Argentina hacia nuevas elecciones, presidenciales y estratégicas.

por Vanni Pettinà

Faltan menos de cuatro meses para que en Argentina se celebren nuevas elecciones presidenciales. Kristina Kirchner, esposa del actual presidente de la Republica sur americana y actual senadora, propone su candidatura en un momento en que el contexto político y económico internacional impone, de una vez por todas, que el país elija la estrategia general a seguir para los años futuros.

El frío y las bajas temperaturas que en estos días asedian Buenos Aires parecen casi ser la consecuencia climática de la frialdad que ha ido caracterizando las relaciones de este país con Europa y Estados Unidos a lo largo de los últimos años. A la senadora, que tiene óptimas probabilidades de ser elegida como futura presidenta, corresponde la tarea de modificar esta situación o, al contrario, seguir apostando por una estrategia política como la actual que, de hecho, ha producido la falta de sintonía entre los tres actores.

Las relaciones entre Washington y Buenos Aires han vivido en los últimos años de altibajos. Sin embargo, el “coqueteo” siempre más intenso entre Chávez y Krichner, culminado en la reciente institución del Banco del Sur, ha creado una creciente preocupación en Washington. Para los norteamericanos, subsiste no sólo una cuestión de intereses económicos, amenazados por las políticas de nacionalizaciones llevadas a cabo por los gobiernos de Kirchner y de Chávez. Lo que molesta en Washington es la dimensión política del problema que Venezuela representa en la región y, cada vez más, sobre una escala global. La creciente falta de democracia interna en el país andino, la oposición a Estados Unidos que pasa por una insensata cuanto coherente estrategia de alianza con el gobierno islamista iraní de Mahmud Ahmadinejad y con la Cuba de Fidel Castro, son las cuestiones que están en la base de los temores estadounidenses.

El Departamento de Estado distingue claramente entre un grupo de Países latinoamericanos donde gobierna la izquierda, constituido por Brasil, Uruguay y Chile, con el cual las relaciones son “excelentes” y otro núcleo, representado por Venezuela, Bolivia y Ecuador, con el cual el es prácticamente imposible dialogar. En los últimos meses la administración Bush ha realizado un esfuerzo diplomático intenso por reanudar los vínculos con una región en la cual su atención política había desminuido a raíz de los acontecimientos desencadenados por el 11 de septiembre.

Recientemente han visitado la región el secretario del Tesoro, Henry Paulson; el de Comercio, Carlos Gutiérrez; el vicecanciller Nicholas Burns; y el encargado de las relaciones con la región en el Departamento de Estado, Tom Shannon. Los funcionarios estadounidenses visitaron tres países gobernados por variantes distintas de la izquierda: Brasil, Uruguay y Chile. Y evitaron Argentina. Es más, Paulson participó el pasado jueves, en Montevideo, en una reunión con los ministros de Economía uruguayo, chileno y mexicano. Ningún representante argentino participó del encuentro. Evidentemente, como lo afirmó el mismo Secretario de Estado norteamericano, Argentina se encuentra en el medio de los dos grupos, en una situación en la cual no se podrá quedar por mucho tiempo. Se equivocan en Buenos Aires si creen que la evaluación política de la actitud argentina cambiará en caso de victoria democrática: la cuestión tiene todo el sabor de ser una “bipartizan” en Washington.

Con Europa, la situación no es mejor. Brasil acaba de suscribir un acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea. La presidencia de la Unión que será portuguesa a lo largo de los próximos seis meses contribuirá a reforzar ulteriormente la interlocución privilegiada que Bruxelles está manteniendo con Lula en la región del cono sur.

En los próximos días Kristina Kirchner viajará a España donde mantendrá encuentros políticos de altos niveles. Será recibida por los Reyes y verá al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La candidata presidencial es un huésped bien conocido en Madrid, donde su acogida siempre ha sido de las mejores. Sin embargo, otra vez, se equivocarían en Buenos Aires al pensar que Madrid pueda asumir por esto una posición más dialogante con respecto a la política “amistosa” que Kirchner mantiene con Chávez. En primer lugar, es el mismo clima de las relaciones entre los dos países que ha registrado un número creciente de problemas en los últimos tiempos. De hecho, la argentinización de YPF no ha hecho ninguna gracia a Madrid. En segundo lugar, el actual gobierno socialista no puede permitirse, en víspera de las elecciones que se celebrarán en marzo de 2008, una actitud hostil estadounidense, eventualidad muy probable en el caso de que Madrid decida apoyar las actuales políticas filo-venezolanas de argentina. Es verdad que España ha tenido una actitud menos dura que Washington con Venezuela. Sin embargo, en ambientes diplomáticos se dice que son los mismos estadounidenses quienes favorecen dicha estrategia diplomática en la esperanza que Madrid pueda ejercer algún tipo de influencia positiva sobre Chávez.

Aunque es evidente que las simpatías entre Kirchner y Chávez son sólo un elemento de una estrategia argentina más amplia y que tiene cómo objetivo último hacer frente a la creciente hegemonía regional de Brasil, la alianza con Caracas no parece dar frutos adecuados comparados con los problemas que está causando. En este sentido, frente al futuro presidente argentino se abren dos caminos a elegir: o seguir con la actual política de tambaleo entre el más clásico de los populismos latinoamericanos, bien representado por Chávez, o pasar de una vez el “Rubicone” y seguir el recorrido tomado por Chile, Brasil y Uruguay que parecen poder conjugar una política progresista, con el respeto de unos valores democráticos básicos y, sobre todo, sin caer en el vetusto paraguas del imperialismo estadounidense como causa de todos los males continentales.

