RSE y las alianzas público-privadas para el ¿desarrollo?

Por Horacio Barrancos Bellot

Hablar de temas empresariales en un espacio dedicado exclusivamente a los asuntos público-gubernamentales, podría quedar no muy bien ubicado. Pero en realidad, el hacerlo obedece a dos razones: Primero, toda actividad empresarial tiene un impacto de carácter público, que muchas veces no está incluido o que se presenta como algo desvinculado de su finalidad privada; y segundo, la preocupación empresarial sobre sus impactos públicos es mérito del activismo de la sociedad civil organizada, la cual empezó a actuar debido a la insuficiente protección del sector público (entendido éste como la suma de los poderes del Estado). Casi paradójicamente, resulta “significativo” que hoy el sector empresarial busque alianzas con sectores públicos para desarrollar actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

El tema surge a propósito de un destacado evento que tuvo lugar los pasados 20 y 21 de septiembre en Madrid. Me refiero a la “II Conferencia España-Iberoamérica de Responsabilidad Social de las Empresas: Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo”, organizada por la Fundación Carolina. Como ya es habitual, se trató de una reunión importante, con gran convocatoria y con un grupo de conferencistas de muy alto nivel que incluyó a un ex Presidente (Costa Rica), al Vicepresidente Segundo de España y a directivos de empresas como Oxfam, Repsol-Ypf, Iberdrola, Shell, Pnud y Bid, para citar sólo a unos cuantos. Todo bien salvo por tres cosas que llaman mi atención: 1) La perenne insistencia española de utilizar el término Iberoamérica, detalle que entra en una cuestión más allá de la semántica; 2) Entre casi 30 panelistas participantes de una conferencia España-Iberoamérica, solo dos fueron latinoamericanos, y por supuesto no hubo ni un solo representante de algún sector público latinoamericano; y 3) el punto focal –evidentemente- estuvo en las estrategias para hacer RSE de la mano del sector público, y no en las acciones y/o en los receptores de los programas de RSE.

Es verdad que entre el sector público y el privado existe un área gris cada vez más grande, en el cuál hay un amplio margen de acción para quienes no son puramente públicos ni puramente privados; esa área es el “tercer sector”. Sin embargo, el debate sobre la intervención en esa área no puede dejar de lado al sector público, de la misma forma como la agenda en el "tercer sector" no debe ser administrada por organismos internacionales, ni mucho menos por empresas privadas u ONGs. No estaría mal preguntar a los beneficiarios de los programas del “tercer sector” sobre sus necesidades y prioridades. Aquello es una cuestión de sentido común, que no termina de cuajar en todo el “tercer sector”. Por ello es que ese evento -y su enfoque- a mi me suena algo incongruente. Pero esa incongruencia es parte de las incongruencias que inexorablemente han caracterizado las acciones en el “tercer sector”, como por ejemplo el perfil no lucrativo de los programas de RSE.

De cara a la sociedad, el discurso político de los países más desarrollados sostiene que los programas de cooperación de su sector privado desempeñan un loable papel en el desarrollo de los países pobres. Sin embargo, Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la contribución activa y voluntaria de las empresas al mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar su situación competitiva y su valor agregado. La RSE es una actividad estratégica en la competencia comercial, por tanto siempre tiene un interés lucrativo.

Toda empresa desempeña un papel muy importante en la vida de las personas, no sólo como generadora de empleo, riqueza o entregando bienes y servicios, sino siendo un agente de desarrollo en las comunidades en las que están insertas. Las grandes empresas son conscientes de ello y explotan las expectativas que generan sus actividades de RSE para obtener ventajas competitivas. Si bien esas actividades en un principio estuvieron confiadas a una fundación o a alguna ONG, hoy por hoy forman parte vital de las estrategias que contribuyen a realizar la finalidad privada de la empresa.

