Lo duro de la lucha

por Marija Selaković Barrancos

¿Cuál es la postura y la política que un Estado debe aplicar en el caso de la lucha contra el narcomenudeo y el crimen organizado? Esta pregunta actualmente está en la mente de las autoridades mexicanas que se encuentran en pleno combate contra este mal. Aunque se pude decir que la lucha decisiva contra el tráfico de drogas en México empezó hace un año y medio en la gestión del Presidente Fox, solo con la llegada al poder del Presidente Felipe Calderón ella se convirtió en una de las más importantes prioridades del Gobierno mexicano. En esta lucha, a diario se usan tanto armas, como estrategias y prácticas vistas en las guerras de baja intensidad.

Según los datos publicados por la Procuraduría General en este lapso en el país hubo más que 1270 ejecuciones relacionadas con el narcomenudeo. En relación a esto, según informan los noticieros capitalinos, hace solo dos semanas, en un día hubo más personas ejecutadas en México que en Iraq, país que se encuentra en pleno estado de guerra. Lo que México experimenta como consecuencias secundarias de esta ola de violencia y crimen organizado, directamente relacionados con el tráfico de drogas, son bajas en la inversión extranjera, de número turistas visitando México y frecuentes advertencias del State Department de EEUU a sus ciudadanos sobre la falta de seguridad en México. Pero el efecto principal visto a comienzos del año en curso, fue el amplio consenso sobre la necesidad de una lucha efectiva contra los narcotraficantes. Adicionalmente, por el compromiso retomado por parte del Gobierno central y todo su aparato estatal, se eliminó en la medida de lo posible la fragmentación de la representación política, hecho que debería ayudar en esta dura lucha. El sentimiento dominante en el México de hoy, es el deseo de que haya seguridad y paz para todos - desde los padres de familias, hasta los representantes de los tres poderes del Estado.

Ricardo Ravelo en su libro Herencia maldita nota que la raíz del mal que representa el narcomenudeo yace en la demanda. Y México tiene como vecino al consumidor más grande del mundo - los Estados Unidos. El hecho que México hoy día funge, por un lado, como puente natural de las drogas provenientes de América del Sur destinadas sobre todo al mercado estadounidense, y por otro el hecho que México sea el destino del tráfico ilegal de armas proveniente del vecino norteño (según datos oficiales del Estado, entre 60 y 80% de armas ilegales en México provienen de los EEUU), fueron uno de los temas que discutieron los Presidentes Calderón y George W. Bush, durante la última visita a México. En esta ocasión, el mismo anfitrión hizo un llamado público al Gobierno estadounidense para ayudar a la lucha mexicana (e internacional) contra el narcomenudeo, controlando el nivel de demanda de drogas en su propio territorio.

Analizando más en detalle las políticas del Estado mexicano de los últimos tres Gobiernos. El autor sostiene que a fines del largo período del Gobierno del PRI, en México operaba una “convivencia” de los elementos del crimen organizado relacionado con el narcomenudeo y el Gobierno. A los productores y narcotraficantes se les dejaba operar en ciertas, bien definidas áreas del país, con tal de que todos cumplan con aquellas “reglas de juego”. El mayor daño sufrieron los jefes de bandas criminales ejecutándose entre si. Parte de esa convivencia se extendió durante el Gobierno del Presidente Fox, hasta el momento en el cual comenzaron dos luchas: la lucha por poder y territorio entre los carteles; y la lucha que emprendió el nuevo Gobierno contra el famoso cartel de Tijuana, que operaba en ambos lados de la frontera. En esta época ocurrió también un nuevo fenómeno – a México llegaron los mercenarios paramilitares de Guatemala para prestar sus servicios a los carteles. Aunque la opinión pública a veces niega cualquier esfuerzo en esta lucha al Gobierno foxista, persiste el hecho de que durante su mandato, el Estado mexicano emprendió una lucha que necesariamente nos recuerda a la de Colombia de hace 20-30 años, cuando el Estado se confrontó a los carteles de Medellín y Cali. Hoy, la lucha contra el narcomenudeo en Colombia es aún más avanzada y complicada que en aquel entonces, porque allí, tanto como en México, según Ravelo, quisas falta mayor determinación y compromiso del Estado para acabar definitivamente con el cultivo y los delincuentes involucrados. En un artículo recientemente publicado sobre el tema, El Universal informa que casi el 80% de la producción de cocaína de Colombia pasa por México.