Para Argentina son tiempos de elecciones, no solamente presidenciales sino, también, políticas y estratégicas.

*Las opiniones expresadas en este artículo son de entera responsabilidad del autor. No comprometen, en absoluto, a la institución que el autor representa o en la que trabaja actualmente

Algunas reflexiones teóricas sobre descentralización

por Horacio Barrancos Bellot

En esta ocasión he querido presentar algunas reflexiones teóricas necesarias a la hora de debatir una reforma a la descentralización, como las varias reformas que se están llevando a cabo en América Latina. El punto central de este artículo esta referido a cómo las entidades subnacionales descentralizadas inician, de forma natural, un segundo momento de la descentralización al organizarse entre sí para encontrar mejores y más eficientes soluciones territoriales coadyuvándose de formas diversas. Antes, a manera de introducción, deseo plantear cinco elementos básicos decarácter normativo que toda descentralización debe cumplir:

1. La cadena de mando en la toma de decisiones estratégicas y operativas, tanto en lo administrativo como en la producción de servicios y obras publicas no puede vulnerar el proceso de desconcentración del poder, de la gestión administrativa, operativa y de las finanzas públicas; por cuanto, no debe retenerse en el nivel central de gobierno tales decisiones, salvo en los casos que por tratarse de bienes públicos no locales y por principio de subsidiaridad deba ser el gobierno central el responsable de su ejecución, en concurrencia o no con los otros niveles de gobierno descentralizado.

2. El modelo de descentralización fiscal debe fortalecer la capacidad de gestión proveyendo a los diferentes niveles de gobierno los instrumentos necesarios para ejercer determinados grados de autonomía financiera.

3. Debe reducirse al mínimo las brechas que suelen crearse entre las competencias otorgadas/transferidas y las competencias que efectivamente se ejercen (competencias absorbidas).

4. Puesto que todo proceso de descentralización conlleva el traspaso de responsabilidades políticas, administrativas, de programación, operación, seguimiento, control, financieras, regulativas y legislativas -además de un complejo entramado de relaciones intergubernamentales- las administraciones públicas subnacionales deben estar dotas de las capacidades de gestión suficientes para responder a esas responsabilidades. De lo contrario, se crearían cuellos de botella, ineficiencias administrativas y fallos operativos, dando lugar a que el nivel central de gobierno sea quien, naturalmente, retome las funciones que reporten problemas en los niveles descentralizados.

5. Debe existir un sistema de balances y contrapesos. La descentralización debe ser un proceso político y administrativo equilibrado; esto significa que las nuevas potestades ejecutivas de los niveles de gobierno subnacionales deben ser fiscalizadas y reguladas por niveles subnacionales de control y fiscalización. En ese sentido es indispensable la existencia de algún modelo de órgano legislativo subnacional, así como es indispensable la existencia de medios de participación ciudadana en la formulación, ejecución, seguimiento y control de la gestión pública subnacional.

Ahora bien, suponiendo la existencia de las cinco capacidades antes señaladas, resulta natural que los niveles de gobierno local ensayen formas alternativas de organización territorial con sus vecinos. Sin desmerecer la posibilidad de que la misma práctica se repita en los mezo-gobiernos, el tamaño de un distrito municipal y las características de determinados bienes públicos locales hacen propicio el terreno para combinar esfuerzos y recursos locales dando inicio a un nuevo ciclo o momento de arreglos institucionales. Si descentralizar el gobierno hacia las regiones y los municipios es un primer momento, las diferentes formas de recomposición territorial local –o regional- representan un segundo momento, así como el fenómeno de la internacionalización de las regiones representa un tercer momento.

Este segundo momento es particularmente intenso porque supone diseñar un conjunto de nuevas reglas organizativas donde la corresponsabilidad, la eficiencia, la financiación, el tamaño, la forma de interrelación y los miembros de las nuevas organizaciones territoriales son palabras clave. Las entidades descentralizadas pueden, pues, recomponerse en al menos tres formas: fusionarse, asociarse o aglomerarse.

La fusión supone la reagrupación de dos o más territorios institucionales con igualdad jerárquica en uno nuevo. La característica esencial de esta modalidad consiste en que los entes fusionados pierden su total autonomía a favor de la entidad naciente del mismo rango. Esto significa reunir sobre un mismo territorio administrativo, financiero y político, a varios entes locales que asumen diversas funciones de un área determinada. Asociarse, en cambio, supone una formula de colaboración entre dos o más entidades territoriales –dotada de personalidad jurídica– para proveer uno o varios bienes públicos locales. Suelen presentarse dos formas de asociación o mancomunidad, la de asociación de objetivo único y la de objetivo múltiple. De esta manera las entidades mancomunadas renuncian una parte de su soberanía en la oferta y la gestión de los bienes y servicios públicos, para delegarla en la nueva institución.

La aglomeración, en cambio, es una forma de cooperación con vocación múltiple, a medio camino entre la asociación y la fusión, que intenta aprovechar los rendimientos de escala potenciales, de tal modo que se consigan contener los costos de producción. El nuevo ente creado proporciona, además, la oportunidad de resolver la congestión, adaptando la función de producción de los servicios públicos a su demanda global, sin que se adapten exclusivamente a la demanda de la colectividad administrativa que los produce, de tal suerte que permite internalizar los efectos externos. El resultado es una entidad que conjuga los conceptos de territorios institucionales y funcionales.