Pero por supuesto, el beneficio que deja la RSE no es sólo privado puesto que su impacto social es muy significativo. Lo es tanto, que debe manejárselo con cuidado. Kenneth E. Goodpaster y John B. Mathews, Jr., entre otros, han formulado el siguiente dilema “las empresas multinacionales son tan poderosas que es peligroso que se inmiscuyan en temas sociales y políticos, pero también lo es que solamente se dediquen a maximizar sus ganancias”. Cuando menos dos son los problemas que ejemplifican este dilema. Uno de ellos, es que las empresas no solo obtienen ventajas competitivas por el reconocimiento público y la fidelización del cliente, sino que llegan a negociar “incentivos” de los gobiernos para su actividad empresarial. Otro punto es que generalmente la agenda de intervención se define ex ante, es decir que las empresas –y lo mismo ha pasado por mucho tiempo con los organismos internacionales y las agencias de cooperación- definen sus actividades de “responsabilidad social” en gabinete y no con los beneficiarios sociales. Decirle a quien necesita lo que necesita sin preguntárselo, no solo es reflejo de una mentalidad asistencialista, sino que es menos costoso para la empresa.

Dejando de lado por un momento la visión crítica de la RSE, es correcto destacar que ésta ha traído beneficios en varios ámbitos. La RSE, entendida como “hacer negocios basados en principios éticos apegados a la ley”, se trata de programas integrales que orientan sus prácticas responsables hacia el interior y/o hacia fuera de la empresa. Por tanto, ellas se benefician de mejoras en su productividad, lealtad de los clientes, acceso a mercados y mayor credibilidad. Esto implica que las empresas adopten una postura activa y responsable en torno al impacto de sus operaciones, a favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. Así entonces, los programas de RSE van desde el cumplimiento de los regimenes legales de los países en los que operan las empresas, hasta su participación en el diseño y ejecución de políticas de Estado; pasando por actividades en beneficio de su personal, las familias de éstos y la comunidad en la que está inserta la empresa. Para las empresas, pensar en sus clientes internos significa que en cierto sentido no es legítimo que la empresa se quiera proyectar hacia fuera como una empresa responsable socialmente, si a lo interno no ha cumplido con las condiciones necesarias. Esta idea es descrita en la pirámide de RSE propuesta por CentraRSE.

Respetar el régimen legal es lo mínimo e ineludible. En cambio, participar en el diseño y ejecución de políticas de Estado es un tema que abre muchos debates. En el fondo, es un problema de “agente-principal” y de “riesgo de captura”. El agente es la empresa y el principal es el Estado. El problema radica en que el agente (la empresa) tiene un manejo de la información insuperablemente asimétrica en su favor; por tanto, el Estado no podrá estar en condiciones de verificar si efectivamente las empresas bajo el rótulo de RSE están internalizando adecuadamente los costos derivados de sus operaciones (externalidades negativas). El otro tema -tanto aún más sensible- es el riesgo de que las empresas capturen al gobierno; cosa que desde ningún punto de vista es irreal dado el tamaño de las operaciones de muchas de las transnacionales que operan en los países en desarrollo.

En el nuevo entorno global, ante los actuales retos a los que nos enfrentamos de crecimiento demográfico, consumo insostenible de recursos, terrorismo e inestabilidad política, y situación socioeconómica en la que vive un porcentaje tan alto de la humanidad, algunas empresas han entendido que tienen una responsabilidad moral a la hora de responder a los problemas globales. Sin embargo, a medida que las prácticas y la aceptación de la RSE por parte de las empresas es cada vez mayor, también crecen las críticas y el escepticismo sobre la intención de las mismas.

Y no es para menos, teniendo en cuenta que la “Responsabilidad Social” tuvo que nacer de una historia larga y penosa, protagonizada por el activismo de la sociedad civil y varios desastres ambientales y humanitarios producidos (in)directamente por grandes empresas transnacionales. En el libro “La RSE ante el espejo. Carencias, complejos y expectativas de la empresa responsable en el siglo XXI” de Fernando Casado Cañeque (2006, España), podemos encontrar relatos documentados de varios hechos que conviene rescatar porque son la génesis de la RSE, en contextos de deficiente protección estatal.