Hoy, hay más que 20 mil miembros de la Procuraduría General de la República, las secretarías de Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública que participan en seis operativos lanzados en la lucha contra el narcomenudeo en México, que a este país le cuestan más de 1,8 millones de dólares. Después de unos meses de lucha dura contra el crimen organizado, el Gobierno del Presidente Calderón se vio obligado a sustituir varias formaciones policiales, y sobre todo locales, con elementos militares, ya que surgieron informes que las primeras estaban involucradas con los carteles. El principal objetivo de dichos operativos es la recuperación y retoma del territorio nacional de manos del crimen organizado, y reestablecimiento de la autoridad del Estado en el territorio donde operan carteles del Golfo, Sinaloa, Sonora y Tijuana; en esperanza de que de esta manera se inhiban las manifestaciones de violencia extrema relacionada con el narcomenudeo. No faltan los representantes de la oposición mexicana que reprochen al Gobierno, que ningún miembro suyo nunca incluyó entre los objetivos de esta lucha también la destrucción completa de los cultivos, la captura de los líderes del tráfico, la desaparición del tráfico y el mismo consumo.

Es evidente que en la lucha contra el narcomenudeo, México lo tiene duro. En el intento de establecer el Estado de derecho en todo el territorio mexicano, su Gobierno necesita enfrentarse tanto a los grupos criminales, como a la opinión pública y a los representantes de la oposición, cuyas voces en contra del uso del Ejército (sobre todo por falta de clara regulativa judicial sobre los usos del mismo en tiempos de paz) son cada día más agudas. El Presidente Calderón, por otro lado, goza del apoyo pleno para estas acciones de los Gobernadores de los Estados mexicanos, que lo expresaron públicamente en su último Congreso, justo en el momento cuando la lucha se ponía muy dura.

Usando términos deportivos, en esta lucha mexicana, en la cual por ahora nadie puede cantar victoria, se enfrentan los rudos y los técnicos. Esperamos que por el bien del país y la comunidad internacional ganen los con mejor técnica y destreza; que se logren los resultados materiales y se termine con la producción y el tráfico de drogas.

*Las opiniones expresadas en este artículo son de entera responsabilidad del autor. No comprometen, en absoluto, a la institución que el autor representa o en la que trabaja actualmente.

El punto sobre Cuba

por Vanni Petinnà

Al alba del 18 de marzo de 2003 el gobierno cubano, aprovechando la falta de atención general de la comunidad internacional distraída por los prolegómenos de la guerra en Irak, lanzó una larga operación policial en contra de supuestos elementos subversivos de la sociedad cubana. Entre los 78 condenados a penas de cárcel, se encontraban sobre todo escritores, periodistas y miembros de organizaciones para la defensa de los derechos humanos, acusados de haber complotado, bajo el encargo de la Oficina de Interés estadounidense, el derrocamiento del gobierno cubano. Por medio de juicios cuya regularidad e imparcialidad han resultado ser por lo menos discutibles, dichos actores subversivos fueron encerrados en las cárceles cubanas donde, en su mayoría, permanecen hoy todavía allí encerrados. La dureza de la represión de marzo del 2003 tenía unas razones claras y evidentes. En los meses previos, el líder de uno de los movimientos más activos en la lucha por la democratización del sistema político cubano había logrado desafiar seriamente a Fidel Castro.

Utilizando la misma constitución cubana, que reconoce la existencia del referéndum como un instrumento de la “democracia popular cubana”, Oswaldo Payá había logrado convencer a miles de cubanos de que firmaran una solicitud para convocar un referéndum que activase un proceso real de apertura democrática de las instituciones cubanas, el así llamado “Proyecto Varela”. En el mismo periodo, había crecido en Cuba el número de publicaciones independientes, entre las cuáles destacaba Cuba Press de Raúl Rivero. El desafío representado por el “Plan Varela”, la proliferación de publicaciones independientes y la reacción positiva de muchos ciudadanos cubanos condujeron directamente a la Primavera Negra.