Las competencias de la nueva entidad –la aglomeración- tienen que ver con actuaciones en materia de desarrollo económico, ordenación del espacio comunitario, el equilibrio social de los ciudadanos en el territorio en el que se intersectan las entidades territoriales, y otras relativas a la planificación del uso del suelo urbano y/o rural. La autonomía administrativa en una aglomeración está relacionada a la creación de una entidad supraterritorial (supramunicipal, supracantonal, supraprovincial o supraregional) común en la que cada uno de los miembros tiene capacidad resolutiva. Se respeta la autonomía legislativa de cada entidad miembro y se la ejerce cuando deciden a quién corresponde esa tutela; es decir, cuando se decide si sobre una materia en particular y en un momento en particular rigen las normas de la aglomeración o de las entidades miembro. Una aglomeración supone una cualidad democrática importante; otorga a la población la posibilidad de participar vía referéndum. Por tanto, los ciudadanos tienen participación sobre las decisiones finales reduciendo así los naturales desincentivos al voto que se observan en el caso de la asociación. Esta forma de participar pone en igualdad de condiciones a todos los miembros de la aglomeración, lo cual activa sistemas de oposición cuando una entidad ejerce dominación sobre otras.

Las formas de cooperación intercomunal por aglomeraciones han sido abundantes en muchas experiencias europeas. En España, Francia, Alemania e Italia abundan casos de este tipo circunscritos a las metrópolis urbanas. Ejemplos similares también pueden referirse en Argentina (el gran Buenos Aires) o México (México D.F. y el Estado de México) sin ser éstos los únicos casos.

Finalmente, dos temas cruciales en estas formas de interacción territorial son la financiación y el tamaño o la jurisdicción territorial. Dejamos la financiación para después, con el interés de cerrar estas reflexiones con el foco puesto en la delimitación del territorio que se integra a la aglomeración. El tamaño óptimo dependerá de las tareas que se le atribuyan bajo un principio de fusión selectiva de bienes y servicios públicos. Pueden ensayarse dos aproximaciones: una basada en criterios de eficiencia económica y otra basada en la concurrencia o convergencia de objetivos, intereses o recursos.

El principio económico supone la tarea previa de identificar bienes públicos que pueden ser provistos localmente, pero cuya eficiencia mejora si los recursos económicos se suman para aprovechar economías de escala. Los modelos de aglomeración más actuales se basan en la teoría económica de las curvas envolventes de la función de costos, dejando en última instancia la decisión a las negociaciones e intereses políticos. La segunda aproximación, parte de poner en un mapa al menos tres elementos: tareas comunes, colaboración preexistente y condiciones geográficas para identificar el centro de referencia de la aglomeración.

Estas tres formas de recomposición territorial (fusión, asociación y aglomeración) tradicionalmente han enriquecido la gestión pública local brindando mejores instrumentos de gestión y participación ciudadana. Han aportado al desarrollo de las regiones y en muchos casos han dado forma institucional a las grandes metrópolis. Subyacentes a estos modelos, están principios económicos, pero fundamentalmente están cuestiones de tipo político, tradiciones y coincidencias culturales y geográficas. Crear una entidad territorial superior no es un trabajo sencillo, por tanto no debe dejárselo a la suerte de la iniciativa local o regional; por el contrario, sus mecanismos de creación, funcionamiento y terminación deben estar regulados y preconcebidos en el diseño grande de la descentralización. Supone un trabajo técnico especializado, pero por sobre todas las cosas, supone un verdadero compromiso nacional por la descentralización, de ahí que la tarea de inicio –el primer momento- pasa por los cinco puntos señalados en los primeros párrafos de este artículo.

Descentralizar no es sólo una cuestión política, pero tampoco únicamente económica. Es una cuestión multidisciplinaria, por ello no está demás echar mano del conocimiento científico existente, en un momento en el cuál varias de las naciones latinoamericanas están reformulando sus políticas de descentralización.

Streaming video post casts

Tener acceso a lo más importante y actual del conocimiento ha estado reservado, casi siempre, a la comunidad académica de las mejores universidades del mundo. Presenciar una conferencia de Ferguson, Solow, o Kooiman fue posible sólo si se tenía la oportunidad de acceder físicamente al lugar de la conferencia. Tal cosa suponía inumerables costos y requisitos (matriculación, invitación, etc.). Afortunadamente, algunas instituciones están ya comprometidas en superar estas barreras. En ese emprendimiento, un grupo de las universidades más prestigiosas del plantea ha decidido poner sus conferencias al alcance de más personas.

INFORME, se ha sumado a ese proyecto poniendo a disposición de su público la transmisión en vivo por Internet de varias de las más importantes conferencias académicas del mundo. Inauguramos esta sección con la conferencia magistral “The human cost of trade and economic liberalization” dictada en la Universidad de Columbia por el premio Novel en economía Robert Solow, el economista líder en desarrollo Jagdish Bhagwati y el famoso economista liberal Paul Krugman. El evento fue organizado por la School of International and Public Affairs (SIPA), en abril de 2006.

En un lenguaje sencillo y afable, nuestros disertantes debaten sobre las fuerzas de la globalización que han afectado las tendencias migratorias facilitando el flujo tranasfronterizo de productos, tecnologías y personas. Póngase cómodo, disfrute de estas tres magistrales conferencias y envíenos sus comentarios.