Como relata F. Casado, “…el 10 de noviembre de 1995, el activista y escritor Ken Saro Wiwa y ocho miembros de la comunidad Ogoni, en Nigeria, fueron ejecutados por el Gobierno militar del general Sani Abacha. Saro Wiwa era presidente del Movimiento para la Supervivencia de los Ogoni, y lideraba un movimiento pacifista que denunciaba los daños ambientales en la región por parte de diversas multinacionales, especialmente Shell. En la declaración que escribió antes de ser ahorcado, Saro Wiwa declaró que él y sus compañeros no eran los únicos que estaban siendo juzgados: 'Shell está también siendo juzgada […] y llegará el día en que la guerra ecológica que la empresa ha empezado en el Delta (de Níger) será llamada a la justicia, y sus crímenes serán pagados'. Las ejecuciones fueron contestadas con movilizaciones masivas en todo el país y con la expulsión de Nigeria de la Commonwealth. El Gobierno respondió de forma represiva y brutal. Se estima que se cometieron más de 2000 asesinatos y miles de personas se vieron obligadas a exiliarse. Shell cambió su política de empresa y desde entonces ha intentado liderar el movimiento empresarial que pretende reconciliar el desarrollo económico con el respeto al medioambiente y los derechos humanos. En una declaración autocrítica, atípica en este tipo de empresa, en su Informe anual de 1998, Shell reconocía que 'nos hemos mirado en el espejo, y no nos hemos reconocido, ni nos ha gustado lo que hemos visto'…”

Tiempo después, empresas mundiales como Nike, Levis, Disney o Adidas fueron denunciadas por violar los derechos humanos, promover el trabajo infantil y contaminar el medioambiente. La reacción social traducida en boicot contra estas empresas abarcó varios países incidiendo significativamente en sus niveles de ventas. El 2005 en Nigeria, el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (MEND por sus siglas en inglés), secuestró a cuatro trabajadores de Shell y anunciaron su campaña “Operación Cambio Climático” con el objetivo de cometer atentados contra plantas de extracción y secuestrar a trabajadores extranjeros para proteger a la región de la explotación de las empresas transnacionales. La campaña también tocó a empresas como Agip (Italia) y Total (Francia) afectando gravemente sus exportaciones de crudo.

En 2002, el barco petrolero Presitge causó un inmenso daño ecológico al derramar su carga de crudo en costas gallegas. La respuesta ciudadana dio lugar al movimiento ciudadano "Nunca Máis" (Nunca más, en castellano) cuyo objetivo declarado es evitar la repetición de desastres ecológicos en Galicia, el castigo de sus responsables y la reparación de los daños. Ha recibido numerosos apoyos, siendo elogiada por introducir estas temáticas en el debate político .

En 2006, junto al rechazo de varios movimientos sociales y asociaciones de consumidores, Naturewatch y Uncaged pidieron boicotear los productos de Body Shop, luego de que su presidenta Anita Rodik, quien fuera pionera y símbolo del moviendo de RSE por combinar ética y comercio inspirando a millones de personas, vendió su empresa a L´Oreal en $us 938 millones. L´Oreal ha sido muchas veces acusada de realizar pruebas con animales y por no respetar los derechos humanos. La respuesta inmediata fue que el equipo de Anita Rodik formaría a los ejecutivos de L´Oreal en valores éticos y comercio.

El tema de la “Responsabilidad Social” no es más una excentricidad de algunas grandes empresas, ni tampoco es únicamente una estrategia comercial. En realidad, RSE hoy en día es una cuestión indispensable para que una empresa pueda mantenerse en su mercado. Los organismos internacionales, así como los gobiernos de una gran cantidad de naciones en el mundo, hoy suscriben la necesidad del respeto al medio ambiento y los derechos humanos en toda actividad empresarial susceptible de afectarlos. El ojo casi siempre está puesto en las empresas transnacionales, pero también lo está cada vez más en pequeñas y medianas empresas vía certificaciones de calidad o, simplemente, a través de la sociedad civil organizada.