De manera paradójica, la represión de la primavera del 2003 ha tenido algunos efectos positivos. A distancia, en el tiempo, y en un momento en que el escenario político de la isla parece haber adquirido una nueva fluidez, parece oportuno analizarlos para hacer el punto sobre la situación cubana.

En Europa, la amplitud de una represión concentrada eminentemente sobre intelectuales pacíficos tuvo, por lo menos, el efecto positivo de abrir los ojos sobre las características marcadamente autocráticas, cuando no totalitarias, del régimen cubano. La formulación de un juicio más crítico acerca de la situación cubana acontecía en un contexto como el europeo donde el largo gobierno castrista, prácticamente en el cargo desde el año 1960, había sido siempre juzgado de una manera benigna. Escritores e intelectuales que habían tradicionalmente simpatizado con la revolución cubana dados los avances sociales efectivamente logrados a lo largo de sus casi cincuenta años de historia, tomaron una posición de rechazo absoluto hacia la que interpretaron como una transformación de la revolución en un régimen anti-democrático y fuertemente represivo. Así pues, la decisión de José Saramago de abandonar el carro de la Revolución cubana, queda sintetizada en la frase “hasta aquí he llegado. Desde ahora en adelante Cuba seguirá su camino, yo me quedo” ha facilitado probablemente un más amplio reconocimiento de la pertenencia de la Revolución cubana a la experiencia histórica de los autoritarismos que han difusamente salpicado el siglo XX. Los acontecimientos de la primavera del 2003 parecen haber reforzado una posición que, lejos de haberse consolidado en Europa y, sobre todo, en América latina, destaca la imposibilidad de disyunción entre derechos civiles y derechos sociales. De esta manera, aunque la Revolución haya efectivamente alcanzado conquistas relevantes en términos de seguridad social, su política es condenable porque en cincuenta años no ha sido capaz de garantizar a su población el goce completo de sus libertades políticas y civiles. Esta reflexión sobre Cuba llega probablemente con retraso y, sin embargo, con una puntualidad que proporciona un marco conceptual más sólido para analizar fenómenos parecidos que se están dando en el continente en los últimos años. Véase, por ejemplo, la revolución bolivariana de Hugo Chávez donde dicha disyunción permanece inalterada.

Al mismo tiempo, este pasaje no tiene que traernos en engaño. No se trata solo de una novedad simbólica, porque el reconocimiento de la calidad política de la experiencia castrista ha abierto finalmente la posibilidad de adoptar nuevas políticas hacia Cuba, en el seno de una Unión Europa. En sus primeros pasos, la posición europea había descontado la existencia de aquel cordón nostálgico, señalado más arriba, que ataba la gran mayoría del mundo intelectual europeo a la experiencia revolucionaria cubana. Sin embargo, frente a la Primavera Negra y al rechazo general causado por las encarcelaciones masivas, la Unión Europea ha decidido congelar sus relaciones con uno de los últimos regimenes comunistas del globo y suspender las negociaciones para la firma de un acuerdo de ayuda económica. El diálogo con La Habana ha quedado cerrado y completamente supeditado a las reformas democráticas en la isla.