Solow Bhagwati Krugman

Pulsando en los vínculos correspondientes, se dará inicio a la transmisión de las videoconferencias, por lo cual le recomendamos usar una conexión a Internet de alta velocidad, así como configurar Real Palyer o Windows Media Player como programas predeterminados de mediaplayer .

© Todos los derechos de autor están protegidos, pertenecen a las universidades patrocinantes de las conferencias y/o a los mismos conferencistas. Usted puede disfrutar las conferencias íntegramente sin costo alguno y su uso está regulado por Creative Commons (términos de uso).
© The University Channel project is an initiative of Princeton University's Woodrow Wilson School of Public and International Affairs. Digital video solutions courtesy of Princeton Server Group.

O desenvolvimento da base , um investimento para a eficácia da descentralização.

por Sílvia Morais

Um governo é eficaz e participativo como resultado de uma sociedade capaz e consciente das vantagens de um ambiente democrático ou é um governo capaz e participativo que gera uma sociedade consciente e capaz de decidir seu próprio rumo?

Atrevo-me a dizer que nenhum governo se faz eficiente, se não tiver uma sociedade civil capaz de ser um espaço de exercício da cidadania e da democracia e possuir uma enorme articulação com a comunidade na qual está inserida, dando espaço para que todos protagonizem sua própria trajetória política e social.

Uma sociedade civil de base, fortalecida nos aspectos democráticos, de transparência e participação é fundamental para o processo de descentralização do governo, iniciado na década de 80 em grande parte dos países latino-americanos, delegando poderes e responsabilidades aos municípios na implantação e implementação de políticas públicas. O processo de descentralização gerou um novo modelo relação cidadão-governo, dando uma maior possibilidade de participação para este cidadão no contexto em que está inserido e no qual o governo municipal, por estar também estar mais próximo, tenderá a ter maior conhecimento das especificidades históricas, sociais e políticas deste território.

Há que se investir para que a sociedade civil de base seja forte aliada dos governos municipais, possibilitando que esta relação seja estabelecida por princípios democráticos e participativos. Quanto mais experiência vivida Governo e Sociedade Civil tiverem, maiores as possibilidades das instituições geradas por meio da descentralização serem mais efetivas em suas decisões, tais como conselhos municipais, orçamentos participativos, etc.

A democracia é antes de tudo um processo pessoal, e que necessita ser experimentado para fazer ser incorporado e fazer parte do dia-a-dia do cidadão. Não basta só a instituição por parte do governo de meios para a participação, é preciso que os cidadãos encontrem este espaço na sociedade civil organizada, da qual ele participe e se organize, que faça escolhas e aprenda a exercitar o ato de escolher e sugerir caminhos para um governo local.

Além de um processo pessoal, a democracia é um processo coletivo e de causas comuns, buscando nas organizações de pessoas e instituições, espaços de diálogo construtivo com o Governo. Entretanto, na América Latina ainda temos que caminhar muito com o objetivo de alcançarmos uma participação cidadã e contarmos com organizações sociais de base que se desenvolvam em modelos de gestão que pressuponham a influência nas políticas públicas, visando sua melhoria e adaptação à própria realidade.

Logo, investir no desenvolvimento da base da sociedade civil latino-americana é fortalecer o governo e o processo de descentralização, pois se a sociedade civil organizada é forte, transparente e cidadã, então é capaz de empoderar a população, proporcionando não um canal de choque com o governo, mas um caráter mais comunitário e colaborativo, e assim permitir que a população se situe sobre a capacidade que tem de:
· Influenciar positivamente nos processos de planejamento governamental;
· Cobrar efetividade do governo na implementação e no planejamento de políticas públicas;
· Requerer serviços públicos necessários;
· Ampliar o acesso à infra-estrutura e aos serviços públicos;

Infelizmente, não estamos falando de uma situação da qual nossa sociedade civil já tenha amplamente percebido esta possibilidade. Temos grandes e significativos exemplos, em todos os países, mas ainda há muito por fazer.

Por outro lado, desde a década de 90, um movimento significativo da sociedade empresarial latino-americana iniciou um forte processo de filantropia empresarial que ampliou não só sua participação, como efetivamente, sua contribuição financeira e técnica para a sociedade civil. Só no Brasil, em dados recentes do Censo GIFE[2], há um amplo crescimento do volume financeiro e técnico deste setor, que apontam um movimento ao redor de 440 milhões de reais (aproximadamente US$ 220 milhões) em 2006, já tendo alcançado 770 milhões de reais (aproximadamente US$ 370 milhões) em 2004.

Se o volume investido é grande, ainda é pouco perto do investimento do Governo para as políticas sociais. Se há investimento técnico, ainda é pequeno para o fortalecimento das organizações sociais de base. Passadas duas décadas, a filantropia empresarial tem hoje o desafio da escala e da efetividade.

Trazendo novamente a realidade brasileira para aprofundar a questão, segundo uma análise mais aprofundada deste Censo Gife, Simom Schwartmam do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), responsável pela análise técnica dos dados levantados afirma:
“De maneira geral, as organizações que participam do GIFE estão satisfeitas com os benefícios que proporcionam às pessoas e às entidades que atendem, mas reconhecem que seu impacto sobre a região e o país é mais limitado. Isso não poderia ser muito diferente, dada a desproporção entre o grande volume de recursos já investidos pelo setor público e privado no Brasil e na área social e os recursos dos quais os associados do GIFE podem dispor, por mais significativos que sejam. Por outro lado, a flexibilidade e os recursos que essas organizações são capazes de mobilizar poderiam permitir um impacto mais amplo, ajudando a desenvolver novas formas de implementação de políticas sociais, que pudessem ser multiplicadas, e cooperando com o setor público de forma mais sistemática”.(Censo Gife, 2006, páginas 2 -3).