De cualquier forma, la RSE es un avance significativo sobre el pensamiento ortodoxo y neoliberal. Destinar recursos para esas actividades significa –muchas veces- sacrificar ganancias necesarias para mantenerse en el mercado. Es un enfoque distinto (y rentable) al tradicional enfoque unidireccional de reducir costos. Es verdad que las empresas con un buen programa de RSE ganan, pero también es verdad que la sociedad gana. Probablemente la duda esté si en el balance final la suma es “cero". Ahora bien, encontrar resultados depende, muchas veces, de cuestiones tan simples como preguntarse si estamos o no (los consumidores) comprando bienes y servicios de empresas que están causando algún tipo de daño en algún lugar del mundo. Pero por otro lado, también debemos exigir que los gobiernos y los organismos internacionales y de cooperación, rindan cuentas a los ciudadanos sobre la forma y los resultados con los cuales están llevando a adelante las llamadas “alianzas público-privadas para el desarrollo”.

El futuro de América latina: entre el “chavismo” y la democracia

por Vanni Pettinà

Uno de los datos más interesante del los últimos años, dentro del panorama social y económico latinoamericano, está representado por la buena performance de la economía a nivel continental. En primer lugar, se registra un crecimiento medio ciertamente sostenido que, en los últimos años, se ha colocado entre el 4% y el 6%. Las cifras relativas a la inflación son igualmente positivas ya que, después de las fuertes oscilaciones registradas en la crisis de los años 80, se han alcanzado en los últimos años niveles bajos, como evidencia la gráfica (The Economist”, Adiós to poverty, hola to consumption, 16 de agosto 2007).

En países como Chile, Brasil y México estas altas tasas de crecimiento, acompañadas por las bajas tasas de inflación, se han traducido en un interesante aumento de la que podríamos definir como una nueva clase media latinoamericana. La definimos como una nueva clase media porque como han afirmado diferentes especialistas, como el sociólogo y ex presidente Fernando Henrique Cardoso, parece presentar diferencias importantes con aquellas capas medias que, a grandes rasgos, caracterizaron el panorama continental entre los años 30 y el final de los años 70. El dato que mejor señala esta distancia es probablemente el hecho de que la actual clase media parece más vinculada al sector privado que al público. En la etapa anterior, había sido el estado el que, principalmente a raíz de sus políticas de industrialización por substitución de importaciones, había dado lugar a una clase media artificial, integrada por managers, burócratas y funcionarios públicos, sucesivamente barridos por las políticas ultra-liberales de los años 90. En la actualidad, sin embargo, nos encontraríamos frente a un sector donde la presencia de actividades en su mayoría vinculadas al mercado, pequeños productores y comerciantes, parece ser más consistente que en el pasado. Digamos que el cuadro actual presenta una síntesis más equilibrada entre un sector medio estatal, regularmente presente en la mayoría de los países desarrollados, y un sector medio privado que, de alguna manera, señala una integración positiva del continente en la economía mundial. Finalmente, la emergencia de esta clase media refleja la inversión del proceso de pauperización tan típico de los años 80 y 90.

Evidentemente, aunque no se pueda hablar de una definitiva estabilización de las economías latinoamericanas, ni de una redistribución de la riqueza todavía aceptable, los datos sobre la emergencia del sector medio definen un escenario social mucho más positivo que en el pasado. Por ejemplo, En Chile, México y Brasil, si bien quedan asuntos pendientes, como la reforma del sistema fiscal progresivo, la pobreza parece reducirse. En Chile, país donde se da la evolución socio-económica comentada, el coeficiente de GINI se ha reducido desde 0,554 en 1990 a 0,550 en 2003. México, por su parte, en términos de desigualdad, el índice de GINI ha pasado desde 0,536 a 0,528 (Panorama Social De América Latina, CEPAL http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/27480/PSE_2006.pdf).