Dicho esto, hay un problema que conviene subrayar para cerrar esta breve reflexión sobre la situación política cubana. El haber adoptado finalmente una posición crítica acerca del régimen cubano no equivale automáticamente haber elegido una estrategia eficaz para facilitar la transición democrática en la isla. La pasada semana la Unión Europea (UE) ofreció al Gobierno cubano la posibilidad de volver a normalizar sus relaciones diplomáticas sustancialmente interrumpidas en el marzo de 2003, con la condición de entablar un dialogo serio sobre la cuestión de los derechos humanos. Este cambio en la actitud diplomática de la UE acontece a raíz de las presiones españolas que, como demuestra el viaje efectuado por el Ministro de Exteriores español Miguel Ángel Moratinos en Cuba hace pocas semanas, empuja para la adopción de una estrategia más dialogante con el gobierno cubano. A su vez, la estrategia diplomática española ha sido objeto de duras críticas por parte del gobierno estadounidense. En su última y reciente visita a España el Secretario de Estados Unidos, Condoleeza Rice ha cuestionado formalmente la efectividad de la posición española que, según Washington, tendría el único efecto de fortalecer la posición del régimen de Castro y retrasar la posibilidad de una transición democrática en la isla.

El conflicto entre Madrid y Washington ha vuelto así a abrir el añoso tema sobre la estrategia más eficaz para favorecer la democratización del escenario cubano: ¿diálogo con el régimen como propone España u oposición frontal, como desde 1961 llevan haciendo los Estados Unidos?

Es difícil dar una respuesta a este problema, sin embargo algunas consideraciones nos pueden ayudar a aclarar algunos puntos.

Queda claro que las diferencias entre Washington y Bruselas están relacionadas finalmente sólo con un problema de diferente visión sobre la estrategia, dado que el objetivo común es la transición democrática en Cuba. En este sentido, podemos afirmar que la estrategia diplomática estadounidense no ha dado hasta ahora grandes frutos. El instrumento del embargo económico se ha demostrado en Cuba, así como en muchos otros escenarios, un medio poco eficaz a la hora de debilitar el poder político autocrático, mientras sus costes para la población civil han sido tradicionalmente muy elevados. En segundo lugar, el embargo sigue a una serie de fallos tácticos cometidos por los estadounidenses en los primeros años de Revolución en el intento de derrocar a Castro; en concreto la invasión de Cuba en el abril de 1961 por parte de una armada de exiliados cubanos sostenidos por la CIA y las estrategias de atentados en Cuba que apuntaron hasta la eliminación física de Castro. Dicho acontecimientos han tenido como resultado principal reforzar al régimen y debilitar la imagen internacional de Washington, erosionando así sus capacidades de persuasión.

Al mismo tiempo, la estrategia que Madrid propone para Cuba presenta algunos problemas que no se pueden esconder. El Gobierno de Castro no reconoce legitimidad a la oposición interna. De esta manera, mantiene una negativa constante a que los delegados europeos se encuentren con miembros de la oposición. Es decir que o se mantienen relaciones con el gobierno o con la oposición. Así pues, en su último viaje en Cuba, Moratinos eligió no reunirse con los representantes de la oposición interna, causando gran conmoción entre los mismos y cosechando las citadas críticas del Secretario de Estado norteamericano.

Ahora, en los últimos meses en el escenario cubano se han producido elementos de novedad. El más relevante es la enfermedad que, por primera vez desde 1961, ha obligado a Castro a traspasar sus funciones a su hermano Raúl. Se trata de una novedad que permite un reajuste de la estrategia hacia la isla. Aunque Castro parece haberse parcialmente recuperado, difícilmente recuperará sus funciones de modo completo y, si lo hará, sus ochenta años no garantizan una larga permanencia en el poder. En síntesis, algo se está moviendo en la política cubana y a medio plazo, parece poder favorecer un proceso de reforma democrática en la isla. En este sentido, cualquier nueva estrategia europea y estadounidense hacia Cuba tiene que orientarse hacia el progresivo reconocimiento por parte del régimen de la existencia de una oposición interna. Dicho en otras palabras, parece correcta la abertura ofrecida por la Unión Europea la semana pasada, porque interpreta bien el cambio que se ha puesto en marcha en el arquitectura de poder cubana. Sin embargo, dicho cambio tiene que conducir al reforzamiento del papel de la oposición democrática interna a la isla y no a su marginación. Al mismo tiempo, Washington tiene que librarse del complejo que todavía parece condicionar su actitud diplomática hacia Cuba y estar dispuesto a relajar las sanciones económicas a cambio de aberturas por parte del régimen y a convencerse que la solución llegará desde el interior de la isla.