O fortalecimento da sociedade civil de base com o objetivo de proporcionar atuações mais democráticas, transparentes e em rede, visando à melhoria da qualidade de seus programas e projetos, e principalmente possibilitando influir em políticas públicas pode ser, portanto, um modelo a ser pensado e avaliado pela filantropia empresarial na América Latina, pois apresenta maiores condições de impactar em escala e poder de transformação de longo prazo.

* Este texto expressa única e exclusivamente uma opinião da autora, sem nenhum vínculo com a instituição da qual representa.

[1] "Desenvolvimento de Base" é a capacidade de grupos ou organizações sociais de populações pobres de autoconvocação, de definir coletivamente suas necessidades, de identificar alternativas de ação mais viáveis para a superação de seus problemas, capacidade de formular e executar programas e projetos, avaliar avanços e dificuldades. Esta capacidade organizativa e de ação coletiva permite que os grupos de base se convertam em protagonistas de seu próprio desenvolvimento e renovem constantemente sua disposição para seguir participando da orientação do destino coletivo da comunidade. (Villar, Rodrigo. 2004a. Niveles de intervención en el desarrollo de base). Cuadernillo 1. En Construír Juntos. Una propuesta para hacer desarrollo de base. Programa de Construcción de Capacidades. RedEAmérica)

[2] O GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) é a primeira associação da América do Sul a reunir empresas, institutos e fundações de origem privados ou instituídos que praticam investimento social privado - repasse de recursos privados para fins públicos por meio de projetos sociais, culturais e ambientais, de forma planejada, monitorada e sistemática.

Lo duro de la lucha

por Marija Selaković Barrancos

¿Cuál es la postura y la política que un Estado debe aplicar en el caso de la lucha contra el narcomenudeo y el crimen organizado? Esta pregunta actualmente está en la mente de las autoridades mexicanas que se encuentran en pleno combate contra este mal. Aunque se pude decir que la lucha decisiva contra el tráfico de drogas en México empezó hace un año y medio en la gestión del Presidente Fox, solo con la llegada al poder del Presidente Felipe Calderón ella se convirtió en una de las más importantes prioridades del Gobierno mexicano. En esta lucha, a diario se usan tanto armas, como estrategias y prácticas vistas en las guerras de baja intensidad.

Según los datos publicados por la Procuraduría General en este lapso en el país hubo más que 1270 ejecuciones relacionadas con el narcomenudeo. En relación a esto, según informan los noticieros capitalinos, hace solo dos semanas, en un día hubo más personas ejecutadas en México que en Iraq, país que se encuentra en pleno estado de guerra. Lo que México experimenta como consecuencias secundarias de esta ola de violencia y crimen organizado, directamente relacionados con el tráfico de drogas, son bajas en la inversión extranjera, de número turistas visitando México y frecuentes advertencias del State Department de EEUU a sus ciudadanos sobre la falta de seguridad en México. Pero el efecto principal visto a comienzos del año en curso, fue el amplio consenso sobre la necesidad de una lucha efectiva contra los narcotraficantes. Adicionalmente, por el compromiso retomado por parte del Gobierno central y todo su aparato estatal, se eliminó en la medida de lo posible la fragmentación de la representación política, hecho que debería ayudar en esta dura lucha. El sentimiento dominante en el México de hoy, es el deseo de que haya seguridad y paz para todos - desde los padres de familias, hasta los representantes de los tres poderes del Estado.

Ricardo Ravelo en su libro Herencia maldita nota que la raíz del mal que representa el narcomenudeo yace en la demanda. Y México tiene como vecino al consumidor más grande del mundo - los Estados Unidos. El hecho que México hoy día funge, por un lado, como puente natural de las drogas provenientes de América del Sur destinadas sobre todo al mercado estadounidense, y por otro el hecho que México sea el destino del tráfico ilegal de armas proveniente del vecino norteño (según datos oficiales del Estado, entre 60 y 80% de armas ilegales en México provienen de los EEUU), fueron uno de los temas que discutieron los Presidentes Calderón y George W. Bush, durante la última visita a México. En esta ocasión, el mismo anfitrión hizo un llamado público al Gobierno estadounidense para ayudar a la lucha mexicana (e internacional) contra el narcomenudeo, controlando el nivel de demanda de drogas en su propio territorio.

Analizando más en detalle las políticas del Estado mexicano de los últimos tres Gobiernos. El autor sostiene que a fines del largo período del Gobierno del PRI, en México operaba una “convivencia” de los elementos del crimen organizado relacionado con el narcomenudeo y el Gobierno. A los productores y narcotraficantes se les dejaba operar en ciertas, bien definidas áreas del país, con tal de que todos cumplan con aquellas “reglas de juego”. El mayor daño sufrieron los jefes de bandas criminales ejecutándose entre si. Parte de esa convivencia se extendió durante el Gobierno del Presidente Fox, hasta el momento en el cual comenzaron dos luchas: la lucha por poder y territorio entre los carteles; y la lucha que emprendió el nuevo Gobierno contra el famoso cartel de Tijuana, que operaba en ambos lados de la frontera. En esta época ocurrió también un nuevo fenómeno – a México llegaron los mercenarios paramilitares de Guatemala para prestar sus servicios a los carteles. Aunque la opinión pública a veces niega cualquier esfuerzo en esta lucha al Gobierno foxista, persiste el hecho de que durante su mandato, el Estado mexicano emprendió una lucha que necesariamente nos recuerda a la de Colombia de hace 20-30 años, cuando el Estado se confrontó a los carteles de Medellín y Cali. Hoy, la lucha contra el narcomenudeo en Colombia es aún más avanzada y complicada que en aquel entonces, porque allí, tanto como en México, según Ravelo, quisas falta mayor determinación y compromiso del Estado para acabar definitivamente con el cultivo y los delincuentes involucrados. En un artículo recientemente publicado sobre el tema, El Universal informa que casi el 80% de la producción de cocaína de Colombia pasa por México.