Asimismo, desde un punto de vista político, el panorama presenta también algunos elementos positivos. En Chile, por ejemplo, la elección de la presidenta socialista Michel Bachelet viene a ser un punto de inflexión en la historia de un país que parece finalmente dejar atrás el dramático recuerdo de una de las peores dictaduras continentales, la de Augusto Pinochet. México ha superado una de las crisis institucionales más profunda de su historia reciente. A grandes rasgos, aunque los niveles de corrupción sigan indicando la presencia de fuertes problemas dentro de la calidad democrática de estos estados y la presencia del crimen organizando represente un reto constante para la estabilidad institucional, no se puede esconder una cierta estabilización de los mecanismos democráticos en algunos de los países más representativos de la región y que en el pasado habían experimentado regimenes de tipo autoritarios.

En realidad, el conjunto de las cifras macroeconómicas y del historial político reciente de estos países confirma una tendencia general positiva para el continente, debido a la conjunción de libertades políticas, progreso económico y una mayor atención hacia las políticas sociales de naturaleza ciertamente inédita, si se excluye el caso de Uruguay y pocos países más. El modelo no está consolidado por completo y, sin embargo, las experiencias citadas abren una brecha interesante entre la dicotomía clásica latinoamericana: dictadura-revolución.

Dentro de este cuadro, Venezuela representa una incógnita que merece aquí algunas reflexiones. En el país andino el Presidente Hugo Chávez ha puesto en marcha un proyecto radicalmente diferente respeto a los que hemos visto hasta ahora.

En los últimos meses, Chávez ha acelerado el proceso de autoritarización del sistema político, cerrando una televisión nacional políticamente incomoda y planeando una reforma constitucional teledirigida donde se pretenden eliminar los límites a los mandatos presidenciales y permitir al presidente gobernar al son de decretos para avanzar más rápido hacia el socialismo.

Por si esto fuera poco, Chávez está buscando constantemente el enfrentamiento con Washington, hasta el punto de tejer las más inquietantes alianzas con los enemigos de Estados Unidos, independientemente de que sean o no países democráticos. La más inquietante es evidentemente la que Caracas ha establecido con el Irán del presidente Mahmud Ahmadinejad, declaradamente antisemita y responsable directo del endurecimiento de la represión política y religiosa en su país. Es evidente que la actitud irresponsable de la oposición a Chávez que ha llegado al intento de golpe para derrotar el Presidente bolivariano, no ha ayudado a la consolidación de la democracia en el país. Sin embargo, este argumento no puede representar una excusa. Chávez esta reduciendo los espacios de libertad en el país pues no parece mostrar mucho respeto hacia los mecanismos democráticos y representativos en sí mismos.

Un análisis de los datos económicos tampoco parece dar mejores resultados. Las estadísticas económicas son positivas solamente por lo que respecta al crecimiento, obviamente empujado por los altos precios de los hidrocarburos a niveles mundiales y que, de todas formas, parece destinado a bajar bruscamente en los próximos años (véase la tabla). De hecho, en el país andino se registra una tasa de inflación del 20% y, dato clamoroso considerado el fuerte hincapié que hace Chávez sobre las políticas de inclusión social, un crecimiento de la desigualdad reflejado en el ascenso de su índice de GINI, el cual pasa de 0.44 en 2000 a 0,48 en 2005, según datos del Banco Central Venezolano, citado por el The Economist (The Economist, “The Rise of the “Boligarchs”, 9 de agosto 2007. El dato es proporcionado por el Banco Central de Venezuela). Datos parecidos los proporciona la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL). Para la CEPAL el coeficiente de GINI habría subido en Venezuela desde el 0,471 del 2000 al 0,490 del 2005 (http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/27480/PSE_2006.pdf, p. 94). Al mismo tiempo, a pesar de crecer con una media cercana al 7%, en el país se ha dado frecuentemente el fenómeno de escasez de alimentos básicos como la leche, la carne o el azúcar (The Economist, “The Rise of the “Boligarchs”, 9 de agosto 2007).