Es probable que esta combinación pueda producir resultados más útiles de los alcanzados hasta el momento. Sin embargo, la última palabra le corresponde al régimen cubano y a la sociedad civil de la isla. Desde la interacción entre estos dos actores llegará la transición democrática. Al mismo tiempo Washington y Bruselas no se pueden permitir fallos que podrían conducir a una guerra civil desastrosa y a una de las emergencias humanitarias más problemática de los últimos años.

*Las opiniones expresadas en este artículo son de entera responsabilidad del autor. No comprometen, en absoluto, a la institución que el autor representa o en la que trabaja actualmente.

Subsidios agrícolas, las nuevas murallas

por Horacio Barrancos Bellot

Caminando por esas hermosas ciudades europeas que conservan restauradas sus murallas medievales, siempre me he detenido a observar lo bien que se han integrado en ellas lo último de la tecnología de nuestro tiempo. En sus calles interiores suelen pasearse coches de última generación, vidrieras con souvenirs o glamorosos artículos de moda y no es de extrañar el poder disfrutar de Internet WiFi, pagar con tarjetas de crédito o consultar desde el teléfono móvil el estado de las carreteras para el viaje de retorno. La modernidad y las nuevas prácticas han ocupado, armónicamente, aquellas hermosas ciudades donde ya no existe la necesidad de murallas, y cuya presencia se ha reducido a un importante valor histórico y turístico.

Sin embargo, las grandes naciones del mundo han remplazado esas viejas murallas por otras más efectivas e invisibles. Las barreras arancelarias y para-arancelarias, las barreras migratorias, el escudo anti-misiles de Busch y tantas otras. Escuchar al nuevo presidente del Banco Mundial o la retirada de Brasil y la India del G4, sólo me lleva a pensar que los países mas desarrollados utilizan las estrategias medievales para subsistir en este moderno y súper tecnificado mundo. Lo que es peor, exigen que los países menos desarrollados no jueguen con las mismas armas y les permitan obtener de ellos sus ganancias, esta vez bajo las reglas del comercio mundial.

En entrevista con Euronews, Robert Zoellick, nuevo presidente del Banco Mundial al ser cuestionado sobre los subsidios a la agricultura de Europa y Estados Unidos, dijo que […puede conseguirse una reducción muy significativa en estos países, pero hay que tener presente que lo que llamamos acceso a los mercados, apertura de mercados, será otro reto … hay que reconocer que no solo se trata de las cuestiones norte-sur, sino dentro del propio sur … preocupan los subsidios de Estados Unidos a este producto (algodón), pero también necesitas vender tu algodón en mercados como India y China…]. Lo que Zoellick está diciendo es que el Banco Mundial no va a compartir la lucha por la eliminación de los subsidios y que más bien los países del “sur” deberían tratar de vender en otros mercados, no en los mercados protegidos por los subsidios, no en el “norte”.

La posición de los países más desarrollados respecto a la protección de sus mercados internos no va a cambiar, eso significa la decisión de Brasil e India de retirarse del G4. Estos países no lograron que Estados Unidos y Europa flexibilicen su posición respecto a los subsidios a su agricultura, por eso abandonaron las reuniones que sostenían en Potsdam (Alemania). El fracaso de estas negociaciones pone en riesgo la ronda de Doha para liberalizar el comercio mundial, y es que los países más industrializados no quieren perder su liderazgo en las exportaciones mundiales y, lejos de querer favorecer a los países menos desarrollados, tratan de conseguir oportunidades para penetrar más en los mercados emergentes del sur.

A estas alturas, parece ingenuo pensar en reglas para el comercio mundial más justas. Pero es que claro, parece que la idea de “comercio justo” vigente en el mundo desarrollado tiene que ver más con las exitosas iniciativas del tercer sector, que con reglas dentro la OMC. Y es que los principios de economía positiva, rigen por encima de los de economía normativa.