Hoy, hay más que 20 mil miembros de la Procuraduría General de la República, las secretarías de Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública que participan en seis operativos lanzados en la lucha contra el narcomenudeo en México, que a este país le cuestan más de 1,8 millones de dólares. Después de unos meses de lucha dura contra el crimen organizado, el Gobierno del Presidente Calderón se vio obligado a sustituir varias formaciones policiales, y sobre todo locales, con elementos militares, ya que surgieron informes que las primeras estaban involucradas con los carteles. El principal objetivo de dichos operativos es la recuperación y retoma del territorio nacional de manos del crimen organizado, y reestablecimiento de la autoridad del Estado en el territorio donde operan carteles del Golfo, Sinaloa, Sonora y Tijuana; en esperanza de que de esta manera se inhiban las manifestaciones de violencia extrema relacionada con el narcomenudeo. No faltan los representantes de la oposición mexicana que reprochen al Gobierno, que ningún miembro suyo nunca incluyó entre los objetivos de esta lucha también la destrucción completa de los cultivos, la captura de los líderes del tráfico, la desaparición del tráfico y el mismo consumo.

Es evidente que en la lucha contra el narcomenudeo, México lo tiene duro. En el intento de establecer el Estado de derecho en todo el territorio mexicano, su Gobierno necesita enfrentarse tanto a los grupos criminales, como a la opinión pública y a los representantes de la oposición, cuyas voces en contra del uso del Ejército (sobre todo por falta de clara regulativa judicial sobre los usos del mismo en tiempos de paz) son cada día más agudas. El Presidente Calderón, por otro lado, goza del apoyo pleno para estas acciones de los Gobernadores de los Estados mexicanos, que lo expresaron públicamente en su último Congreso, justo en el momento cuando la lucha se ponía muy dura.

Usando términos deportivos, en esta lucha mexicana, en la cual por ahora nadie puede cantar victoria, se enfrentan los rudos y los técnicos. Esperamos que por el bien del país y la comunidad internacional ganen los con mejor técnica y destreza; que se logren los resultados materiales y se termine con la producción y el tráfico de drogas.

*Las opiniones expresadas en este artículo son de entera responsabilidad del autor. No comprometen, en absoluto, a la institución que el autor representa o en la que trabaja actualmente.

El punto sobre Cuba

por Vanni Petinnà

Al alba del 18 de marzo de 2003 el gobierno cubano, aprovechando la falta de atención general de la comunidad internacional distraída por los prolegómenos de la guerra en Irak, lanzó una larga operación policial en contra de supuestos elementos subversivos de la sociedad cubana. Entre los 78 condenados a penas de cárcel, se encontraban sobre todo escritores, periodistas y miembros de organizaciones para la defensa de los derechos humanos, acusados de haber complotado, bajo el encargo de la Oficina de Interés estadounidense, el derrocamiento del gobierno cubano. Por medio de juicios cuya regularidad e imparcialidad han resultado ser por lo menos discutibles, dichos actores subversivos fueron encerrados en las cárceles cubanas donde, en su mayoría, permanecen hoy todavía allí encerrados. La dureza de la represión de marzo del 2003 tenía unas razones claras y evidentes. En los meses previos, el líder de uno de los movimientos más activos en la lucha por la democratización del sistema político cubano había logrado desafiar seriamente a Fidel Castro.

Utilizando la misma constitución cubana, que reconoce la existencia del referéndum como un instrumento de la “democracia popular cubana”, Oswaldo Payá había logrado convencer a miles de cubanos de que firmaran una solicitud para convocar un referéndum que activase un proceso real de apertura democrática de las instituciones cubanas, el así llamado “Proyecto Varela”. En el mismo periodo, había crecido en Cuba el número de publicaciones independientes, entre las cuáles destacaba Cuba Press de Raúl Rivero. El desafío representado por el “Plan Varela”, la proliferación de publicaciones independientes y la reacción positiva de muchos ciudadanos cubanos condujeron directamente a la Primavera Negra.

De manera paradójica, la represión de la primavera del 2003 ha tenido algunos efectos positivos. A distancia, en el tiempo, y en un momento en que el escenario político de la isla parece haber adquirido una nueva fluidez, parece oportuno analizarlos para hacer el punto sobre la situación cubana.

