por Horacio Barrancos Bellot
En el marco de las reuniones preparatorias para la XVIII Cumbre Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, los Ministros de Administración Pública y de Reforma del Estado de 22 países (América Latina y la península ibérica) aprobaron la “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico”. Esta carta, ratificada en el “Consenso de Pucón”, declara que “mejorar la gestión pública en beneficio de los pueblos iberoamericanos y alcanzar una sociedad de la información y del conocimiento inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo, son propósitos importantes a los que contribuye el desarrollo y la consolidación del gobierno electrónico”.
Suena bien, pero ¿qué es esto del gobierno electrónico y cómo beneficia a la sociedad? Pues primero, debo decir que es un concepto y una práctica que no es nueva pero que aún sigue en etapa de desarrollo. Y, como su nombre lo sugiere, tiene que ver con la electrónica pero fundamentalmente con las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). Con lo cual, esta declaración ministerial sí es importante porque las TIC están marcando una brecha muy importante entre los países más desarrollados y los menos desarrollados. De ahí que reducir esta brecha es una necesidad para la democracia y la eficiencia de la gestión pública, más que una excentricidad de la era moderna.
Desarrollemos un poco más esta idea. El “gobierno electrónico” se refiere a los procesos y estructuras creadas para la oferta electrónica de servicios gubernamentales, apoyados en las TIC. En este sentido, la gestión pública se enfoca en la reestructuración de las organizaciones administrativas, promoviendo la descentralización, la mejora de las relaciones con los ciudadanos y la utilización de formas alternativas de gestión de servicios públicos para la sociedad civil Okot-Uma (2002). Como es de suponer, es una corriente gerencial de la nueva gestión pública.
Las ganancias que aporta este tipo de gestión van en dos direcciones: por un lado, mejora la eficiencia y la eficacia de la gestión; y por otro lado, dota al ciudadano de mejores instrumentos de control y de acceso a los servicios públicos; entre ellos:
- Permite que comunidades alejadas del ejercicio de la ciudadanía se organicen y participen.
- Crea condiciones para el empoderamiento de los individuos, las comunidades y la sociedad civil.
- Transparenta la gestión pública y mejora la difusión de la información para un adecuado control social y rendición de cuentas.
- Dota de instrumentos para la futura gobernabilidad.
Todo esto ha de suponer muchos cambios comenzando por sensibilizar a los Poderes Públicos para que se tornen más accesibles y más transparentes; implica una reestructuración de la administración pública; el gobierno debe adoptar nuevas prácticas de gestión de la información; reorientación de roles y responsabilidades hacia los individuos, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil; y por supuesto, supone crear la infraestructura necesaria para la sociedad de la información. Este compromiso ministerial asumido en Pucón, supone por tanto un desafío inmenso y multimillonario, que de concretarse modernizaría a la democracia y reformularía los tradicionales mecanismos de gobernabilidad y participación ciudadana. Afortunadamente, buena parte del trabajo ya se viene haciendo en América Latina desde hace años, pero el ritmo al que se desarrolla los servicios y las tecnologías de la información es tan veloz que urge apurar el paso.
Sólo para ilustrar la brecha tecnológica a la que antes me refería, en varios países de Europa occidental el gobierno electrónico ya ofrece servicios por medio de aplicaciones móviles, con las cuales los ciudadanos pueden realizar gestiones administrativas desde sus teléfonos celulares; ejemplo: gestión de desperfectos urbanos, servicios de localización y seguimiento de colectivos en riesgo de exclusión o sistemas remotos de control de riego y señalización.
Un caso en concreto es el español, donde el gobierno destinará 1.900 millones de euros para hacer "realidad" la futura ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración. Con esta ley -prevista para el 2008- los españoles tendrán derecho a relacionarse con todas las administraciones públicas por Internet, teléfono, televisión y cualquier medio disponible en el futuro, y las administraciones estarán obligadas a ofrecer dichos servicios las 24 horas del día, todo el año. Esta última referencia resalta que en el compromiso de modernizar la gestión pública, el emprendimiento privado es, cuando menos, la cuarta rueda del coche.
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