Gobierno electrónico

por Horacio Barrancos Bellot

En el marco de las reuniones preparatorias para la XVIII Cumbre Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, los Ministros de Administración Pública y de Reforma del Estado de 22 países (América Latina y la península ibérica) aprobaron la “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico”. Esta carta, ratificada en el “Consenso de Pucón”, declara que “mejorar la gestión pública en beneficio de los pueblos iberoamericanos y alcanzar una sociedad de la información y del conocimiento inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo, son propósitos importantes a los que contribuye el desarrollo y la consolidación del gobierno electrónico”.

Suena bien, pero ¿qué es esto del gobierno electrónico y cómo beneficia a la sociedad? Pues primero, debo decir que es un concepto y una práctica que no es nueva pero que aún sigue en etapa de desarrollo. Y, como su nombre lo sugiere, tiene que ver con la electrónica pero fundamentalmente con las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). Con lo cual, esta declaración ministerial sí es importante porque las TIC están marcando una brecha muy importante entre los países más desarrollados y los menos desarrollados. De ahí que reducir esta brecha es una necesidad para la democracia y la eficiencia de la gestión pública, más que una excentricidad de la era moderna.

Desarrollemos un poco más esta idea. El “gobierno electrónico” se refiere a los procesos y estructuras creadas para la oferta electrónica de servicios gubernamentales, apoyados en las TIC. En este sentido, la gestión pública se enfoca en la reestructuración de las organizaciones administrativas, promoviendo la descentralización, la mejora de las relaciones con los ciudadanos y la utilización de formas alternativas de gestión de servicios públicos para la sociedad civil Okot-Uma (2002). Como es de suponer, es una corriente gerencial de la nueva gestión pública.
Las ganancias que aporta este tipo de gestión van en dos direcciones: por un lado, mejora la eficiencia y la eficacia de la gestión; y por otro lado, dota al ciudadano de mejores instrumentos de control y de acceso a los servicios públicos; entre ellos:

- Permite que comunidades alejadas del ejercicio de la ciudadanía se organicen y participen.

- Crea condiciones para el empoderamiento de los individuos, las comunidades y la sociedad civil.

- Transparenta la gestión pública y mejora la difusión de la información para un adecuado control social y rendición de cuentas.

- Dota de instrumentos para la futura gobernabilidad.

Todo esto ha de suponer muchos cambios comenzando por sensibilizar a los Poderes Públicos para que se tornen más accesibles y más transparentes; implica una reestructuración de la administración pública; el gobierno debe adoptar nuevas prácticas de gestión de la información; reorientación de roles y responsabilidades hacia los individuos, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil; y por supuesto, supone crear la infraestructura necesaria para la sociedad de la información. Este compromiso ministerial asumido en Pucón, supone por tanto un desafío inmenso y multimillonario, que de concretarse modernizaría a la democracia y reformularía los tradicionales mecanismos de gobernabilidad y participación ciudadana. Afortunadamente, buena parte del trabajo ya se viene haciendo en América Latina desde hace años, pero el ritmo al que se desarrolla los servicios y las tecnologías de la información es tan veloz que urge apurar el paso.

Sólo para ilustrar la brecha tecnológica a la que antes me refería, en varios países de Europa occidental el gobierno electrónico ya ofrece servicios por medio de aplicaciones móviles, con las cuales los ciudadanos pueden realizar gestiones administrativas desde sus teléfonos celulares; ejemplo: gestión de desperfectos urbanos, servicios de localización y seguimiento de colectivos en riesgo de exclusión o sistemas remotos de control de riego y señalización.

Un caso en concreto es el español, donde el gobierno destinará 1.900 millones de euros para hacer "realidad" la futura ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración. Con esta ley -prevista para el 2008- los españoles tendrán derecho a relacionarse con todas las administraciones públicas por Internet, teléfono, televisión y cualquier medio disponible en el futuro, y las administraciones estarán obligadas a ofrecer dichos servicios las 24 horas del día, todo el año. Esta última referencia resalta que en el compromiso de modernizar la gestión pública, el emprendimiento privado es, cuando menos, la cuarta rueda del coche.