En Europa, la amplitud de una represión concentrada eminentemente sobre intelectuales pacíficos tuvo, por lo menos, el efecto positivo de abrir los ojos sobre las características marcadamente autocráticas, cuando no totalitarias, del régimen cubano. La formulación de un juicio más crítico acerca de la situación cubana acontecía en un contexto como el europeo donde el largo gobierno castrista, prácticamente en el cargo desde el año 1960, había sido siempre juzgado de una manera benigna. Escritores e intelectuales que habían tradicionalmente simpatizado con la revolución cubana dados los avances sociales efectivamente logrados a lo largo de sus casi cincuenta años de historia, tomaron una posición de rechazo absoluto hacia la que interpretaron como una transformación de la revolución en un régimen anti-democrático y fuertemente represivo. Así pues, la decisión de José Saramago de abandonar el carro de la Revolución cubana, queda sintetizada en la frase “hasta aquí he llegado. Desde ahora en adelante Cuba seguirá su camino, yo me quedo” ha facilitado probablemente un más amplio reconocimiento de la pertenencia de la Revolución cubana a la experiencia histórica de los autoritarismos que han difusamente salpicado el siglo XX. Los acontecimientos de la primavera del 2003 parecen haber reforzado una posición que, lejos de haberse consolidado en Europa y, sobre todo, en América latina, destaca la imposibilidad de disyunción entre derechos civiles y derechos sociales. De esta manera, aunque la Revolución haya efectivamente alcanzado conquistas relevantes en términos de seguridad social, su política es condenable porque en cincuenta años no ha sido capaz de garantizar a su población el goce completo de sus libertades políticas y civiles. Esta reflexión sobre Cuba llega probablemente con retraso y, sin embargo, con una puntualidad que proporciona un marco conceptual más sólido para analizar fenómenos parecidos que se están dando en el continente en los últimos años. Véase, por ejemplo, la revolución bolivariana de Hugo Chávez donde dicha disyunción permanece inalterada.

Al mismo tiempo, este pasaje no tiene que traernos en engaño. No se trata solo de una novedad simbólica, porque el reconocimiento de la calidad política de la experiencia castrista ha abierto finalmente la posibilidad de adoptar nuevas políticas hacia Cuba, en el seno de una Unión Europa. En sus primeros pasos, la posición europea había descontado la existencia de aquel cordón nostálgico, señalado más arriba, que ataba la gran mayoría del mundo intelectual europeo a la experiencia revolucionaria cubana. Sin embargo, frente a la Primavera Negra y al rechazo general causado por las encarcelaciones masivas, la Unión Europea ha decidido congelar sus relaciones con uno de los últimos regimenes comunistas del globo y suspender las negociaciones para la firma de un acuerdo de ayuda económica. El diálogo con La Habana ha quedado cerrado y completamente supeditado a las reformas democráticas en la isla.

Dicho esto, hay un problema que conviene subrayar para cerrar esta breve reflexión sobre la situación política cubana. El haber adoptado finalmente una posición crítica acerca del régimen cubano no equivale automáticamente haber elegido una estrategia eficaz para facilitar la transición democrática en la isla. La pasada semana la Unión Europea (UE) ofreció al Gobierno cubano la posibilidad de volver a normalizar sus relaciones diplomáticas sustancialmente interrumpidas en el marzo de 2003, con la condición de entablar un dialogo serio sobre la cuestión de los derechos humanos. Este cambio en la actitud diplomática de la UE acontece a raíz de las presiones españolas que, como demuestra el viaje efectuado por el Ministro de Exteriores español Miguel Ángel Moratinos en Cuba hace pocas semanas, empuja para la adopción de una estrategia más dialogante con el gobierno cubano. A su vez, la estrategia diplomática española ha sido objeto de duras críticas por parte del gobierno estadounidense. En su última y reciente visita a España el Secretario de Estados Unidos, Condoleeza Rice ha cuestionado formalmente la efectividad de la posición española que, según Washington, tendría el único efecto de fortalecer la posición del régimen de Castro y retrasar la posibilidad de una transición democrática en la isla.

El conflicto entre Madrid y Washington ha vuelto así a abrir el añoso tema sobre la estrategia más eficaz para favorecer la democratización del escenario cubano: ¿diálogo con el régimen como propone España u oposición frontal, como desde 1961 llevan haciendo los Estados Unidos?

Es difícil dar una respuesta a este problema, sin embargo algunas consideraciones nos pueden ayudar a aclarar algunos puntos.

Queda claro que las diferencias entre Washington y Bruselas están relacionadas finalmente sólo con un problema de diferente visión sobre la estrategia, dado que el objetivo común es la transición democrática en Cuba. En este sentido, podemos afirmar que la estrategia diplomática estadounidense no ha dado hasta ahora grandes frutos. El instrumento del embargo económico se ha demostrado en Cuba, así como en muchos otros escenarios, un medio poco eficaz a la hora de debilitar el poder político autocrático, mientras sus costes para la población civil han sido tradicionalmente muy elevados. En segundo lugar, el embargo sigue a una serie de fallos tácticos cometidos por los estadounidenses en los primeros años de Revolución en el intento de derrocar a Castro; en concreto la invasión de Cuba en el abril de 1961 por parte de una armada de exiliados cubanos sostenidos por la CIA y las estrategias de atentados en Cuba que apuntaron hasta la eliminación física de Castro. Dicho acontecimientos han tenido como resultado principal reforzar al régimen y debilitar la imagen internacional de Washington, erosionando así sus capacidades de persuasión.

Al mismo tiempo, la estrategia que Madrid propone para Cuba presenta algunos problemas que no se pueden esconder. El Gobierno de Castro no reconoce legitimidad a la oposición interna. De esta manera, mantiene una negativa constante a que los delegados europeos se encuentren con miembros de la oposición. Es decir que o se mantienen relaciones con el gobierno o con la oposición. Así pues, en su último viaje en Cuba, Moratinos eligió no reunirse con los representantes de la oposición interna, causando gran conmoción entre los mismos y cosechando las citadas críticas del Secretario de Estado norteamericano.

