseño de las funciones de estos órganos, de las relaciones intergubernamentales y de la administración de los recursos financieros. Ese diseño deberá garantizar la coexistencia y el desarrollo equilibrado y pacífico de este complejo gobierno multinivel que, además, debe respetar principios como el de igual jerarquía, el de autogobierno y el de supremacía del interés colectivo sobre el interés particular. Todo ello, deberá operar en un terreno político marcado por tensiones corporativistas y regionales.

Segundo, llama poderosamente la atención que -en esta propuesta- el régimen económico está explicitado solo para el caso municipal. Pareciera que prefieren no tocar mucho este nivel de gobierno y mantener su autonomía previa. Para los otros niveles, sólo sugieren la posibilidad de ingresos propios y que les serán transferidos/asignados recursos desde el nivel central. Pareciera que aun no tienen en claro cuán descentralizada será la chequera del Estado.

Para comprender mejor la dimensión de estos puntos, quiero ponerlos en perspectiva. La reforma a la descentralización peruana nos muestra que no todos comparten la idea de la solidaridad entre regiones, ni la supremacía del interés colectivo. El presidente de Red Perú (ex alcalde de ILO) hace un mes rechazó la propuesta del Consejo de Ministros para que los gobiernos regionales peruanos que cuentan con ingresos provenientes del canon, sobrecanon y regalías, compartan sus recursos económicos con los departamentos que no lo tienen. Más bien cree en una reforma tributaria para que sea el Gobierno Central quien comparta -con las regiones- los fondos del tesoro público.

Los cambios en Perú no son solo tributarios, son más profundos y no es el único país que va en esa dirección. Mientras Perú acusó a su viejo Sistema Nacional de Inversiones Públicas (casi idéntico al boliviano) de haber impedido la ejecución de muchos proyectos de inversión, el ex candidato presidencial y actual Senador uruguayo Jorge Larrañaga sentencia que […si no hay descentralización de la caja fuerte, todo proceso descentralizador es mentira]. Perú ha optado sabiamente por entregar a las regiones las decisiones de inversión y descentralizar su SNIP. Mientras tanto, la oposición conservadora uruguaya no va a dejar pasar una reforma del Estado con descentralización de competencias que no incluya una descentralización fiscal.

Queda esperar la versión final de la nueva constitución boliviana y me gustaría que en ella se explicite la descentralización del régimen económico para todos los niveles de gobierno. Sin duda, no lo tendrán fácil los constituyentes porque perviven posturas centralistas en Bolivia como en el resto de América Latina. Como ejemplo, cito al del director del SNIP peruano quien asegura que el peligro está en que las regiones usen los recursos para obras de poco impacto en la población. Y yo me pregunto ¿cómo se puede ver desde el centro lo que necesitan las regiones y saber qué es lo que más les conviene?

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