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Brasil y México, los países con mayor pobreza en América Latina

por Horacio Barrancos Bellot

El porcentaje de la población mundial que vive sumida en la pobrez ha disminuido notablemente en las últimas décadas. Sin embargo, mientras el total de la población del mundo aumenta, el número absoluto de pobres se ha mantenido casi fijo en 1.200 millones. Una pregunta que surge inmediatamente es ¿dónde viven o quienes son esos pobres?

Las estadísticas oficiales nos han acostumbrado a identificar una serie de países como los más pobres y otros como los más ricos. En Latinoamérica -determinado por el PIB per cápita o la proporción de la población que vive en condiciones de pobreza- tenemos entre los más pobres a Haití, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Paraguay; por otro lado, México, Brasil o Chile se erigen como las principales potencias económicas regionales. Estos datos reflejan, sin lugar a dudas, una cara de la realidad sustentada en datos agregados que suelen ocultar matices importantes. Para ilustrar este punto basta con presentar la misma información enmarcada de forma distinta; así por ejemplo: una cosa es decir que México es un País OCDE o que el PIB brasilero es de los más grandes del mundo y otra cosa es decir que la mayor cantidad de pobres en América Latina son mexicanos y brasileros; distinto es señalar a Haití y Guatemala como los países con las tasas más altas de mortalidad infantil, en lugar de identificar que la mayoría de los niños que mueren en América Latina son brasileros y mexicanos; finalmente, no es lo mismo decir que el 54% de la población haitiana y el 45% de la población nicaragüense vive con menos de 1$us al día, que decir el 40% de la población latinoamericana en extrema pobreza (menos de 1$us al día) vive en Brasil y en México.

La siguiente tabla contiene datos oficiales (BM y NNUU) que ilustran las ideas anteriores, con la particularidad de estar presentados en una forma que no solemos ver:

Un indicador socioeconómico usado frecuentemente para clasificar a los más pobres, es el de población que vive con menos de 1$us al día. De acuerdo a los datos arriba presentados, Brasil, México y Haití tienen la mayor cantidad de población en extrema pobreza de América Latina. En Brasil viven casi 15 millones de personas con menos de 1 $us al día y en México más de 5 millones viven en igual condición. Esta cantidad de personas juntas (24.9 millones) equivalen a agregar el total de la población de Costa Rica, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Trinidad y Tobago. En materia social, Haití, Guatemala y Venezuela tienen la mayor población sin educación primaria completada. Brasil, México y Haití representan el 60% de la mortalidad infantil latino americana; esto significa que más de 1 millón de niños menores de 5 años mueren anualmente en estos países. Brasil (33%), Haití (10%) y México (10%) representan el 53% de la población latino americana portadora del VIH. En Brasil, Perú, Venezuela, Haití, Colombia y México viven más de 38 millones de personas sin acceso a agua potable. Finalmente, en Colombia, en México y en Venezuela se cometen la mayor cantidad de homicidios en América Latina, aproximadamente en estos países 50 mil personas son asesinadas cada año (NNUU). Es de destacar los logros en educación de países como Bolivia, Ecuador y Perú. Pero sin duda alguna, lo más destacable son los resultados socieconómicos en Chile, Uruguay y Costa Rica. Estos países han logrado sostenidamente mantener elevados niveles absolutos de desarrollo humano.

Esta lectura de los datos oficiales no cambia los resultados finales sobre pobreza e ingresos en América Latina, pero sí los cuestiona ayudando a visualizar que existe en varios países una inmensa pobreza y criminalidad encubierta por su prosperidad macroeconómica, así como también existe un relativo bienestar en varios países marcados -tradicionalmente- por sus indicadores agregados de pobreza. Volviendo a la pregunta de inicio referida a ¿dónde están los pobres? sobra decir -ante la evidencia expuesta- que en América Latina la pobreza convive con la riqueza lo cual no es otra cosa que el resultado de los enormes problemas existentes en nuestros sistemas de redistribución del ingreso.