La situación actual tiene diferentes explicaciones y, sin embargo, la principal reside en la misma estrategia política del actual gobierno y no en una simple e infeliz coyuntura económica. Es bastante evidente que el proyecto de Chávez tiene una lógica punitiva hacia algunos sectores sociales venezolanos que no se limita a la sola oligarquía golpista. Teóricamente, el punto estrella del programa Chávez apunta a la eliminación de la pobreza, un problema absolutamente real y dramático para el país. Sin embargo, las baterías de medidas que han sido adoptadas hasta ahora han dado resultados bastante contradictorios. El gobierno venezolano ha adoptado sustancialmente dos tipos de acciones para reducir la pobreza en el País: el control estatal de los precios y una clara política de apoyo a la rentas menores. De hecho, Chávez ha impuesto un fuerte control sobre los precios de los productos básicos, en el intento de favorecer un mayor acceso al consumo por parte de los sectores marginados de la población. Sin embargo, esta política está dañando los pequeños y medianos productores que, forzados a vender a precios políticos establecidos por el gobierno, se han visto, a su vez, obligados a cerrar sus actividades en perdidas. La oferta se ha reducido, mientras que el apoyo a las rentas ha creado un fenómeno inflacionario perfectamente fotografiado por los datos estadísticos que, como se ha señalado anteriormente, indican una tasa de inflación del 20%. No cabe duda de que el aumento de la inflación está nulificando la política de apoyo a las rentas de los sectores más pobres de la población. Hay más dinero para comprar y, sin embargo, han subido los precios porque hay menos productos. Así pues, no sólo la lógica punitiva de Chávez hacia las así llamadas “actividades capitalistas” no está produciendo una transformación positiva de la sociedad, sino que está acabando por dañar, sobre todo, los sectores medianos de la sociedad venezolana y, al mismo tiempo, creando problemas de escasez y de inflación. Este cuadro explica probablemente el hecho de que, mientras el gobierno afirma la bajada del número de familias que viven en pobreza, desde el 55% del 2003 al 33% del 2007, el índice GINI haya aumentado sensiblemente casi en el mismo periodo.

Finalmente, hay un entrelazamiento bastante conflictivo entre el problema del poco respeto hacia las formas políticas que Chávez está demostrando y esta nueva y acentuada forma de estatismo económico. En los últimos años, Venezuela ha visto emerger una nueva forma de oligarquía que presenta rasgos muy parecida a la que se puede encontrar en los países africanos del golfo de Guinea, también besados por “la maldición del petróleo”. Venezuela se ha posicionado como segundo en la clasificación del Banco Mundial acerca de los estados más corruptos de América latina: el primero es Haití. Y, de hecho, el “Socialismo Petrolífero”de Chávez ha creado un sistema de clientelas conectadas con las empresas estatales que gozan de privilegios inimaginables por los otros sectores de la población. Así pues, no es raro encontrar en Caracas nuevos ricos circulando en los Hummer de fabricación estadounidense, mientras la gente hace cola para la leche o el pan que no se encuentran en los escaparates.

Finalmente, la abundancia de los recursos naturales venezolanos hace inaceptables los niveles de pobreza que allí se registran. Sin embargo, resulta difícil pensar que el camino elegido por el presidente “bolivariano” proporcionará una solución a los problemas de Venezuela. Las dificultades económicas que los proyectos chavistas están produciendo están directamente relacionadas con los problemas políticos que el bolivarismo presenta. Las políticas económicas de Chávez resultan equivocadas porque, siguiendo un tipo de raciocinio político exquisitamente perteneciente al siglo pasado, piensan poder alcanzar el bienestar de un sector de la población a costa de otro además de violar las normas básicas de un sistema democrático.

Por suerte, el escenario latinoamericano ya no está limitado a un extremo por la Venezuela de Chávez y al otro por el Chile de Pinochet. En el medio florecen otras experiencias que necesitan consolidarse y que, sin embargo, pueden representar una alternativa para el continente.