Ahora, en los últimos meses en el escenario cubano se han producido elementos de novedad. El más relevante es la enfermedad que, por primera vez desde 1961, ha obligado a Castro a traspasar sus funciones a su hermano Raúl. Se trata de una novedad que permite un reajuste de la estrategia hacia la isla. Aunque Castro parece haberse parcialmente recuperado, difícilmente recuperará sus funciones de modo completo y, si lo hará, sus ochenta años no garantizan una larga permanencia en el poder. En síntesis, algo se está moviendo en la política cubana y a medio plazo, parece poder favorecer un proceso de reforma democrática en la isla. En este sentido, cualquier nueva estrategia europea y estadounidense hacia Cuba tiene que orientarse hacia el progresivo reconocimiento por parte del régimen de la existencia de una oposición interna. Dicho en otras palabras, parece correcta la abertura ofrecida por la Unión Europea la semana pasada, porque interpreta bien el cambio que se ha puesto en marcha en el arquitectura de poder cubana. Sin embargo, dicho cambio tiene que conducir al reforzamiento del papel de la oposición democrática interna a la isla y no a su marginación. Al mismo tiempo, Washington tiene que librarse del complejo que todavía parece condicionar su actitud diplomática hacia Cuba y estar dispuesto a relajar las sanciones económicas a cambio de aberturas por parte del régimen y a convencerse que la solución llegará desde el interior de la isla.

Es probable que esta combinación pueda producir resultados más útiles de los alcanzados hasta el momento. Sin embargo, la última palabra le corresponde al régimen cubano y a la sociedad civil de la isla. Desde la interacción entre estos dos actores llegará la transición democrática. Al mismo tiempo Washington y Bruselas no se pueden permitir fallos que podrían conducir a una guerra civil desastrosa y a una de las emergencias humanitarias más problemática de los últimos años.

*Las opiniones expresadas en este artículo son de entera responsabilidad del autor. No comprometen, en absoluto, a la institución que el autor representa o en la que trabaja actualmente.

Subsidios agrícolas, las nuevas murallas

por Horacio Barrancos Bellot

Caminando por esas hermosas ciudades europeas que conservan restauradas sus murallas medievales, siempre me he detenido a observar lo bien que se han integrado en ellas lo último de la tecnología de nuestro tiempo. En sus calles interiores suelen pasearse coches de última generación, vidrieras con souvenirs o glamorosos artículos de moda y no es de extrañar el poder disfrutar de Internet WiFi, pagar con tarjetas de crédito o consultar desde el teléfono móvil el estado de las carreteras para el viaje de retorno. La modernidad y las nuevas prácticas han ocupado, armónicamente, aquellas hermosas ciudades donde ya no existe la necesidad de murallas, y cuya presencia se ha reducido a un importante valor histórico y turístico.

Sin embargo, las grandes naciones del mundo han remplazado esas viejas murallas por otras más efectivas e invisibles. Las barreras arancelarias y para-arancelarias, las barreras migratorias, el escudo anti-misiles de Busch y tantas otras. Escuchar al nuevo presidente del Banco Mundial o la retirada de Brasil y la India del G4, sólo me lleva a pensar que los países mas desarrollados utilizan las estrategias medievales para subsistir en este moderno y súper tecnificado mundo. Lo que es peor, exigen que los países menos desarrollados no jueguen con las mismas armas y les permitan obtener de ellos sus ganancias, esta vez bajo las reglas del comercio mundial.

En entrevista con Euronews, Robert Zoellick, nuevo presidente del Banco Mundial al ser cuestionado sobre los subsidios a la agricultura de Europa y Estados Unidos, dijo que […puede conseguirse una reducción muy significativa en estos países, pero hay que tener presente que lo que llamamos acceso a los mercados, apertura de mercados, será otro reto … hay que reconocer que no solo se trata de las cuestiones norte-sur, sino dentro del propio sur … preocupan los subsidios de Estados Unidos a este producto (algodón), pero también necesitas vender tu algodón en mercados como India y China…]. Lo que Zoellick está diciendo es que el Banco Mundial no va a compartir la lucha por la eliminación de los subsidios y que más bien los países del “sur” deberían tratar de vender en otros mercados, no en los mercados protegidos por los subsidios, no en el “norte”.

La posición de los países más desarrollados respecto a la protección de sus mercados internos no va a cambiar, eso significa la decisión de Brasil e India de retirarse del G4. Estos países no lograron que Estados Unidos y Europa flexibilicen su posición respecto a los subsidios a su agricultura, por eso abandonaron las reuniones que sostenían en Potsdam (Alemania). El fracaso de estas negociaciones pone en riesgo la ronda de Doha para liberalizar el comercio mundial, y es que los países más industrializados no quieren perder su liderazgo en las exportaciones mundiales y, lejos de querer favorecer a los países menos desarrollados, tratan de conseguir oportunidades para penetrar más en los mercados emergentes del sur.

A estas alturas, parece ingenuo pensar en reglas para el comercio mundial más justas. Pero es que claro, parece que la idea de “comercio justo” vigente en el mundo desarrollado tiene que ver más con las exitosas iniciativas del tercer sector, que con reglas dentro la OMC. Y es que los principios de economía positiva, rigen por encima de los de economía normativa.