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Bolivia: el juego de la descentralización

por Horacio Barrancos Bellot

Como si se tratase de fichas de LEGO en manos del doctor Frankestein de la novela de Mary Shelley, el bloque de la mayoría constituyente boliviana ha diseñado un modelo de descentralización, a medio camino entre las formas de organización prerepublicana y los modelos occidentales de organización territorial.

La propuesta señala que, Bolivia será ordenada territorialmente por decisión voluntaria de sus habitantes según las siguientes opciones: podrán permanecer en el actual modelo de desconcentración o podrán optar por el modelo de autonomías, en cuyo caso Bolivia podría quedar organizada en autonomías departamentales (gradualmente y con estatutos autonómicos al estilo español); por debajo de éstas se crearían autonomías regionales (como agregación de provincias) y autonomías provinciales; por debajo, autonomías municipales y finalmente autonomías indígenas originarias campesinas (que se regirán por sus propias normas y procedimientos). Cada una de estas instancias –excepto la última- estaría dotada de un órgano ejecutivo y otro deliberativo, compuesto éste último por consejeros elegidos con las reglas de la democracia en unos casos, y en otros según los procedimientos prerepublicanos de sus representados.

Resalto dos puntos. Primero, hacer un ordenamiento de esta naturaleza -cual fichas de LEGO- es la punta de un Iceberg donde lo crucial estará en el diseño de las funciones de estos órganos, de las relaciones intergubernamentales y de la administración de los recursos financieros. Ese diseño deberá garantizar la coexistencia y el desarrollo equilibrado y pacífico de este complejo gobierno multinivel que, además, debe respetar principios como el de igual jerarquía, el de autogobierno y el de supremacía del interés colectivo sobre el interés particular. Todo ello, deberá operar en un terreno político marcado por tensiones corporativistas y regionales.

Segundo, llama poderosamente la atención que -en esta propuesta- el régimen económico está explicitado solo para el caso municipal. Pareciera que prefieren no tocar mucho este nivel de gobierno y mantener su autonomía previa. Para los otros niveles, sólo sugieren la posibilidad de ingresos propios y que les serán transferidos/asignados recursos desde el nivel central. Pareciera que aun no tienen en claro cuán descentralizada será la chequera del Estado.

Para comprender mejor la dimensión de estos puntos, quiero ponerlos en perspectiva. La reforma a la descentralización peruana nos muestra que no todos comparten la idea de la solidaridad entre regiones, ni la supremacía del interés colectivo. El presidente de Red Perú (ex alcalde de ILO) hace un mes rechazó la propuesta del Consejo de Ministros para que los gobiernos regionales peruanos que cuentan con ingresos provenientes del canon, sobrecanon y regalías, compartan sus recursos económicos con los departamentos que no lo tienen. Más bien cree en una reforma tributaria para que sea el Gobierno Central quien comparta -con las regiones- los fondos del tesoro público.

Los cambios en Perú no son solo tributarios, son más profundos y no es el único país que va en esa dirección. Mientras Perú acusó a su viejo Sistema Nacional de Inversiones Públicas (casi idéntico al boliviano) de haber impedido la ejecución de muchos proyectos de inversión, el ex candidato presidencial y actual Senador uruguayo Jorge Larrañaga sentencia que […si no hay descentralización de la caja fuerte, todo proceso descentralizador es mentira]. Perú ha optado sabiamente por entregar a las regiones las decisiones de inversión y descentralizar su SNIP. Mientras tanto, la oposición conservadora uruguaya no va a dejar pasar una reforma del Estado con descentralización de competencias que no incluya una descentralización fiscal.

Queda esperar la versión final de la nueva constitución boliviana y me gustaría que en ella se explicite la descentralización del régimen económico para todos los niveles de gobierno. Sin duda, no lo tendrán fácil los constituyentes porque perviven posturas centralistas en Bolivia como en el resto de América Latina. Como ejemplo, cito al del director del SNIP peruano quien asegura que el peligro está en que las regiones usen los recursos para obras de poco impacto en la población. Y yo me pregunto ¿cómo se puede ver desde el centro lo que necesitan las regiones y saber qué es lo que más les conviene?

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